Mujeres indígenas de Jujuy cuentan en esta nota cómo se llevan a cabo las jornadas de resistencia a la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales.

Por: Elena Corvalán

Agencia Presentes

Los pueblos indígenas que habitan el territorio de la provincia de Jujuy están inmersos en un plan de lucha. El objetivo: lograr la anulación de una reforma constitucional que consideran atentatoria de sus derechos. El sábado 18 de junio hubo una represión violenta en el corte de Purmamarca, hay 27 personas detenidas y varias heridas.

Las acciones de protesta vienen llevándose a cabo desde que comenzó a sesionar la Convención Constituyente, el 22 de mayo. Escalaron después la noche del 15 de junio, cuando el oficialismo provincial y parte del Frente Justicialista aprobó la reforma.

El 14 y 15 de junio, las comunidades indígenas comenzaron una caminata a la capital provincial, San Salvador. La llamaron tercer Malón de la Paz, porque se asienta en los mismos reclamos de aquel histórico Malón de la Paz de 1946. En ese entonces caminaron más de 2.400 kilómetros para llegar a Buenos Aires para exigir la titularización de los territorios.

A este Tercer Malón le agregaron consignas de la actualidad: el rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes y el rechazo a la reforma “inconstitucional”.

En defensa del agua

 “Están eliminando de la Constitución anterior muchos derechos”, sostuvo Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Tres Pozos, del Pueblo Kolla. Ella es vocera de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se oponen a la explotación del litio porque entienden que les podría dejar sin agua para consumo, escasa en este lugar de la Puna.

Estas comunidades comenzaron a caminar desde las salinas el 14 de junio. En Purmamarca se reunieron con otras que venían del departamento Cochinoca, y de La Quiaca, en el departamento Yavi, en el extremo norte jujeño. Juntas marcharon hacia San Salvador. 

Del otro lado del mapa, de la zona de Yungas del departamento Ledesma, marcharon integrantes de la Comunidad Cherenta, del Pueblo Ava Guaraní. “Estamos en contra de la reforma inconstitucional que a puertas cerradas Gerardo Morales y la ministra Natalia Sarapura hicieron en contra de los pueblos indígenas. No hubo una consulta previa, libre e informada, como tiene que ser. Por eso los hermanos estamos marchando en contra de eso y a favor de los docentes de Jujuy”, dijo a Presentes la mburuvicha Gabriela Situé. Agregó que en Jujuy el 60% de la población es indígena. Por eso los reclamos se cruzan, también son parte de la docencia que exige mejoras salariales.

Desde el primer Malón de la Paz

La columna de Abra Pampa fue despedida por Nicanor López, uno de los ancianos que participó de aquel primer Malón de la Paz, en 1946. Les deseó “una feliz caminata”. “Con las manos cruzadas no hacemos nada. Tenemos que tener un corazón bueno, de buen pensamiento para poder trabajar”. “Porque somos de aquí de la Puna nos quieren desmantelar. Nos quieren ver sin nada. Entonces tenemos que luchar, esta lucha se empezó en el primero (Malón de la Paz) y se seguirá luchando”, aseguró.

En Maimará, pueblo del departamento Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca, otra anciana, ya próxima a cumplir 85 años, esperó a les caminantes que venían de Cochinoca y La Quiaca. Docente jubilada, indígena ella misma, Erminda Mamaní también advierte la regresión que implica la nueva Constitución jujeña: “tiene puntos que bajo ningún concepto podemos aceptar como ciudadanos”, aseguró.

Cortes por tiempo indeterminado

Las previsiones del tercer Malón de la Paz era concluirlo el 16 de junio, participando de la movilización provincial general convocada por docentes y trabajadores de otros sectores de Jujuy, que reclaman mejoras salariales y se oponen a las reformas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales, pero la noche del 15, cuando todavía estaban acercándose a San Salvador, se enteraron de que la modificación ya había sido aprobada. En asambleas rápidas adecuaron el plan de lucha a la contingencia. 

Y el 16 de junio una represión a manifestantes en Abra Pampa, en el extremo norte de la provincia, endureció los ánimos. La vocera Verónica Chávez informó que la Asamblea Nacional de los Pueblos de la Puna decidió cortar por tiempo indeterminado las rutas nacionales que van a Chile y Bolivia. “La medida solo se levantará con la restitución de la Constitución provincial y la indeclinable renuncia del gobernador de la provincia”, sostuvo. En respuesta, habitantes de las altas montañas y de las zonas más bajas de los departamentos Yavi y Cochinoca , y de otros departamentos de la Puna, se concentraron en La Quiaca y Purmamarca, por donde pasan las rutas nacionales 9 y 51, que conducen a los pasos a Bolivia y Chile, respectivamente.

“Nos quitan nuestros derechos”

Los pueblos originarios que habitan el territorio hoy llamado Jujuy se oponen a la reforma constitucional en primer lugar porque, aun cuando que los cambios afectan derechos de esta población, no hubo consulta previa, libre e informada, como manda la normativa argentina.

Entre los puntos reformados, el proyecto del gobierno provincial modificó el artículo 36 de la Constitución, “derecho a la propiedad privada”. El texto que se incorporó a la nueva Constitución está dirigido a los pueblos originarios, que en su gran mayoría no cuentan con títulos de propiedad, aunque tienen la ocupación ancestral de su territorio. En muchos casos soportan la presión de particulares que nunca ocuparon la tierra, pero cuentan con títulos de propiedad.

La reforma prevé la incorporación de “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. Asimismo, se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, y se determinarán “las condiciones para el desalojo y para que el o los titulares del derecho de propiedad afectado estén en condiciones de ejercer los derechos que les asisten de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.

Tierras ancestrales en manos de privados

“Ahora con esta Constitución no tenemos derecho a nada, los recursos quedan todos en el gobierno”, aseguró Verónica Chávez. “Nos perjudica a nosotros como pueblos indígenas, porque nos quitan derechos”, agregó Gabriela Situé. Ella recordó, precisamente, que “muchas comunidades no tenemos papeles de nuestros territorios, nos quitarían la tierra ancestral de nuestros abuelos que nos dejaron, y es donde están nuestros remedios ancestrales también, porque somos guardianes de eso, del medioambiente”.

La comunidad Cherenta, ubicada en la zona rural de Libertador General San Martín, no tiene la propiedad de su territorio. “No tenemos papeles porque la mayoría de las tierras son de la empresa Ledesma”, recordó Gabriela. Precisamente, el Ingenio se constituyó en territorio de la Nación Guaraní. 

Erminda Mamaní, que pertenece al Pueblo Cochinoca y como docente enseñó en la zona rural de Abra Pampa, Humahuaca y Tumbaya, también puso énfasis en que la nueva Constitución “daría a la autoridad el derecho de hacer lo que quiera con las tierras que no tienen títulos”, lo que pasa con la mayor parte del territorio comunitario. Por eso, dijo que acompaña esta lucha “por una razón de justicia”.

“Si no tiene la tierra el puneño, ¿dónde va a vivir? Y si vienen las mineras del litio y nos dejan sin agua, ¿a dónde los van a expulsar? En eso están pensando. En este momento se está dando cuenta la gente, está tomando conciencia de lo que puede pasar con esta reforma del gobierno”, reflexionó. 

Un encuentro estratégico

La imagen de Verónica Chávez recorrió el mundo en estos días. Se la vio acompañada por el director de cine estadounidense James Cameron, de quien logró el compromiso de acompañar las comunidades que se oponen a la exploración y explotación de litio.

El encuentro con Cameron fue la conclusión de un mal paso del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que invitó al cineasta a visitar el Parque Solar Cauchari ubicado en el departamento Susques. El propio Cameron dijo después que sintió que había sido emboscado y destacó la paradoja de que a raíz de este hecho prestó atención a la explotación del litio. Cameron se declaró a favor de las comunidades que se oponen a la instalación de mineras en su territorio y comprometió su apoyo. 

Verónica Chávez recordó que las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc vienen desde hace tiempo resistiendo la minería del litio. “Hicimos notas, hicimos demandas ante la Corte Suprema (de Justicia de la Nación), todo, pero igual nos siguen violando nuestros derechos” y ahora con la reforma provincial, “nos quitan todos los derechos, no podemos protestar, no podemos hacer nada”. 

A principios de marzo de este año estas comunidades sufrieron lo que ellas llaman “una traición”. La comisionada de Lipán, Angélica Castillo, algunos integrantes de esa comunidad, y el presidente Alberto Fernández firmaron un acta dando conformidad a la explotación de litio en su territorio, lo que luego fue usado por el gobernador para afirmar que sí había realizado la consulta previa.  

Entonces las comunidades replantearon su estrategia. “Decimos no vamos a parar, tenemos que visibilizar esta lucha, en una reunión dijimos eso”. Como vocera, Verónica Chávez andaba en eso cuando supo de la visita de James Cameron. “Y yo pedí a la mamita Salinas y a mi papá y a mi mamita, que no están conmigo, que me reúna con este señor, porque yo veía que me iba ayudar más a visualizar la lucha”, contó. Con esa convicción logró el encuentro con el cineasta. 

Dos mujeres, al frente 

Verónica Chávez y Gabriela tienen casi la misma edad, 49 años una y 48 la otra. Las dos son madres, y las dos comparten la defensa de sus pueblos y sus saberes. “Yo estoy en el área de salud indígena”, en la pandemia “hemos buscado nuestras hierbas del monte para poder curar a nuestros hermanos”, contó Gabriela en la conversación con Presentes. 

Verónica detalló que en Tres Pozos se dedican a las artesanías, la ganadería, la agricultura, la extracción de sal y el turismo. “Nuestros abuelos, nuestras abuelas, que estuvieron en este hermoso territorio de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc, ellos lo conservaron por años y años y años, y ahora estamos nosotros”. “Aquí tenemos una economía que nuestros abuelos han vivido y nosotros también estamos viviendo y queremos dejar el territorio sano como dejaron nuestros abuelos, como lo encontramos, para nuestras generaciones que vienen, con agua limpia, y esa es la lucha que venimos teniendo hace trece años”.

Aunque en su territorio no hay litio, Gabriela resaltó la acción de “los hermanos de la Puna” defendiendo el agua y el territorio, entre las razones para marchar. “Gerardo Morales lo que hace es quitarnos lo que tenemos para dárselo a los grandes terratenientes. Eso lo sabemos bien nosotros, porque no somos tontos, a nosotros nos enseñaron nuestros abuelos a defender nuestro territorio, el agua, la vida, el monte, la naturaleza”. 

“Es algo tan triste” lo que les pasa hoy, lamentó Gabriela sobre la situación en su provincia. “Es un gobierno de derecha el que tenemos hoy en día en Jujuy”, añadió, y recordó que por eso el 1 de junio realizaron una asamblea de representantes de todos los pueblos indígenas de la provincia, kolla, chichas, okloya, guaraní, omaguaca, tilián y quechua. Allí se conformó la Convención Constituyente Plurinacional, con el propósito de que se respetara su cosmovisión en la reforma de la carta magna provincial, pero no fueron escuchades. 

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