PROVINCIALES
Comerciantes de Río Gallegos temen posibles saqueos y robos organizados

Jonathan Van Thienen, presidente de la Cámara de Comercio, ha señalado que la comunidad empresarial está alerta y vigilante para evitar que la inseguridad alcance niveles preocupantes.
En medio de la creciente preocupación por los robos piraña y saqueos organizados que se han registrado en varias provincias, los comerciantes de Río Gallegos expresan temor y nerviosismo ante la posibilidad de que estas situaciones se repliquen en su localidad. Jonathan Van Thienen, presidente de la Cámara de Comercio, ha señalado que la comunidad empresarial está alerta y vigilante para evitar que la inseguridad alcance niveles preocupantes.
«Tememos que haya saqueos, es así», declaró Van Thienen en una entrevista . El recuerdo de los disturbios y saqueos ocurridos en el año 2001 ha revivido en la mente de los comerciantes, generando una comprensible inquietud por la seguridad de sus negocios y la comunidad en general. Las imágenes impactantes de robos organizados y situaciones similares en otras partes del país han aumentado el temor en la región.
Los propios comerciantes han manifestado su preocupación ante las autoridades locales. Según Van Thienen, «están atentos a que no se replique en la localidad y pase a mayores». La incertidumbre económica y social en el país agrega una capa adicional de inquietud, especialmente teniendo en cuenta que aún falta tiempo para las elecciones de octubre.
El gobierno nacional también ha sido llamado a intervenir en la situación. Van Thienen espera que las autoridades puedan tomar medidas para contener los posibles robos y saqueos, brindando así un sentido de seguridad a la comunidad comercial y al público en general. La colaboración entre las fuerzas policiales locales y las Fuerzas Federales es esencial para prevenir cualquier intento de intimidación pública o saqueos.
El ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Lucas Pratti, ha confirmado estar en alerta ante la posibilidad de incidentes similares en la provincia de Santa Cruz. Aunque no se ha recibido ninguna alarma específica hasta ahora, se están tomando medidas para fortalecer la prevención. Las Superintendencias de Policía de Seguridad y Policía Judicial e Investigaciones de la Policía de la Provincia están colaborando para garantizar la seguridad de la comunidad.
En un esfuerzo por evitar situaciones que puedan derivar en saqueos, el ministerio de Seguridad ha enfatizado que se tomarán acciones legales contra cualquier forma de intimidación pública o comportamiento delictivo. La situación subraya la importancia de mantener la calma y la seguridad pública en momentos de incertidumbre económica y social. Los comerciantes, las autoridades y la comunidad en general esperan que los esfuerzos conjuntos puedan prevenir cualquier incidente grave y garantizar la tranquilidad en Río Gallegos.
Con información de Diario Nuevo Día
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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