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Gasoducto de Vaca Muerta: una obra con alto impacto económico y social

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Su puesta en marcha significará menores importaciones de energía, una reducción de subsidios, mayores regalías para Neuquén y menores costos de producción de electricidad. Por ahora no habrá impacto en la factura de gas o luz de los hogares. Su capacidad de transporte de gas se duplicará a fin de año.

Por: Randy Stagnaro@randystagnaro

Hoy, a las 15, se realizará el acto que dejará oficialmente inaugurado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). Se abrirá la última válvula del caño, con lo que el gas proveniente de Vaca Muerta, en Neuquén, ingresará en la red de gasoductos que ya abastece al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El punto de encuentro es Salliqueló, la localidad del oeste bonaerense donde se juntan los caños y donde se reunirán el presidente Alberto Fernández, la vice, Cristina Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en un encuentro de alto contenido político en el inicio de la campaña electoral (ver página 5).

La que se inaugura hoy es la primera etapa del GPNK, de 573 kilómetros de extensión y cuyos trabajos están valuados en U$S 2554 millones. Una segunda etapa llevará los caños desde Salliqueló hasta San Jerónimo, pueblo a 470 kilómetros de distancia y ubicado a medio camino entre las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Beneficios

Para llegar a este punto, las decisiones para avanzar en la construcción del gasoducto debieron superar las presiones internas y externas que lo paralizaron por años.

Quizá motivado por esa espera tan prolongada, se le han adjudicado al gasoducto toda una serie de beneficios que, sumados, superan por mucho su potencial, que no es poco pero que no puede satisfacer todas las necesidades nacionales.

La capacidad de transporte del GPNK en esta etapa 1 tiene dos momentos. En el primero, desde hoy hasta fin de año, más o menos, el caño llevará 11 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm3/d). En el segundo momento, serán 22 MMm3/d, prácticamente el doble. La diferencia la hará la puesta en marcha de dos plantas compresoras, ubicadas en cada punta del gasoducto: Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló.

Este gas ya tiene un destino prefijado: reemplazará la importación de combustibles líquidos que se emplean para la generación de electricidad y, eventualmente, el gas natural licuado (GNL) que llega por barco.

La sustitución tiene un sentido económico concreto: el costo del gas de Vaca Muerta ronda los 5 dólares el millón de BTU (MBTU, una unidad internacional de comercialización) mientras que el del gasoil y el fueoil importados ronda los 25 dólares. El valor del GNL gira en torno de los 17 dólares.

Así las cosas, se producirá una reducción sustancial del costo fiscal vinculado con la generación de electricidad y que se carga en las cuentas de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. Ese gasto surge de la diferencia entre los costos de producción y los precios de venta de la electricidad, distancia que se salda con subsidios que son absorbidos por el presupuesto nacional. Según cálculos de la Secretaría de Energía, el ahorro por menores subsidios eléctricos alcanzará los U$S 60 millones este año y los U$S 200 millones en 2024.

El menor costo de producción debería trasladarse también a las tarifas eléctricas. Pero lo cierto es que, hasta ahora, no hay precisiones al respecto.

El segundo segmento que se va a beneficiar con los costos más bajos será la industria, especialmente la alimenticia, la metalúrgica y la siderúrgica, que emplean cantidades enormes de gas en sus procesos productivos. La industria no recibe subsidios por su consumo de gas y el precio que paga combina los valores del gas local y del importado (GNL y el de Bolivia, un poco más barato que el que llega por barco). Ahora, la mixtura tendrá un valor menor.

En cambio, estos costos más bajos no llegarán a los hogares, ni a los que usan gas por redes. Esto porque el uso residencial no aparece en la planificación que se ha elaborado. En ello pesa el hecho de que los contratos vigentes con los productores de gas –insertos en el Plan Gas.Ar– prevén contratos hasta 2028, ya firmados, que a cambio garantizan a las petroleras un precio muy favorable.

El reemplazo del gas importado por el local derivará en un ahorro de divisas por U$S 2000 millones este año y U$S 4000 millones en 2024, algo esencial para el actual gobierno y el que llegue después de diciembre próximo.

La mayor producción de gas de Vaca Muerta, que se inyectará en el nuevo gasoducto significará un incremento del 5% de los ingresos de la provincia de Neuquén por regalías hidrocarburíferas, algo así como $ 13.500 millones. La cifra se duplicará en 2024 al alcanzar el 10%.

Se le ha adjudicado al gasoducto el impulso de las exportaciones de gas tanto a Chile, como a Bolivia y Brasil y hasta la transformación del fluido en GNL para exportar a Asia. En rigor, la Argentina está lejos de esas posibilidades. En realidad, con la etapa 1 de la obra en su máximo potencial, es decir, con 22 millones de metros cúbicos diarios transportados, el país deberá seguir importando gas porque sus necesidades no estarán cubiertas en invierno. Con la etapa dos concluida (el gasoducto transportará 39 millones de metros cúbicos diarios), habrá un pico de demanda en los días más fríos del invierno en los que el gas local no alcanzará para cubrirla. Pero sí existirá un sobrante del fluido durante la mayor parte del año, que podrá emplearse en la exportación.

El uso del gas local será positivo para el medio ambiente, especialmente para el reemplazo del gasoil y el fueloil, que son muy contaminantes. En ese sentido, la huella local de carbono se reducirá, lo que redundará en una mejora de la posición internacional como acreedor ambiental.

Foto: Prensa MECON

Contratos

A pesar de las definiciones del presidente Alberto Fernández en contra de la dolarización de las tarifas de los servicios públicos, los contratos que está firmando Enarsa por el gasoducto están en dólares. Esto se observa con claridad en el que ató a la empresa estatal con Cammesa para el abastecimiento de las usinas eléctricas y que se plasmó en la Resolución 532 de la Secretaría de Energía, que autoriza «el texto definitivo del contrato». Éste implica 35 años con valores fijos a un precio del metro cúbico de gas por encima del que se paga actualmente. El contrato estipula U$S 1,023 el metro cúbico, lo que significa alrededor de U$S 28 el MBTU, un precio sostén muy por encima del valor internacional.

El apuro en la construcción del gasoducto derivó en otras consideraciones graves. Por caso, que los trabajadores de SEAT, la planta de Techint que se encargó de fabricar los tubos del gasoducto, debieron adaptarse a un régimen especial por fuera del convenio de la UOM y que incluyó jornadas de trabajo extensas y reducción de francos, entre otros cambios. Los trabajadores de SEAT debieron ir al paro por los despidos que decidió Techint sobre el final de la producción de los caños, además de la falta de pago de un bono y la precarización de 300 operarios que estaban fuera de convenio.

Finalmente, el operador del gasoducto será la empresa TGS (Transportadora de Gas del Sur), propiedad del Grupo Mindlin, que ya gestiona otros gasoductos ubicados en el sur nacional. Cuando se conoció esta contratación, desde Enarsa aseguraron que nunca estuvo en sus planes operar el gasoducto. Sin embargo, abundan los técnicos con conocimientos del tema, según pudo saber este medio. Se trata de voluntad política para gestionar, que en este caso no existió.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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