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Abriendo la llave de paso a la soberanía energética

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Se inaugura la obra que permitirá dejar de importar gas y combustibles líquidos en invierno. No sólo representa ahorro de divisas, sino una alternativa para políticas de desarrollo y crecimiento regional.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

¿En qué cambia la economía del país a partir de tener un gasoducto como el que se inaugura este domingo? La respuesta a esta pregunta explica también por qué se habla de esta obra como un acontecimiento histórico. Hay cuestiones inmediatas, como el ahorro de divisas que implica, y otras de más largo plazo, como las relacionadas con la soberanía energética, tanto por dejar de depender de las importaciones como por consolidar una matriz energética con eje en un insumo abundante en el país y considerablemente más barato que otros recursos alternativos. 

Pero detrás de la importancia de la obra, está además la decisión política de impulsar, primero (en 2012/2013), el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de un recurso estratégico como el gas, apartando al propietario privado de YPF (Repsol) que frenaba las inversiones para recuperar la petrolera para el patrimonio nacional. Y más recientemente la decisión de impulsar el Plan Gas en 2020, que incluyó la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner como obra pública, con financiamiento estatal y autoexigencia de hacerlo en tiempo récord. 

El acto de este domingo en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, será la culminación de estos diferentes procesos.

La producción de energía del país, que es como la sangre del cuerpo de la economía, depende en un 60 por ciento de un recurso primario: el gas. Pero la declinante producción nacional de gas hacía que esa matriz energética fuera cada vez más dependiente del gas importado. El problema era que, aunque se descubieran nuevas fuentes abundantes de gas, como la formación Vaca Muerta en Neuquén (y parte en Mendoza), si no había gasoductos para transportarlo, no podía extraerse del yacimiento. La insuficiencia de la red de gasoductos era, hasta acá, el tapón sobre los pozos de extracción de gas.

Por eso, cuando se habla de aumentar la capacidad de transporte de gas en 11 millones de metros cúbicos diarios, que será el aporte del Gasoducto Néstor Kirchner durante este año (serán 22 millones el año próximo, cuando estén operativas tres nuevas plantas compresoras para acelerar el paso del gas por los caños), se está hablando de aumentar la producción en el mismo volumen. Lo que no se puede transportar, no se produce. Y lo que no se produce, se importa. 

¿Qué importaciones sustituye la provisión de mayor cantidad de gas nacional? El GNL, gas licuado que llega en barcos metaneros para ser «regasificado» en puertos para su transporte y consumo local; y combustibles líquidos, gasoil y fuel oil principalmente, que utilizan las centrales térmicas para mover sus máquinas cuando no tienen gas. Es decir, que la generación eléctrica también es dependiente del gas, si no es local del importado. 

Y el costo de estos insumos importados es fuertemente más elevado que el del gas que producen los yacimientos locales. Tras el conflicto en Ucrania, el GNL llegó a superar los 30 dólares el millón de BTU (unidad de medida por capacidad calórica del producto), mientras que el precio al productor de gas de Vaca Muerta viene bajando de 7 dólares el millón de BTU durante el macrismo, a 3,50 dólares en las más recientes licitaciones. El precio del GNL a nivel internacional también bajó este año, pero el precio promedio que debió pagar Argentina este año por su importación sigue en 17,80 dólares por millón de BTU. 

De ahí el ahorro, en divisas porque no se importa, pero también en costo neto para quienes lo compran: Cammesa para las centrales térmicas,  las distribuidoras de gas para uso residencial y sus otros clientes, y la industria grande que compra directamente el gas a grandes proveedores.

La mayor disponibilidad de gas y a menor precio, también da lugar al desarrollo de estrategias de crecimiento industrial regional, en base a energía barata (o competitiva). Para lo cual, harán falta otras obras complementarias, pero menores en dimensión respecto de la actual.

El impacto en varias dimensiones

El impacto de la construcción y puesta en servicio del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner se puede medir en diversas dimensiones, de las cuales las principales podrían agruparse como:

1) Inversiones comprometidas en la construcción y su impacto en el ahorro de divisas

2) Efecto multiplicador de la obra en la Inversión y Consumo global

3) Aporte a una matriz energética ambientalmente sustentable

4) Impacto en el mercado laboral

5) Innovación tecnológicas y nuevas capacidades laborales

La inversión total comprometida en la Etapa I de la obra asciende a u$s 2524 millones, incluyendo diversas obras complementarias. En detalle, 2019 millones para la construcción de los 573 km del GPNK; 283 millones en el Gasoducto Mercedes-Cardales; 138 millones en el loop (interconexión) con el gasoducto troncal Neuba II, y 84 millones de dólares en la Planta Compresora Mercedes. 

Las empresas y consorcios contratistas de estas obras fueron tres. El principal es Techint-Sacde, que tuvo a su cargo los tramos 1 y 2 del GPNK (kilómetros 0-220 y 220-440), por un monto total de 1416 millones de dólares; Mercedes-Cardales (283 millones) y el loop Neuba II (138 millones), totalizando contratos por 1837 millones de dólares. Por su parte, el consorcio BTU se adjudicó el tercer tramo del GPNK (kilómetros 440 a 573) por 603 millones, y la empresa Esuco la planta compresora Mercedes (84 millones). 

El monto total equivale al 1,9 por ciento del presupuesto de la Administración Pública Nacional del año 2022 y al 0,4 por ciento del PBI del mismo año.

La sustitución de importaciones permitirá no sólo ahorrar divisas (u$s 2200 millones en lo que resta de este año, y unos u$s 4200 millones durante 2024) sino también generar electricidad a partir de fuentes ambientalmente más sustentables. Una porción de la oferta interna de energía eléctrica se genera a partir de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil que alimentan las centrales térmicas), que son más caros y tienen mayor impacto sobre el medio ambiente que el gas natural. 

Además, la obra en sí constituyó la principal unidad de negocios generadora de nuevos empleos durante el año en que se desarrolló. Una vez finalizada, se calcula que se habrán generado 3873 empleos directos asociados con la construcción del gasoducto. Considerando altas y bajas, se estima que pasaron por la obra unos 5500 trabajadores.

Según una investigación realizada en forma conjunta por Energía Argentina y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de una inversión total estimada de unos 310 mil millones de pesos (cambio oficial de junio de 2022, 1 dólar=124 pesos), el principal destino fue Materiales y servicios, 121.900 millones (39,3 por ciento del total), seguido de Costos Indirectos y Gastos Generales, 97.100 millones (31,3 por ciento); Equipos, 35.700 millones (11,5 por ciento); Mano de obra, 18.500 millones (6 por ciento), y Beneficio empresario, 13.600 millones (4,4 por ciento). Otros costos suman los restantes 23 mil millones de pesos (7,5 por ciento). 

Efecto multiplicador

El estudio aludido señala que «una obra de las características del GPNK tiene un efecto multiplicador muy potente sobre la inversión y el consumo. Por un lado, tracciona una multiplicidad de actividades productivas que abastecen insumos; por el otro, genera empleo calificado en numerosas localidades del país que impulsan el consumo de los hogares». 

Agrega que «de cada peso invertido en la construcción del gasoducto y las obras complementarias, se generarían 74 centavos adicionales en el resto de la economía, incrementando el valor bruto de producción de la economía en 540 mil millones de pesos (de junio de 2022)». 

Así, el empleo indirecto e inducido que se generaría por el efecto multiplicador de la demanda de insumos a proveedores y por el mayotr consumo de los hogares, llegaría a 36.027 puestos de trabajo adicionales. Los sectores que más se beneficiarían son la industria manufacturera (42,5 por ciento), Comercio (18 por ciento) y Construcción (10,3 por ciento). 

Perfil de los trabajadores de la obra

De acuerdo a información suministrada por la empresa contratista (Techint-Sacde), la proporción de postulantes ingresados a la obra del gasoducto en su primer tramo (renglón 1, del km cero al 220) fue del 17 por ciento. Pero varía suistancialmente de acuerdo a la vía de postulación: de los «Referidos por el supervisor» ingresó el 28 por ciento (641 de 2260 postulados), por vía del sindicato, la Uocra, ingresó el 23 por ciento (441 de 1950 postulados), de los que se presentaron a «Postulación espontánea» ingresó el 8 por ciento (17 de 215), y de los que se postularon por «redes sociales» ingresó el 3 por ciento (93 de 2681). 

Tomando en cuenta la composición de la porblación total de trabajadores de la obra, que abarca a más de 5000 empleados, se observan las siguientes características: 

– El 64 por ciento de los trabajadores contratados tiene entre 18 y 39 años, y para muchos representa su primer empleo. A su vez, la obra contrató un 9 por ciento de trabajadores adultos mayores, próximos al retiro laboral o bien jubilados en el rubro de la construcción. 

– Predominan los varones, 93,1 por ciento, dejando apenas 6,9 por ciento de participación para mujeres. De todos modos, los analistas destacan que esta tasa de participación de mujeres es relevante respecto a la que es recurrente para el rubro de grandes obras. 

«El resultado del reclutamiento local impactó de forma positiva en el emplo de las localidades cercanas a la traza», señala el estudio de Enarsa-Sociales UBA. «Esta obra pública demandó gran cantidad de trabajadores y trabajadoras , ofreció oportunidades laborales y de ingresos a sus habitantes, lo que redujo el desempleo estructural en muchas de las zonas afectadas». 


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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