Por Mario Wainfeld

El gobernador Gerardo Morales arrancó su primer mandato designando dirigentes políticos (correligionarios) en el Poder Judicial y mandando encarcelar a Milagro Sala que no estaba procesada ni, mucho menos, condenada. Ahora, tras ganar tres elecciones ejecutivas al hilo, intenta terminar su segundo y último período. Éxito en las urnas por goleada, complicidad de buena parte del peronismo local conducido por Rubén Rivarola, oposición fragmentada. Decidió pegar sobre caliente, reformulando la receta ya probada. Aprobar una Constitución que amplía el poder del Ejecutivo, hace trizas el derecho de protesta, establece delitos penales que pueden-deben tramitarse mediante proceso sumarísimo, avasallamiento de derechos de pueblos originarios. ¿Qué podía salir mal? Que saliera la gente. Eso ocurrió.

Los damnificados son muchos, distintos colectivos. Desde los docentes con sueldos de hambre hasta las “comunidades” originarias hartas ya de estar hartas. “Cometieron” las conductas que el radical delarruista (fiel a su linaje) quiere borrar de la historia: paros los trabajadores de la educación, marchas y cortes de rutas los pueblos originarios. La protesta social, clave en el sistema político; Morales y los cambiemitas procuran abolirla. No estaría saliendo tan fácil. Contra Milagro fue más expeditivo, más funcional.

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El lunes a la tarde, hace unas horas apenas, Morales quiso engañar a la gente de su provincia. Hablaba de derecho como si supiera, reconocía con tono contrito la buena fe y la movilización de las comunidades. Podrán equivocarse -adujo- pero les reconoció legitimidad. Ofertó un regateo digno del libro Guiness del derecho constitucional; retractar dos artículos del texto reformado. Un parche al revés… Dejó indemnes otros, las vigas de estructura de una carta magna autoritaria. Los damnificados se dieron cuenta, achalay. Los constituyentes caraduras remendaron el texto cerrado horas antes, lo juraron de volea.

Ayer el gobernador dejaba de lado el reconocimiento, hablaba de una conjura. En el entusiasmo difundió tuits de otros lugares, de otras fechas que supuestamente acreditaban conspiraciones entre La Cámpora y la izquierda. La fake news se reveló en pocos minutos. Morales borró rápido el tuit, igual había dejado la impresión digital.

La policía jujeña (brava como la de tantas otras comarcas) disparaba balas de goma al rostro de los manifestantes, se adiestraba en el ejercicio de tiro con gomera, encarcelaba hombres y mujeres con brutalidad. Agentes de civil, autos no oficiales sin patente, formaban parte de las fuerzas de choque. Allanamientos sin orden judicial completaban el cuadro.

Testigos presenciales informan a este cronista que militantes radicales (“fuerzas del gobernador”) cortaban algunas rutas, alegando que lo hacían para evitar que llegaran manifestantes de otras provincias. Se coordinaban con la policía local. Ocurrió en la ruta que comunica la provincia de Salta con Jujuy, en el límite entre ambas.

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Los precedentes nefastos acuden a la memoria. Hubo demasiados en épocas cercanas, no superadas. Hay quien compara las imágenes de San Salvador de Jujuy con las del año 2001, podrá ser.

Este cronista encuentra mayores simetrías entre el contexto actual y el que rodea a la reforma jubilatoria promovida por Mauricio Macri en 2017. Juntos por el Cambio venía de vencer en las elecciones, el entonces presidente calculó que era momento de restringir derechos sociales y laborales. Consiguió su ley, como Morales su Constitución. Pero la protesta masiva ante el Congreso, castigada también con represión y balazos en la cara, significó el comienzo de la decadencia del gobierno. Los cambiemitas, siempre creativos, inventaron el mito inverificable de las 14 toneladas de piedras. Ni el embuste ni la ley bastaron para frenar el declive. Para lectores atentos: Macri ahora señaló la coincidencia, en eso solo concuerdo con él.

La cobertura en los medios dominantes evocó la de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Información tergiversada, indignación unilateral, nulo micrófono a los manifestantes o a las víctimas de violencia policial. Complicidad o encubrimiento, como se quiera tipificar. Periodismo de guerra, otra vez en los multimedios.

El ex senador Miguel Pichetto recalentó su macartismo xenófobo: señaló como responsables de la revuelta a ciudadanos bolivianos y como demiurgo al expresidente Evo Morales.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó un comunicado institucional, severo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra Patricia Bullrich, dos cipayos contumaces, sufrieron un súbito ataque de patrioterismo: denunciaron injerencia del organismo internacional. Así procedían los funcionarios delarruistas (Ricardo López Murphy, Adalberto Rodríguez Giavarini) cuando el entonces juez español Baltasar Garzón pedía la extradición de represores terroristas de Estado. Frenéticos ataques de soberanismo para defender criminales. Se envolvían, por única vez, en la bandera celeste y blanca y transformaban a la Argentina en un aguantadero de criminales.

Entre tanto, intelectuales o dirigentes opositores entran en éxtasis. Calculan que lo sucedido es pura ganancia para JxC y para Morales en particular. La mano dura “garpa” en política, es buena credencial para las elecciones.

Quien les habla no concuerda. No es clarividente, no sabe adivinar el futuro, claro. Pero sabe que los experimentos represivos son artefactos peligrosos, que a menudo estallan en manos de quien los blande. Uno no cree que Morales maquinó todo esto, se remite al comienzo de la columna. Entre tantos porvenires posibles puede suceder que haya encendido llamas de rebeldía que costará apagar. 

Y, en cualquier caso, la conducta es repudiable, sirva o no para captar votos. El mundo puede haberse desplazado a la derecha lo que no obliga a abjurar de principios humanistas y progresistas básicos.

En el aire queda una advertencia para el peronismo, enredado en disputas internas autodestructivas. Los cambiemitas se re-juntaron pronto, privilegiaron la unidad ante los adversarios. Al servicio de una causa espuria pero con una astucia política que vale la pena registrar.