PROVINCIALES
Contrabando millonario en Argentina y Chile: ahora investigan si hubo trata de personas
Se trata del procedimiento «Alianza Austral» por el que veintiún personas quedaron tras las rejas. Cuatro de ellas son de Santa Cruz. La causa pasó a manos del juez Claudio Marcelo Vázquez. El fiscal de la causa destacó el trabajo realizado.
«Lo que la gente tiene que entender es que no es moco de pavo. Hubo toda una ingeniería para que esa plata negra entre al curso legal», indicó una fuente judicial a La Opinión Austral, sobre la banda que se dedicaba al contrabando entre Argentina y Chile y que, en la jornada del miércoles, cayó.
La zona más austral del Cono Sur todavía no sale de la conmoción por el operativo que se hizo en las últimas horas y que demandó más de un año de averiguaciones llevadas adelante por la Justicia Federal de Argentina y Chile y por el que veintiún personas quedaron tras las rejas a la espera de la indagatoria.
Se trata de «Alianza Austral«, una investigación llevada adelante por los dos lados de la Cordillera y por la que se secuestró dinero en moneda nacional, pesos chilenos, dólares, reales y hasta guaraníes que tenían un origen espurio.
Dinero argentino secuestrado en Chile. (FOTO: EL MAGALLANICO)
Tal como lo adelantó La Opinión Austral, en el país trasandino se hicieron 22 allanamientos por el que 17 personas quedaron detenidos. En tanto que en Santa Cruz se hicieron un total de 40 procedimientos, en viviendas de la Cuenca Carbonífera, Río Gallegos Calafate y Puerto San Julián, cuatro más se hicieron en la provincia de Buenos Aires y el restante en Neuquén. De este lado de la cordillera, cuatro personas quedaron presas.
Si bien las averiguaciones en Argentina estaban siendo llevadas adelante por el fiscal Julio Zárate, ahora quien deberá determinar la participación de cada uno de los señalados es el juez federal Claudio Marcelo Vázquez. En ese sentido, además del contrabando de neumáticos, de armas, de drogas y el lavado de activos, fuentes judiciales indicaron a este diario que hay fuertes indicios sobre la posibilidad de que, también, haya habido tráfico migratorio o trata de personas, incluso de tráfico de animales autóctonos de la zona sur de la Patagonia.
Móviles de Gendarmería durante uno de los procedimientos. (FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL)
En relación a los resultados en Santa Cruz, se pudo saber que el personal de Gendarmería Nacional secuestró casi veinte millones de pesos, alrededor de cincuenta mil en moneda estadounidense y montos más bajos de dinero de países limítrofes. Incluso, en los allanamientos, los agentes de la fuerza federal hallaron un total de dieciséis cheques, con un valor de veintitrés millones de pesos.
Durante los procedimientos, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm, más de 100 balas, dos carabinas, municiones calibre .22 y 522, alrededor de 170 cubiertas de autos nuevas y 63 celulares. Además un importante cúmulo de documentación que será analizada por la Justicia Federal, a la espera de los resultados de los peritajes que se harán en los teléfonos.
Declaraciones
El fiscal Julio Zárate destacó el trabajo realizado de ambos lados de la cordillera. «Con el área especializada de cooperación internacional, firmado entre Chile y Argentina, tuvimos un intercambio fluido de pruebas. No importa que haya una frontera que podría dejarnos truncos. Fue mucho el trabajo que se hizo durante más de un año».
En la Argentina, el juez Vázquez declaró el secreto de sumario y, por estas horas, sólo trascendió que los cuatro detenidos serán trasladados al Juzgado Federal de Primera Instancia en las próximas horas, para que sean indagados. Luego se resolverá si continúan tras las rejas o no.
Parte de los dólares secuestrados durante uno de los procedimientos. (FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL)
Más allá de eso, Zárate destacó: «Lo que creo que tiene trascendencia social es demostrar a la gente que se puede trabajar con el país hermano, que hay un canal de comunicación, sin distinción de fronteras, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. En esta oportunidad, cortamos transversalmente a toda la organización y por eso estamos muy contentos», aseveró sobre el trabajo realizado en conjunto con personal de Investigaciones de Chile (PDI), de la Gendarmería Nacional, con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Para concluir, el representante del Ministerio Público Fiscal Federal calificó al caso como «histórico, debido al tiempo de las investigaciones y los resultados que ahora están a la vista», dijo. Fuente: La Opinión Austral
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo
El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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