Un sector de la sociedad se corrió a la derecha, no toda ni la mayoría. Pero obliga a discutir y defender derechos elementales que se habían consensuado tras luchas y sacrificios. Jujuy demuestra que la represión provoca el estallido. 

Por Luis Bruschtein

La energía troglodita que tienen el bono a los carneros que anunció Soledad Acuña, la denuncia ante la APDH de la ministra de Derechos Humanos de Jujuy contra los pueblos originarios que luchan por sus derechos, la pelea de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich para ver quién reprime más a los piqueteros o a los docentes, o las expresiones homofóbicas y discriminadoras del primer candidato del PRO a legislador por la ciudad, Franco Rinaldi, hunden la calidad cívica no sólo hacia una derecha empobrecedora sino también incivilizada.

Volver a explicar la explotación brutal de los trabajadores antes que existieran los sindicatos, volver a explicar la importancia de la unidad de los trabajadores para lograr una vida digna frente al abuso de sus empleadores, volver a explicar que el neoliberalismo expulsó en los ‘90 a millones del circuito laboral y que si no se distribuían los planes habría saqueos por miles de hambrientos desesperados. Volver a explicar que la calidad civilizatoria se relaciona con los derechos que cada sociedad asigna a la condición humana.

Son cuestiones elementales. Habrá seguramente generaciones de analfabetas funcionales que suponen que esos derechos surgieron de la nada y a los que no encuentran explicación porque no vivieron los procesos que los consagraron. Y estarán los ignorantes que querrán aprovecharse de la desaparición de esos derechos, sin percatarse que millones de personas se podrían volcar a la violencia por desesperación si les cortan los canales para defender sus intereses.

No es toda la sociedad ni siquiera la mayoría. Son cuestiones elementales y que a la sociedad le costó esfuerzo asumirlas de conjunto. Y ahora esta sociedad retrocede solamente por el hecho de tener que volver a explicarlas y defenderlas. Franco Rinaldi se cree inteligente porque descubrió que los pobres —y en general los más vulnerables— no se merecen los derechos cuando no tienen poder para defenderlos. Si son pobres y viven en una villa, hay que eliminarlos con un lanzallamas. Ni siquiera es de buen gusto como chiste o como “obra artística”, como se exculpó el candidato del PRO.

Los partidos o las corrientes que juzguen a los sindicatos porque piensan que abusan de las medidas de fuerza, tendrían que disputar la conducción para mejorarlos.

La campaña de desprestigio permanente contra las formas de organización popular demuestra que no son críticos de esos supuestos defectos, sino de los derechos que defienden esas organizaciones. Se trata eliminar o debilitar a los sindicatos y no de mejorarlos para que defiendan mejor a sus representados.

La conflictividad puede ser menor o mayor, pero es imposible que desaparezca porque no se trata de hormigueros, sino de sociedades humanas que se organizan por el conflicto de intereses diferentes, a veces opuestos. Si no hay reglas de juego ni canales de expresión, y se pretende aplacarla con represión, la tranquilidad que se consigue sólo precede a la tormenta como sucede en Jujuy. Y como ha sucedido con la historia reciente del país con la violencia y el terrorismo de Estado.

Vivir en paz y libertad tiene un costo, sobre todo cuando la alta inflación produce desequilibrios todo el tiempo. Es un costo de molestias en el transporte o en el tránsito que incluso afecta muchas veces a otros trabajadores, como lo hicieron los paros en el Sarmiento, en el transporte colectivo y los cortes en el centro de la ciudad por movimientos piqueteros. Frente a un reclamo, la opción es escucharlo o reprimirlo. Bullrich y Larreta compitieron por el campeonato de la represión. Con alta inflación, la represión puede convertir al país en un gran incendio.

Los derechos son libertades y responsabilidades, como son todas las libertades. La derecha contemporánea, neoliberales y falsos libertarios, sólo concibe la libertad o los derechos cuando se relacionan con la propiedad. No reconocen la libertad de los trabajadores para sindicalizarse en defensa de sus salarios y condiciones laborales, ni la libertad de protesta de los pueblos originarios en defensa de sus tierras.

El discurso de Bullrich contra las universidades públicas estaba plagado de inexactitudes y errores. Ninguna de las cifras sobre las que montó su discurso xenófobo era acertada. Además de incompetencia, el discurso mostró que es un tema que no interesa a los candidatos de la derecha. Bullrich dijo que con ella se iban a terminar los cortes y criticó los paros docentes en CABA.

El conflicto con los maestros de la educación pública es un clásico. Al neoliberalismo no le interesa una educación pública de calidad porque concibe, como en todas las actividades humanas, que la calidad hay que pagarla, y para eso está la educación privada, con lo cual preservan privilegios de casta y limitan la movilidad social.

La consecuencia es que los gobiernos neoliberales discuten el salario docente con ese criterio, siempre a la baja, porque buscan bajar la calidad de la educación pública. La conflictividad está en esos gobiernos y no en los gremios. Así la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, descuenta los días de paro y propone premiar con esa plata a los que no paran. Es una provocación para detonar un conflicto en medio de la campaña electoral.

Los docentes habían hecho un paro en solidaridad con sus colegas de Jujuy, que tienen los salarios más bajos del país y, en vez de ser escuchados por otro gobernador neoliberal, habían sido duramente reprimidos.

Juntos por el Cambio exhibe a Jujuy como un ejemplo de lo que aspira a nivel nacional. Muestran como ejemplos la intransigencia del gobernador Gerardo Morales con los docentes, la persecución judicial a Milagro Sala, o la reforma de la Constitución provincial para quitarles a los pueblos originarios derechos que están establecidos en la Constitución nacional.

Todo lo que sea restricción o eliminación de derechos y libertades que obstaculicen la libertad de empresa —ya sea para la educación privada, para las mineras de litio o cualquier otro negocio privado— se presenta como una lucha por la libertad. Y la solución para el descontento que provocan esas medidas, es la represión. A la represión sí la ven como un derecho. Tienen libertad de reprimir, pero los reprimidos no tienen libertad de defender sus derechos.

Sin embargo, el arquetipo que quieren mostrar terminó por reconvertirse en lo opuesto porque la represión tuvo que subir de nivel hasta parecerse demasiado a la dictadura, con infiltrados en la movilización, amenazas anónimas a las familias de los manifestantes, allanamientos ilegales y penalizaciones económicas y carcelarias. Y a pesar de la brutalidad no pudo frenar la protesta. Y ahora lo que se exhibe es una provincia conmocionada por cortes en las rutas más importantes y movilizaciones masivas en las ciudades.

El ejemplo es válido no sólo para los dirigentes, porque muchos de los manifestantes que son reprimidos ahora, han votado a Morales en elecciones anteriores. Y lo hicieron, incluso, después que el gobernador copara al Poder Judicial para perseguir a Milagro Sala a niveles de una crueldad patológica. Ahora, muchos de ellos son los reprimidos y descubren las consecuencias reales del discurso del orden y la mano dura.