PROVINCIALES
Concretaron capacitación sobre Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Trabajadoras
En esta jornada, el Honorable Tribunal Disciplinario llevó adelante una instancia de formación relacionada con Derechos y Obligaciones de los trabajadores y trabajadoras, en el Salón Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz. Es importante resaltar que la propuesta fue especialmente destinada a quienes trabajan en la Administración Pública, Provincial y Nacional como así también en los distintos Municipios.
El Honorable Tribunal Disciplinario de la Provincia de Santa Cruz es un organismo colegiado, definido en el art. 124 de la Constitución Provincial, que tiene como finalidad garantizar el debido procedimiento y preservar los derechos y obligaciones de las y los trabajadores de la Administración Pública. Bajo esa premisa, impulsó hoy una capacitación en la ciudad de Río Gallegos, la cual contó con una importante participación.
La propuesta
Al respecto, el director de Fiscalización del Tribunal de Disciplina, Gustavo Coronel, indicó: “La capacitación tiene que ver con el rol disciplinario y las obligaciones de los trabajadores dentro de la administración central y de los entes que pertenecen al gobierno”.
“En realidad es un conjunto de acciones que tienen los compañeros y que deben cumplir, pero también debemos entender que la obligación es parte de nuestro rol laboral. Es bueno conocer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son las consecuencias de falta con ellas. La idea es que los trabajadores conozcan lo que es el tribunal de disciplina porque muchos no tienen conocimiento de cuál es nuestra función dentro del orden público y que tengan la información para tomar decisiones acertadas al momento de ver qué conductas realizan, y que sepan sus consecuencias”, detalló.
Por su parte, la presidenta del Honorable Tribunal Disciplinario, Marisa Oliva, sostuvo que la propuesta forma parte de un programa anual de capacitación y que el cuerpo de vocales aprobó como necesidad de la administración pública en los distintos niveles de responsabilidades y jerarquías.
“Esto no es un hecho casual, sino que son parte de una ecuación cuando surgen problemas disciplinarios y consideramos que los trabajadores y trabajadoras tienen que tener conocimiento de sus derechos y obligaciones, para poder tomar estas decisiones informadas”, remarcó Oliva. En ese sentido, destacó que en esta ocasión, se convocó a trabajadores y trabajadoras de la administración pública e incluso no hacemos diferencia si son municipal o provincial”.
“Se abordan temas desde lo más alto de la pirámide normativa que son estos derechos humanos que nos garantizan la constitución nacional y provincial y tratados internacionales, para luego poder entender porque tenemos en un convenio colectivo o en nuestras pautas y normas provinciales algunos aspectos que tienen que ser como una balanza”, explicó.
Además, anticipó que la iniciativa se replicará en distintas áreas del Ejecutivo Provincial. “Esta semana vamos a empezar con la convocatoria para abordar y reflexionar sobre un proyecto financiado por el CFI. El evento va a ser el 6 y 7 de julio”, concluyó.
PROVINCIALES
Bloque de Diputados por Santa Cruz
Desde el Bloque de Diputados Por Santa Cruz queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que habría ocurrido en la Fundación Valdocco donde se encuentran alojados niños y jóvenes de 6 a 18 años, sin aparente intervención de ninguna autoridad de infancia ni del Poder Judicial y a más de 3000 km. del lugar de origen de algunos de ellos.
La preocupación es total ante la falta de cumplimiento de la Ley 26.061 concordante con nuestra Ley Provincial 3.062 por parte de la Juez que intervino en la causa, quien luego de admitir la vulneración de derechos de los menores, procedió a archivar la misma.
Instamos a todas las autoridades de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a respetar y salvaguardar de manera irrestricta la Convención Sobre los Derechos del Niño y reafirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el debido proceso legal, el respeto a su centro de vida, el derecho a la convivencia familiar que integran el interés superior del niño.
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