SOCIEDAD
Lo que se juega
Un proceso electoral y la necesidad urgente de las potencias occidentales de materias primas que tiene Argentina, una negociación con el Fondo y una provincia en ascuas. Todo en el mismo paquete.
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional reconocen los argumentos de Argentina con amabilidad sorprendente, pero rechazan sus reclamos con una dureza que no sorprende. Así funciona la negociación con el FMI: corren el arco cuando parece que hay consenso. Más que un gran técnico hay que ser un gran negociador. Mientras ese acuerdo no termina de cuajar, la provincia de Jujuy se desangra en un conflicto que empolló la gestión de Gerardo Morales, el gobernador que reformó la Constitución provincial bajo la sombra de fondos buitre que controlan las mineras del litio. Ambos procesos evolucionan en un escenario condicionado por elecciones inminentes.
Más que un gran técnico se requiere un hábil negociador. Es una deducción que surge de la tortuosa situación en la que Mauricio Macri encerró a los argentinos con el Fondo. Sergio Massa no será mejor técnico que Martín Guzmán, pero de esa negociación depende en gran medida su futuro como precandidato presidencial. No se puede ir al búnker de Washington con una sola carta en la mano, y menos suponer que juegan en el mismo equipo.
El Fondo pide ajuste. Massa estará frito si regresa con esa imposición. Massa habla con China, que ofrece cubrir las cuotas con yuanes y apura el acuerdo. Hay reuniones con Egipto, el otro gran deudor. Ya se sabe que Ucrania, en guerra, no pagará. Si Argentina y Egipto siguen ese camino, el Fondo quedaría en falsa escuadra. Massa rechaza el ajuste y ofrece aumentar recaudación y reservas. Y espera a cambio el adelanto de 8500 millones de dólares y la postergación de los controles hasta que el gobierno que surja de las elecciones retome la negociación.
Argentina explica que se perdieron 20 mil millones por la sequía y que el Fondo es corresponsable de la concesión del crédito impagable a Macri. Los directivos asienten, se sacan fotos con abrazos, y en simultáneo hacen circular un documento con exigencias de un ajuste que dinamita cualquier acuerdo. Entre sonrisas, los directivos atribuyeron la jugada a la burocracia técnica del organismo. Y aclararon que el texto se refería a una situación general. Pero no ponen la firma y retrasan el acuerdo para apretar en otros frentes.
Ellos saben la situación de Massa. Aprietan por más ajuste para poner a Massa contra la pared y sacar concesiones por otro flanco. Y ojo, porque ahí están las materias primas como alimentos, gas y litio que antes provenían de la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Si antes eran importantes, estos elementos ahora son imprescindibles para las economías centrales de Europa y Estados Unidos. Un ejemplo fue esta semana el acuerdo de la Unión Europea con Chile y Argentina para aprovisionarse de litio.
Las consecuencias dramáticas de una guerra a la que Estados Unidos indujo a la OTAN con Rusia para frenar la caída de su hegemonía, sumadas a la competencia feroz con China, implicarán fuertes presiones para hacerse sin obstáculos de estas riquezas. Este cuadro tan complejo es el que está en juego en la negociación de Massa con el Fondo y también el que se dirime en las elecciones presidenciales de este año.
En Washington una pulseada. En Jujuy, una de las provincias más rica en litio, el gobernador Gerardo Morales se apresuró a reformar la Constitución provincial para penalizar la protesta social y para quitarles a los pueblos originarios sus derechos prioritarios sobre las tierras ancestrales, como estipula la Constitución Nacional. Es evidente que quiso hacerlo antes de dejar la gobernación en diciembre próximo, como si se tratara de un compromiso personal.
El apuro cristalizó en un proceso fulminante, que aprobó las reformas en complicidad con una parte del Partido Justicialista local, en tiempo récord y sin cumplir siquiera con la formalidad de consultas previas a los sectores involucrados, como los pueblos originarios.
En muchas de las tierras ricas en litio hay asentamientos de comunidades indígenas, algunas de las cuales ya han reclamado las consecuencias ambientales causadas por la explotación minera. Que además se lleva todo sin que nada quede para las comunidades. En Bolivia la explotación del litio ha sido estatizada y en Chile está regulada. El único país en el que esa actividad está desregulada es en Argentina.
Y ahora Jujuy tiene las rutas cortadas por comunidades indígenas de localidades alejadas. Son personas que no suelen participar en movilizaciones políticas por las dificultades para trasladarse, pero están instalados en las rutas y será difícil que se muevan de allí si no anulan la reforma constitucional. Y ahora piden la renuncia de Morales.
El gobernador, que fue elegido por el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta para que lo acompañe en la fórmula como su vicepresidente, rechazó el diálogo y apostó a la represión. El conflicto abarca a docentes, empleados municipales y mineros, pero de alguna manera ya involucró a otros sectores de la población.
En la figura de Morales, el PRO y el radicalismo proponen un país al modo jujeño, privatizado, desregulado y con represión para la resolución de conflictos. Con un agregado. Como señaló el jueves en este diario el senador Oscar Parrilli, “dos de las tres empresas que explotan litio en nuestro país, Allkem y Livent, y de las mayores operadoras en el mundo, se fusionaron en una empresa: NewCo. Los principales accionistas de Livent y Allkem son Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC.
“Es decir que los dos fondos de inversión estadounidenses más grandes del mundo, el banco estadounidense más grande y el banco británico vinculado al lavado de dinero del narcotráfico a nivel global son los principales beneficiarios de las condiciones normativas y regulatorias que rigen la minería del litio en nuestro país”, dice Parrilli.
Resulta interesante que en las reuniones de la CELAC (Comunidad del Estados Latinoamericanos y del Caribe) con la Unión Europea se lograron algunos acuerdos declarativos que en otro momento hubieran sido imposibles. Los delegados de la región resistieron la fuerte presión para introducir una declaración sobre la guerra de Rusia-Ucrania que rompería la posición de neutralidad, mayoritaria en la región.
Incluyeron, en cambio un punto donde se exhorta al diálogo de las partes en Venezuela y dos puntos clave sobre Malvinas: uno donde se convoca al diálogo entre Argentina y Gran Bretaña, como estableció la ONU, y otro donde se reconoce a Malvinas como un territorio en disputa. Estos dos puntos nunca se hubieran podido incluir si Gran Bretaña aún perteneciera a la UE, de la que se retiró a partir del Brexit.
Los delegados europeos hicieron estas concesiones pero al mismo tiempo la presidenta de la UE, Ursula van Der Leyen, lograba un acuerdo con Argentina y Chile para la provisión europea de litio. Mauricio Macri dejó a la Argentina en una situación de debilidad relativa frente a las necesidades de las potencias occidentales. Y al mismo tiempo, en el país faltan regulaciones que tienen las demás naciones. Pero puede fortalecer su posición justamente a partir de esas necesidades acuciantes de las potencias occidentales.
Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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