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Martes 10 de Junio del 2025

SOCIEDAD

El modelo de salud libertario

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Frente a la experiencia pasada no caben dudas que la propuesta efectuada por los libertarios locales conduce hacia un abismo sanitario de exclusión e inequidad, que intenta desorganizar un sistema de salud Argentino que funciona bien y que dio una respuesta altamente positiva ante la crisis y tensión sanitaria que tuvimos que enfrentar en la última pandemia del Covid-19.

El referente de salud en los equipos técnicos de Javier Milei, el Dr Eduardo Filgueira Lima nos invita a retroceder más de 30 años en su propuesta de reforma del sistema de salud Argentino. Un modelo que fracaso en su implementación en el Reino Unido, Colombia y más de 20 países de América Latina y el Sudeste Asiático en la década de los ’90.

El modelo libertario propone ir hacia un sistema de seguro de salud con financiamiento de la demanda y eliminación del aporte de fondos públicos a los hospitales, que deriva en privatizaciones, restricción de servicios y prestaciones médicas, reducción del número de camas en hospitales públicos e inestabilidad laboral de los trabajadores de la salud; y lo presenta como pilar fundamental de la política sanitaria que desplegará el eventual gobierno de Milei (y también con matices la candidata de derecha Patricia Bullrich), desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Para explicar en forma sencilla los intereses que esconde esta propuesta, debemos considerar algunos aspectos fundamentales. Es importante hacernos una serie de preguntas que nos permitan construir un razonamiento que despeje dudas y desenmascare el barniz de eficiencia que se intenta instalar.

¿Qué tipo de sociedad soñamos? Cuál es el rol del Estado con respecto a políticas sociales? Como impacta la salud en el desarrollo de una sociedad? Quien debe cuidar a los ancianos, a los niños, a los pobres y a los desprotegidos? Como hubiese enfrentado nuestro país la crisis sanitaria y la tensión frente una pandemia como la vivida en años recientes por la covid 19,con un sistema público desarticulado?

La salud de un pueblo es mucho más que la atención médica o la sanidad; constituye un sinnúmero de eventos y acciones que van a impactar directamente en la calidad de vida de los habitantes, en sus posibilidades de desarrollo, en su incorporación al proceso productivo y económico, y en su vida social y afectiva. La salud del pueblo constituye un elemento clave en el desarrollo económico local, en la armonía social y en la estabilidad y sustentabilidad política, atada indefectiblemente a un modelo de justicia social basado en la redistribución del ingreso, la ampliación de los derechos sociales y la activa participación del Estado y la ciudadanía en la garantía de esos derechos, todos aspectos que el modelo libertario desprecia. La salud se promueve también estableciendo como pilares estratégicos la generación de empleo, el desarrollo productivo y la inversión social.

En Argentina cerca de 15.4 millones de personas tienen solamente cobertura pública de salud, lo que evidentemente se verá incrementado a partir de la implementación de políticas económicas liberales que propician la reducción del empleo y por consiguiente la pérdida por parte de los trabajadores de la cobertura que ofrecen las obras sociales y de la capacidad de pagó de medicina privada en sectores ligados al comercio y las PyMEs, lo que empujará a esos sectores al sistema público de salud.

Entonces, ¿qué viene a significar este Programa de Seguro de Salud?

Aquí es donde se hace necesario hacer algunas consideraciones. En Primer lugar, evidentemente persisten dos modelos en referencia al rol del Estado en relación a las políticas en general y de las políticas sociales en particular. Esto es, propiciar un Estado presente, activo y que promueva la ampliación y el acceso pleno a los derechos sociales o proponer un Estado pequeño, débil y que delegue en el mercado la resolución de las cuestiones sociales. Claramente el mercado tiene por función generar ganancias económicas e instrumentará servicios y prestaciones de salud, en aquellos lugares y poblaciones más rentables.

El modelo de mercado busca penetrar fuertemente en el ámbito asistencial a través del llamado “seguro universal de salud”, convirtiendo a la salud en una mercancía y a la atención de la enfermedad en una actividad altamente rentable. Así, a la apropiación de los recursos públicos, que deberían financiar la atención integral de la salud, se suma el direccionamiento del sistema hacia prácticas y prestaciones que no responden a las necesidades sanitarias y el financiamiento se afecta, principalmente, al pago de intermediarios, y a procedimientos diagnósticos y tecnologías vinculadas a cuestiones de salud no prioritarias.

La segunda cuestión es: ¿quién es responsable de la salud de la población y sobre todo de los más vulnerables?

El Estado a través del financiamiento de la oferta, esto es financiar el funcionamiento de los centros asistenciales, equipos de salud, abordaje territorial; en definitiva llevar la salud a la población; o la cuestión de la salud es una responsabilidad individual, en donde el Estado financia la demanda del individuo a través de un “carnet” en donde se promueve: “ usted atiéndase donde desee ( dentro de una canasta básica y reducida de prestadores y prácticas) y el estado paga por usted”. Paradigma de la INEQUIDAD en salud, ya que aquellos grupos poblacionales más vulnerados y por consiguiente con menor nivel de alarma y menor capacidad de demanda recibirán peores prestaciones debido a las barreras en el acceso que se van a generar de tipo económico, cultural y geográfico entre otras, siendo que en algunas regiones de nuestro país solo existen prestadores públicos de salud. Negar u ocultar las desigualdades y asimetrías presentes en diferentes regiones de nuestro país, constituye una mirada sesgada

El tercer punto en cuestión está referido a las prestaciones que conformarán la “canasta básica”, y que corresponde a las prácticas médicas, los métodos diagnósticos y los tratamientos ( que incluye medicamentos) a los que podrán acceder las “beneficiarios” que posean el “carnet del seguro de salud”, y que cubrirá algo pero no todos los requerimientos de salud de las personas, y por fuera de esa cobertura básica, el “bolsillo” del paciente será quien deberá responder para acceder a prestaciones de mayor complejidad. Complementariamente se propicia la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías (AGNET), que será la encargada de evaluar la incorporación, o no, de prácticas a la “canasta básica de prestaciones”. Este programa de Seguro de Salud ha demostrado en su implementación en otros países, por ejemplo Colombia, un alto nivel de litigiosidad y judicialización ante la falta de respuesta por parte del Estado.

El cuarto concepto se relaciona con el financiamiento del sector público y el despliegue de la estrategia de prevención y promoción de la salud. La propuesta propicia transferir la responsabilidad del financiamiento de los efectores públicos a las provincias y municipios desde la Nación y promueve un sistema de autogestión y cobro de las prestaciones a las obras sociales y prepagas, como forma de recupero de gastos y recursos genuinos. No se contempla acciones preventivas ni de promoción de la salud con abordaje territorial. En consecuencia se aleja al estado de su rol activo en la protección, promoción y reparación integral, integrada, universal y equitativa de la salud del pueblo, deposita la responsabilidad de la salud en el individuo, aumenta la brecha de inequidades en salud por la generación de barreras al acceso, profundiza la fragmentación y segmentación del sistema de salud, desfinancia a los efectores públicos y propicia la intervención del mercado en esquemas de financiamiento de la salud a través de estrategias de cobertura íntimamente ligadas a la mercantilización de la atención médica.

Un simple repaso por el fallido proceso de reforma del sistema sanitario bajo esta modalidad implementado por Margaret Thatcher en el National Health Service (NHS) en Reino Unido en la década de 1990 evidencia la ineficacia e inviabilidad de esta propuesta.

Oscar Trotta

Por Oscar Trotta

*Médico Pediatra-Docente Universitario. Directivo del Hospital Samic “Rene Favaloro”. Miembro del Foro Popular de Salud.


Avisos

RIO TURBIO

ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

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El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.

El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.

“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.

YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.

Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.

La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.

Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.

Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.

La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.

Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.

Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.


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