RIO TURBIO
Pablo Grasso en Río Turbio: Escuchando a la comunidad y delineando propuestas

El candidato a gobernador de Santa Cruz resaltó la importancia de mantener la unidad y cooperación para revitalizar la industria del carbón en la ciudad de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, y en Argentina en general. Enfatizó que no han buscado apoyar a políticos que intentaron cerrar la empresa, pero reconoce que es crucial trabajar juntos para darle un nuevo impulso a la política del carbón y recuperar gradualmente su relevancia en el país.
El candidato a gobernador de Santa Cruz, Pablo Grasso, se encuentra en plena campaña electoral, recorriendo la provincia y buscando acercarse a la gente para conocer sus necesidades y presentar su propuesta. Acompañado por Javier Castro, candidato a vicegobernador y compañero de fórmula, Grasso lidera el sublema «Construyamos Juntos».
Durante el fin de semana, Grasso visitó la localidad de Río Turbio, donde mantuvo una serie de encuentros con los habitantes de la zona. En una reunión realizada en la Unidad Básica Eva Perón, el candidato expresó su alegría por poder dialogar con los ciudadanos y recordó momentos importantes de la ciudad. Además, compartió sus aspiraciones de transformar la realidad de la cuenca, buscando mejorar la infraestructura y brindar más oportunidades para todos.
En su agenda, Grasso tiene previsto recorrer diferentes puntos de la localidad, como los pabellones Julia Dufour y Los Hielos, entre otros. Estos encuentros le permiten seguir trabajando en conjunto con la comunidad para desarrollar propuestas concretas.
El actual intendente de Río Gallegos se muestra comprometido con escuchar las inquietudes de la población y aplicar sus experiencias para lograr un verdadero cambio en la región. La comunidad espera con expectativa el 13 de agosto, fecha de los comicios, para decidir el futuro de la provincia y consolidar el trabajo conjunto propuesto por Grasso y su equipo.
El candidato a gobernador de Santa Cruz, Pablo Grasso, expuso su propuesta política de transformación para la localidad y la provincia, destacando la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Durante su visita a Río Turbio, enfatizó en la necesidad de trabajar juntos para mejorar diversos sectores clave.
«Nosotros damos el ejemplo de cómo se puede llevar a cabo cada transformación, ya sea en educación, industria, empleo, turismo y salud, como lo hemos hecho en otras regiones de la provincia. Buscamos discutir políticamente cada área junto con la comunidad, para así transformar la realidad de los santacruceños», aseguró Grasso.
El candidato resaltó la importancia de reformar el sistema de salud de cercanía, buscando mejorar la atención médica en la provincia. Asimismo, hizo hincapié en el sector educativo, mencionando su experiencia en Río Gallegos, donde trabajaron para mejorar la relación con el Sindicato de Empleados Municipales y buscar acuerdos que favorezcan a los trabajadores y fomenten el empleo.
Grasso hizo énfasis en que esta transformación se llevará a cabo a través de un proceso de escucha y diálogo con los distintos actores involucrados. Después de las elecciones del 13 de agosto, se propone reunir a los equipos docentes de cada colegio y universidad, así como a los estudiantes, para llevar adelante políticas basadas en el consenso y los acuerdos.
El candidato a la gobernación reiteró su compromiso de trabajar en el equipamiento, el crecimiento salarial y la generación de empleo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los santacruceños y garantizar un futuro próspero para la provincia.
La comunidad espera con expectativa los resultados de las elecciones, consciente de que la transformación y el progreso dependen de la participación activa y el trabajo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades electas.
En relación al proyecto de la usina termoeléctrica, un tema que ha enfrentado avances y retrocesos en la provincia, Pablo Grasso señaló que su fuerza política tiene el objetivo de acompañar los procesos energéticos, especialmente en la cuenca. Destacó que históricamente, la provincia no ha tenido suficiente influencia en este tema y que la política nacional ha variado según el partido que gobernara. Reconoció que también cometieron errores en el pasado, mencionando la falta de resultados esperados con la gestión de Alberto Fernández y Aníbal Fernández en relación a la megausina y la discusión sobre el crecimiento en la cuenca.
Grasso subrayó la importancia de la actividad carbonífera para la provincia, enfatizando que si no se extrae carbón, el estado provincial no podrá asumir su responsabilidad. Explicó que el cierre de la cuenca carbonífera afectaría no solo a la usina termoeléctrica, sino también a otras industrias importantes en la región, como el petróleo, la pesca y la minería.
El candidato dejó claro que su enfoque no es simplemente buscar fotografías con figuras políticas como Horacio Rodríguez Larreta, sino trabajar en unidad para brindar nuevas oportunidades y revitalizar la importancia de la política del carbón en Río Gallegos, en Santa Cruz y en Argentina en general, especialmente en el ámbito de la exportación.
Grasso destacó su compromiso de trabajar en conjunto con todas las partes involucradas para potenciar el desarrollo energético y económico de la provincia, enfocándose en el papel clave que juega el carbón en esta visión. La recuperación de la política del carbón se vislumbra como un objetivo fundamental para el crecimiento y progreso de la región, destacando la importancia de la unidad y colaboración entre todos los actores.
«Para nosotros es necesario e importante dejar claro que no fuimos a sacarnos fotos con (Horacio Rodríguez) Larreta ni con ninguno de aquellos que quisieron cerrar la empresa. Sin embargo, también entendemos que debemos estar unidos para poder darle una nueva potencialidad, explorar otros horizontes y gradualmente recuperar la política del carbón en la ciudad de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, y en Argentina en general, pero sobre todo en el ámbito de la explotación”, finalizó.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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