Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además de los cuatro detenidos en Santa Cruz, hay contadores y » «funcionarios públicos de fuerzas armadas y de seguridad» entre los involucrados del lado argentino. En Chile, ocho personas quedaron tras las rejas.

Cuatro detenidos y varios implicados: la Justicia avanza en la megacausa de contrabando que, mediante un trabajo conjunto entre Argentina y Chile, terminó desbaratando una banda que operaba en la zona sur del país, en un inédito y exitoso operativo binacional denominado “Alianza Austral“.

La Fiscalía Federal de Río Gallegos informó ayer que, además de los cuatro detenidos en la Cuenca Carbonífera (Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo), hay otras 27 personas imputadas en la causa, entre las que hay “personas jurídicas y funcionarios públicos de fuerzas armadas y de seguridad”, precisaron.

Tres de los aprehendidos se negaron a declarar ante el juez federal Claudio Vázquez y el fiscal federal Julio Zárate. Uno de ellos, desconoció los hechos y su participación.

En tanto, en Chile, de las 17 personas detenidas en los procedimientos, ocho quedaron con prisión preventiva.

El sábado 26 de agosto el fiscal Zárate participó -como oyente- por medios remotos de la audiencia de formalización de la imputación realizada en el vecino país, donde el proceso se lleva a cabo en el marco de un sistema acusatorio, con audiencias orales y públicas.

El despliegue del operativo Alianza Austral en Santa Cruz: funcionarios de Seguridad implicados

En Argentina, fueron 49 los operativos. La Fiscalía detalló que todos estos tuvieron “como objetivos estudios contables (NdR: entre ellos el del Jonathan Van Thienen, presidente de la Cámara de Comercio), domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional, entre ellos, funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se cursaron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales”.

La Fiscalía Federal de Río Gallegos detalló que los procedimientos demandaron el desplazamiento de 284 gendarmes en 44 vehículos de esa fuerza; 35 de la Prefectura Naval, que utilizó cuatro móviles; y 30 policías federales a bordo de seis unidades.

Además, se detalló todo lo secuestrado: armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de aproximadamente 46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares; y 5,7 millones de pesos chilenos, como también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), aproximadamente 140 dispositivos electrónicos, unos 60 teléfonos celulares, documentos, cigarrillos, neumáticos, 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones), material estupefaciente y otras mercaderías ingresadas al país de contrabando.

Cómo operaba la banda de contrabandistas: aprovechaban hasta los días de los partidos de Argentina en el Mundial de Qatar

El éxito de la operación, tal como anticipó el propio fiscal Julio Zarate a radio LU12 AM680, se basó en el trabajo conjunto entre Chile y Argentina, pero además la reserva que mantuvieron todas las partes intervinientes, para poder desbaratar toda la organización criminal, y no solo dar con los “pequeños” contrabandos que ejecutaban.

En ese sentido, la Procuración General de la Nación, comunicó que todo inició en noviembre de 2021 y que la preparación de los procedimientos llevó meses, tras varias tareas de inteligencia. Se marcó que la banda utilizaba días festivos o feriados (Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, o incluso los partidos del último Mundial de fútbol), para realizar las operaciones de tráfico. Y ahí era cuando las autoridades activaban el seguimiento.

En Argentina, la Fiscalía Federal de Río Gallegos comandó dos grupos de actuación junto a las fuerzas de seguridad: uno de planificación del desplazamiento y otro de labor técnica legal.

Lavado de dinero, cigarrillos, cubiertas, drogas y trata de personas

La banda está imputada por contrabando de mercaderías (cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero), estupefacientes y lavado de activos, además de trata de personas y/o trafico migratorio.

La hipótesis marca que “operaban en pasos fronterizos no habilitados” en 28 de Noviembre y Río Turbio, y que usaban las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.

El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Fiscales.gob.ar y La Opinión Austral