Una movilización popular que quería impedir la reforma de la constitución de Jujuy, que criminaliza la protesta social y abre las puertas a los grandes proyectos mineros, terminó en una feroz represión policial con cientos de heridos y detenidos.

El estallido jujeño, con epicentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy y una de las provincias del norte argentino, fue el corolario de una serie de protestas que se vienen sucediendo en toda la provincia desde hace semanas, y que responden a los bajos salarios docentes, las malas condiciones de vida de la región y, sobre todo, a una reforma exprés de la carta magna provincial, que se terminó de sellar en menos de un mes y a puertas cerradas.

Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, el martes 20 de junio por la mañana, una fuerte movilización popular integrada por pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales y políticas enfrentó una feroz represión policial que incluyó detenciones arbitrarias en vehículos sin identificar, allanamientos en barrios de la periferia, 170 personas heridas —uno de gravedad—, al menos 69 detenidos y la presentación de 51 habeas corpus. 

La represión de las protestas incluyó detenciones arbitrarias en vehículos sin identificar, allanamientos en barrios de la periferia, 170 personas heridas —uno de gravedad—, al menos 69 detenidos y la presentación de 51 habeas corpus

En la mañana del martes, cuando ya se habían concentrado algunos grupos para seguir con las protestas en rechazo a la nueva constitución, se conoció la noticia de la jura del nuevo texto y eso desató la ira popular. Se trata de un texto del que se desconocen los detalles de su articulado definitivo, dado que el domingo por la noche, y en respuesta a los continuos reclamos que desde hace días se vienen dando en toda la provincia, el gobernador Gerardo Morales anunció que retiraría dos de sus artículos. En concreto, se refería a los artículos 50 y 36, que tienen que ver con la propiedad privada de las tierras y le otorgan al Estado provincial la potestad para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Morales decidió dar marcha atrás con estos artículos siguiendo la misma mecánica que utilizó para llevar adelante toda la reforma: de manera inconsulta —ni siquiera lo puso en discusión en la Convención Constituyente—, de forma exprés, y entre gallos y medianoche. 

Litio

Lo que está en el centro de la disputa es el derecho a la protesta y los bajos salarios, pero, sobre todo, la profundización de un modelo extractivista basado en el litio, algo que los pueblos originarios vienen denunciando desde hace mucho tiempo porque afecta sus modos de vida y sus territorios, y por lo que no han sido consultados. Lo que denuncian las comunidades es que, si bien el Estado argentino reconoce su preexistencia, el nuevo texto provincial pretende obligar a las comunidades a adoptar formas jurídicas que habiliten el reconocimiento de sus territorios y que, de no ser así, esto abriría el camino para que las empresas puedan explotar sus recursos. Aunque se anunció el retiro de los artículos vinculados a la posesión de la tierra, las comunidades insisten con que se tiene que caer la reforma completa ya que no fueron consultados, y tampoco se incluyó ningún artículo que hable del agua y del medio ambiente, dos elementos centrales de toda esta disputa. Sin ir más lejos, en abril las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc, marcharon a la capital provincial en rechazo al proyecto estatal de explotación de litio sobre 11.000 hectáreas de la Puna jujeña, y en defensa del agua y la vida. 

Lo que está en el centro de la disputa es el derecho a la protesta y los bajos salarios, pero, sobre todo, la profundización de un modelo extractivista basado en el litio, algo que los pueblos originarios vienen denunciando desde hace mucho tiempo

La semana pasada, unas 500 personas pertenecientes a las comunidades de la Puna caminaron tres días desde Abra Pampa, el extremo norte de Jujuy, y Salinas Grandes, en el oeste, para llegar a la capital jujeña con la esperanza de cancelar la reforma. En el camino tuvieron que lidiar, no solo con la potencia del frío de la Puna en esta época del año, sino con la noticia, el jueves por la noche, de que la reforma había sido aprobada con el voto afirmativo de los bloques Frente Cambia Jujuy (oficialista) y el Frente Justicialista (peronismo). Luego de la brutal represión, los representantes de los pueblos originarios anunciaron que mantendrán los cortes de ruta —22 en toda la provincia—, y que llevarán su reclamo a Buenos Aires y a los organismos internacionales.

Si bien lo del martes responde a la reforma constitucional, los bajos salarios de los docentes —por debajo del costo de vida— determinaron que estos iniciaran huelgas y reclamos por mejoras salariales desde principios de junio y que, poco a poco, numerosas organizaciones se sumarán a esos reclamos. A lo largo de las protestas del último mes, Morales también debió dar marcha atrás —cinco días después de ponerlo en vigencia— con el decreto provincial 8464/23, mediante el cual se aumentaba a cifras millonarias las multas para quien realice una manifestación pública, y se abría la posibilidad de cesantear a trabajadoras y trabajadores estatales que realizarán una medida de fuerza. Sin embargo, mantuvo el artículo 67 de la nueva Constitución que se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. El artículo 67 sostiene que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”, y prohíbe los cortes de calles y rutas, y “toda posible perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. 

En las imágenes que se vieron durante las masivas detenciones se pudo observar, no solo detenciones arbitrarias, sino que los vehículos en los que se trasladaba a las personas detenidas no tenían identificación

Asimismo, los sostenidos reclamos en la calle dieron lugar a la aparición de la Intergremial, de la que participan sindicatos del ámbito público y privado, que acompañan el reclamo educativo y el rechazo a una reforma constitucional que criminaliza la protesta social. Tanto los sindicatos, como las organizaciones sociales, denuncian que el nuevo texto contraría derechos laborales, y afecta la carrera administrativa y las funciones de organismos de control como el Tribunal de Cuentas, al que se le reduce su alcance y función. 

Represión

La brutal represión del martes, que duró cuatro horas, dejó como saldo al menos 170 heridos, 69 detenidos (cinco menores), y la presentación de 51 habeas corpus. A última hora de ese día, un nutrido grupo de personas, entre familiares, activistas y abogados, se agolpaban a las puertas del penal del Alto Comedero donde habían sido alojados la mayoría de los detenidos, en búsqueda de información. En las imágenes que se vieron durante las masivas detenciones se pudo observar, no solo detenciones arbitrarias, sino que los vehículos en los que se trasladaba a las personas detenidas no tenían identificación, y que hubo allanamientos y redadas en barrios aledaños al centro de la capital.

Nelson Mamani, un manifestante al que se vio tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, debió ser operado de urgencia y permanece internado. El fin de semana, Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió un ojo luego de que un policía le disparara a la cara con una bala de goma. Si bien a última hora de ayer se anunció la liberación de dos integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy, que habían sido detenidas durante la manifestación, también se supo que algunos de los presos que aún permanecen detenidos podrían ser imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, daños a los bienes públicos y por impedimento a las tareas de los funcionarios públicos, en grado de tentativa. Las dos integrantes de HIJOS fueron liberadas por ser testigos protegidas en juicios de lesa humanidad.

Tras la violencia desatada en las calles de la capital jujeña, se anunciaron dos jornadas de huelga y persisten los cortes de ruta, pero con una amenaza concreta de desalojo. El martes, a última hora, el juez federal Diego Matteuci dictó una orden de desalojo de los piquetes que se mantienen en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro. Por su parte, el gobernador Morales decretó asueto para el miércoles y cerró el aeropuerto gran parte del día. Lo del martes, además, determinó que algunos sindicatos docentes definieran adelantar la huelga, originalmente anunciada para el jueves, para el día miércoles, y que distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos, convocarán a una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires

Gobernador Morales

Gerardo Morales gobierna la provincia de Jujuy desde hace ocho años, preside la Unión Cívica Radical desde 2021 y, políticamente, se encuentra alineado a Juntos por el Cambio, el partido de centroderecha del expresidente Mauricio Macri. Morales, además, figura tercero en la carrera presidencial de Juntos por el Cambio, detrás de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El candidato a presidente se definirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. El martes por la tarde, tanto Bullrich como Larreta, dieron una conferencia de prensa en la que defendieron las decisiones tomadas por el actual gobernador de Jujuy. Por el lado del gobierno nacional, tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, Wado de Pedro —cuyo nombre también juega como uno de los posibles candidatos a presidente del kirchnerismo—, intercambiaron mensajes por Twitter con Morales, y criticaron las acciones de unos y otros. 

Uno de los asuntos que le dieron más visibilidad pública al Gobernador Morales, fue el arresto de la dirigente social Milagro Sala, en enero de 2016, pocas semanas después de asumir su primer mandato

Uno de los asuntos que le dieron más visibilidad pública a Morales, fue el arresto de la dirigente social Milagro Sala, en enero de 2016, pocas semanas después de asumir su primer mandato. El hostigamiento y la persecución a Sala, y de la organización que lidera, la Tupac Amaru, buscó ser un elemento disciplinador a lo largo de sus mandatos, y ha sido una de sus principales banderas.

La Constitución

La reforma del texto modifica 193 de los 212 artículos de la Constitución que regía hasta ahora la provincia, y que había sido promulgada en 1986. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos el pasado 7 de mayo en las mismas elecciones en las que el oficialismo ganó las elecciones provinciales. De los 48 votos posibles, la reforma contó con 40, ya que seis convencionales del Frente de Izquierda, y dos peronistas, se retiraron de la Constituyente, con lo cual, la votación del texto —en la madrugada del jueves al viernes—, fue por unanimidad. El Frente Cambia Jujuy, oficialista, contaba con 28 votos, y necesitó de un acuerdo con los convencionales del Frente Justicialista, es decir, del peronismo local, para poder votar la actual carta magna. 

En la tarde de ayer, el presidente Fernández dio un discurso en el que anunció que ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación “para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y le solicitó al Gobierno de Jujuy que ”convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”. En su discurso, Fernández también recordó que tanto la CIDH y la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, “se han pronunciado llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”. 

Para muchos, lo que sucede en Jujuy estos días, no es más que un laboratorio de prueba de algo que luego tendrá alcance nacional, y cuyo objetivo es fijar un nuevo orden

Al mediodía, miles de personas se movilizaron a la casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires, en apoyo a los reclamos y en contra de la represión. Durante la manifestación se le solicitó al gobierno nacional la intervención federal de la provincia y la libertad de todas las personas detenidas. Hasta la tarde de ayer, al menos 53 personas permanecían detenidas en el penal del barrio Alto Comedero, entre ellas, un niño con espectro autista y otra con problemas de salud mental. Para muchos, lo que sucede en Jujuy estos días, no es más que un laboratorio de prueba de algo que luego tendrá alcance nacional, y cuyo objetivo es fijar un nuevo orden. Entre las imágenes que se viralizaron ayer por la tarde estaba la de los trabajadores de la mina “El Aguilar”, que llegaron a la capital jujeña para poner el cuerpo a la protesta cantando: “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”.