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Litio: invertir para aprovechar la ventana de oportunidad

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe realizó un informe sobre las oportunidades y desafíos de América Latina para la extracción e industrialización del litio. 

El litio es uno de los elementos fundamentales para la transición energética y América Latina, que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, debe invertir y apostar a la tecnología si quiere conservar sus cuotas de mercado en la carrera por explotar este metal. Es uno de los temas centrales que destacó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) durante la presentación de un informe especial sobre las oportunidades y desafíos de América Latina para la extracción e industrialización del litio. 

En el documento, la Cepal examina el papel de los países productores de litio de la región (principalmente Argentina y Chile) en la cadena de valor global de las baterías de iones de litio, el principal uso actual del litio, así como los regímenes de gobernanza, normativo y fiscal que determinan el funcionamiento de la explotación del mineral en los países del llamado “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile). La publicación fue presentada por el Secretario Ejecutivo de la comisión regional de las Naciones Unidas, José Manuel Salazar-Xirinachs.

El informe concluye con lineamientos de políticas públicas que pueden contribuir a una agenda de desarrollo productivo en torno al mineral, así como la industrialización del mismo en tecnologías limpias para la transición energética y la electromovilidad. “Desde la perspectiva de los Estados, esto exige políticas y normas que favorezcan la creación de bienes públicos, el desarrollo de capacidades e infraestructuras blandas y duras, y la movilización y el direccionamiento de los recursos necesarios”, resalta el informe.

Mineral estrella

Según la Cepal, el litio es un insumo hasta ahora insustituible para la producción de las baterías de iones de litio, una tecnología clave para la descarbonización del transporte y el almacenamiento de energía generada a partir de fuentes renovables. Por tanto, tiene posibilidades de contribuir al desarrollo económico de los países mediante un impacto positivo a partir de una mayor creación de valor, es decir, del aumento del producto, de las exportaciones, del empleo y de la recaudación fiscal.

Los recursos identificados de litio en América Latina y el Caribe se concentran en el denominado triángulo del litio (56 por ciento de los recursos de litio mundiales). Además, es posible encontrar litio en menores cantidades en Brasil, México y Perú, elevando los recursos de litio encontrados en la región a casi 60 por ciento de los recursos mundiales. Asimismo, la región concentra el 52 por ciento de las reservas mundiales de litio, localizadas principalmente en Chile (41 por ciento) y Argentina (10 por ciento).

El combate al cambio climático, con vistas a la transición hacia energías renovables y la electromovilidad, es el principal motor que hace disparar la actual y futura demanda por litio, pudiendo multiplicarse por 42 en 2040, de acuerdo con el escenario de desarrollo sostenible de la Agencia Internacional de Energía. Las tecnologías de energías renovables variables o intermitentes y la electromovilidad son más intensivas en minerales, ya que requieren de una mayor masa y número de ellos.

Asimismo, el crecimiento de la demanda explica en gran medida el aumento exponencial de los precios del litio y otros minerales utilizados en estas tecnologías en los últimos años. Los precios del litio se multiplicaron casi nueve veces entre 2021 y 2022, señala el documento. Actores como China, Estados Unidos y la Unión Europea lideran la electromovilidad y cuentan con una serie de políticas que buscan asegurar el suministro de minerales considerados críticos para la transición energética.

Solo tres países explotan litio a gran escala comercial en la región. En 2021, Argentina representó el 9,8 por ciento de la producción mundial, Brasil el 0,4 por ciento y Chile el 41 por ciento. Ese mismo año, los cuatro mayores productores de litio a nivel mundial (en orden de importancia, Australia, Chile, China y Argentina) concentraron más del 96 por ciento de la producción global, lo que ha motivado a los países productores de baterías de ion-litio a incluir el mineral en su listado de minerales críticos.

Agregado de valor

Si bien el contexto de transición energética y la expansión de la electromovilidad presentan oportunidades, también ponen desafíos a los países de la región ricos en recursos de litio. La región tiene una participación importante en la primera etapa de la cadena de valor de las baterías de litio (extracción / procesamiento). Pero en las etapas de producción de precursores, cátodos/ánodos, celdas y baterías, son China, Japón, República de Corea, Estados Unidos y Europa quienes las lideran.

En este sentido, las posibilidades más inmediatas para la región son las que se originan en las actividades de extracción y refinamiento del litio: crecimiento de las exportaciones, generación de empleo, incremento de la recaudación fiscal y creación de eslabonamientos productivos aguas arriba (es decir, los que se refieren a los insumos y equipos que se necesitan para la exploración y explotación del litio), advierte la Cepal.

De esta forma, una mayor participación de la región en los segmentos aguas abajo (es decir, los procesos productivos que usan o consumen el litio como insumo) de producción de celdas y baterías de ion litio estaría íntimamente vinculada al desarrollo de una industria de vehículos eléctricos de gran escala en la región, y requeriría de financiamiento elevado, acceso a otros minerales considerados críticos, y competencias humanas y tecnológicas.

Ambiente

Por otro lado, la extracción de litio tiene desafíos de naturaleza socioambiental, derivados principalmente del consumo de agua en los procesos extractivos en zonas que enfrentan alto estrés hídrico, el impacto sobre la biodiversidad y las actividades económicas tradicionales de grupos sociales que habitan los salares (desde donde se extrae mayoritariamente el recurso). Para eso, la industria del litio requerirá de regulaciones y estándares más estrictos que aseguren la sostenibilidad de la actividad, puntualiza el informe.

Si bien los regímenes de gobernanza del recurso adoptados en cada uno de los países de la región difieren profundamente, el documento formula un conjunto no exhaustivo de directrices de política orientadas a mejorar el potencial de la región para aprovechar las oportunidades que ofrece el litio y contar con mejores herramientas para enfrentar los desafíos que presenta su explotación.

En temas de sostenibilidad ambiental y social tienen relación con la necesidad de asegurar que la normativa y los estándares incluyan las mayores exigencias de la sociedad, de una adecuada gestión de los conflictos socioambientales y de mayor transparencia y participación ciudadana. Por otra parte, el texto también ofrece consideraciones acerca de mejoras en los regímenes fiscales para asegurar mayor recaudación, progresividad, eficiencia y equidad en la tributación en consonancia con la competitividad y una mayor transparencia. Finalmente, el documento resalta el potencial y la necesidad de cooperación e integración regional para hacer prosperar una agenda conjunta de agregación de valor y encadenamientos productivos asociados al litio en América Latina y el Caribe.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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