Jujuy y Salta son la punta del iceberg de una tendencia: la de sancionar leyes y decretos para prohibir los cortes y las manifestaciones en el espacio público. Un intento similar fue frenado en Córdoba. El efecto de las propuestas de los candidatos de derecha para criminalizar la protesta social.

Por Laura Vales

A caballo de la derechización de la campaña electoral, avanza una tendencia preocupante: la creación de normas legales que impiden las manifestaciones e imponen castigos a quienes participen en protestas. En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) avanza con una reforma de la Constitución que limita los reclamos callejeros y en las últimas horas dictó un decreto en la misma línea, que fue ampliamente repudiado por la CGT, la CTA y otras organizaciones sociales y políticas. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz, un hombre cercano a Sergio Massa, acaba de conseguir la sanción de una ley que prohíbe los cortes de ruta totales. En la capital de Córdoba, el candidato a gobernador Martín Llaryora, delfín de Juan Schiaretti -peronista, hoy buscando una alianza con Juntos por el Cambio-, impulsó una modificación del Código de Convivencia para sancionar con multas y días de trabajo comunitario a quienes hagan piquetes: el intento fue frenado, pero dio lugar a que un grupo de comerciantes y vecinos presentaran un habeas corpus contra los piquetes, a los que la Justicia hizo lugar, con el resultado de que hubo manifestantes detenidos.

La creación de nuevas leyes contra la protesta social, de por sí, abre un preocupante panorama. Qué decir si se las piensa en el marco de las promesas que están haciendo candidatos a la Presidencia como Patricia Bullrich (“la palabra central que le estoy proponiendo a la sociedad es orden, orden en la calles y orden contra las usurpaciones, orden económico, orden en la seguridad y contra el narcotráfico”), Javier Milei (“a los cabecillas hay que agarrarlos y meterlos presos”) e incluso Horacio Rodríguez Larreta (“si me eligen Presidente, el día uno termino con las organizaciones sociales que lucran con la necesidad de los que menos tienen”).

Es decir, tienen como contexto estas campañas políticas que proponen “poner orden” habilitando la represión, mientras anuncian que habrá un ajuste en el Estado. Lo hacen, además, mezclando en un mismo paquete a reclamos sociales con delitos comunes e incluso con el narcotráfico, como si todo se tratara de un mismo tema, el de la “seguridad”. Es claro que en algunas localidades esto ha dado señales a determinados sectores de la sociedad -comerciantes, vecinos que se sienten afectados- para que inicien acciones contra los que manifiestan.

Las medidas

Jujuy. En la última semana en Jujuy se repitieron seis masivas movilizaciones multisectoriales. Convocadas por los docentes, que reclaman aumentos de salarios, se sumaron otros gremios -estatales de la provincia, judiciales, municipales-, comunidades indígenas y organizaciones sociales que rechazan la reforma exprés de la Constitución provincial que impulsa el gobernador radical Morales.

En lo referido a la protestas, la propuesta de Morales es clara: dice que “para proteger la paz social” quedarán “prohibidos” los cortes de calle totales y responsabiliza a los representantes o funcionarios públicos que impulsen, “por acción y omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social”. O sea, la idea es meter preso al que proteste, al que organice la protesta e incluso al funcionario que negocie con quien proteste.

La reforma generó fuertes reacciones que confluyeron con el conflicto docente por salarios. Las marchas fueron volcando así cada vez más gente a la calle. Para intentar reafirmar su autoridad, el gobernador emitió un decreto en el que fijó multas más altas a los que “permanezcan en espacios públicos alterando el orden” y habilitó a que se les inicien causas no sólo contravencionales sino penales. Es decir, equiparó a la protesta social con un delito. Hubo movilizaciones de rechazo y múltiples expresiones de repudio a la medida.

Salta. A mediados de mayo, el gobernador massista Gustavo Sáenz consiguió su reelección y sin perder tiempo hizo sancionar en el Congreso provincial su propia ley contra las protestas. Establece que antes de hacer una manifestación pública, esta «debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo», o ante la autoridad que regule la norma. En la notificación debe quedar asentado el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y los responsables u organizadores de la protesta. Las autoridades, dice la ley, podrán dar permiso para que se manifieste o no.

Córdoba. Aquí se da el caso de medidas antiprotesta impulsadas por comerciantes y vecinos del centro de la capital provincial. El grupo presentó un habeas corpus contra las marchas, a la que el juez de Control provincial Juan Manuel Fernández López hizo lugar. En base a esa decisión judicial, en protestas posteriores fueron detenidos manifestantes.

El año pasado el oficialismo había presentado un proyecto para modificar el Código de Convivencia y prohibir las protestas. Luego el radicalismo sumó un segundo proyecto que proponía que los manifestantes debían pedir permiso. “El paquete, unificado, incluía poner penas a los empresarios que brindaran logística a las movilizaciones”, detalló a Página/12 Luciana Echavarría, legisladora del MST (FIT-U).

Mucho más que normas provinciales

Para Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Jujuy y Salta no son excepciones sino casos que se inscriben en una tendencia. “Creo que tiene que ver con el contexto electoral, con el hecho de que tenemos campañas que hacen un uso demagógico punitivo de la protesta, con una mirada casi policial del orden público. Lo otro, sobre todo en los casos de Salta y Jujuy, es que se prevé un aumento de la conflictividad con la expansión de actividades extractivas y me parece que están tratando de generar condiciones para limitar el derecho a la protesta”.

Desde Jujuy, Malka Manestar, integrante de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos humanos y Estudios sociales (Andhes), hizo un repaso. “Esto empezó en 2016 con la reforma del Código Contravencional que tuvo como primer caso al acampe de la Tupac Amaru, y la detención de Milagro Sala, viene desde ahí. El decreto que entró hoy en vigencia agrava el panorama porque aumenta las multas a quien protesta, elimina toda posibilidad de mediación y, con especial gravedad, plantea cesantear a los empleados públicos que reincidan”.

“Prohibir que se interrumpa el tránsito con una manifestación en San Salvador de Jujuy, donde tenemos un casco céntrico chico y las movilización están juntando 20 cuadras de gente, es directamente prohibir el derecho a la protesta”, agregó.

Sobre la pesca de votantes que se sienten hartos de la crisis y de los cortes, Trufó señaló que “mientras las razones estructurales que motivan las protestas no se solucionen, las protestas van a continuar. Por otro lado, nadie debería olvidar que leyes y reformas constitucionales que se realizan pensando en conflictividades específicas luego quedan como un marco general. Si mañana un grupo de vecinos de clase media sale a la calle porque se cortó la luz, o si vuelve a haber protestas de la patronales rurales, les van a aplicar el mismo código”.

“En Jujuy, particularmente, hay un enorme retroceso. Están discutiendo una reforma de la Constitución entre gallos y medianoche, de forma acelerada y sin dar participación a nadie, y quieren evitar las protestas contra esa reforma. Es muy grave lo que está ocurriendo. Son reformas muy peligrosas porque recortan un derecho fundamental de la democracia«.