RIO TURBIO
Descargo público sobre una sentencia en primera instancia del vecino Gabriel Alfredo Herrera en Río Turbio

La familia del acusado Gabriel Alfredo Herrera ha denunciado malos procedimientos y diversas irregularidades en el proceso judicial a cargo de la jueza Betina Bustos en Río Turbio. La denuncia se refiere a un supuesto abuso de una menor en la jurisdicción de Chilecito, provincia de La Rioja, hace más de 12 años.
Romina Alvarado, esposa de Gabriel Alfredo Herrera, denunció malos procedimientos realizados en Río Turbio, en la parte de instrucción a cargo de la jueza Betina Bustos. Según Alvarado, se realizaron allanamientos en un domicilio equivocado, que no se encuentra en esa localidad, sino en otra jurisdicción.
El caso en cuestión es un supuesto abuso de una menor en la jurisdicción de Chilecito, provincia de La Rioja, hace más de 12 años. La cuñada de Herrera, Carolina Alvarado, detalló que la madre de la menor hizo la denuncia en ese entonces y que la chica, siendo mayor de edad, ratificó la denuncia años después. La defensa alega que existen muchas irregularidades y pruebas que no fueron consideradas en la sentencia.
Además, se afirma que la jueza Bustos elevó un exhorto a la ciudad de Chilecito para allanar un domicilio que no era propiedad de Herrera ni de su familia, y en el que nunca vivieron. La defensa sostiene que la jueza debería haber tomado la denuncia y remitirla a Chilecito, porque los jueces de Río Turbio desconocen la ciudad y la provincia de La Rioja.
El juicio empezó el 25 de noviembre de 2022, y la sentencia se dictó el viernes siguiente, sin presencia de público y con varias irregularidades, según la defensa. La carátula del caso fue cambiada y elementos básicos como el tiempo y lugar fueron alterados, dejando al acusado sin derecho a defensa de ese año.
La esposa de Herrera y su hermana piden que se revise todo, desde el domicilio hasta el audio del juicio, y la defensa ha pedido la nulidad y absolución del acusado.
28 DE NOVIEMBRE
Concejales de SER repudiaron el robo en el Tribunal de Cuentas y exigieron transparencia institucional

Concejales del Partido SER de diferentes localidades de Santa Cruz expresaron su profunda preocupación y repudio por el grave hecho ocurrido en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde fue sustraída una computadora con información vinculada a municipios.
Desde 28 de Noviembre, la concejal Juana Albarracín advirtió que lo sucedido “no se trata solo de un robo, sino de un intento de frenar el cambio profundo que la sociedad santacruceña eligió, poniendo en riesgo la transparencia y el control de los recursos del pueblo”.
También de 28 de Noviembre, el concejal Gabriel Correngo sostuvo que “la integridad institucional es un pilar fundamental para el desarrollo de Santa Cruz. Nuestro compromiso es inquebrantable con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones”.
Por su parte, los concejales de SER de Río Gallegos remarcaron que “este hecho se suma a la sistemática negación de acceso a la información pública, ya que ni las rendiciones de cuentas 2023 ni 2024 han sido puestas a disposición del Honorable Concejo Deliberante, como corresponde por ley”.
En tanto, el bloque de concejales de SER en Pico Truncado también fijó postura. La concejal Tamara “Piru” Vera afirmó que lo ocurrido “atenta directamente contra la transparencia institucional y constituye un golpe a los mecanismos de control que deben garantizar información clara y responsable a los vecinos”.
El concejal Juan Ramón Silva agregó que “no es un hecho menor ni aislado. Sucede en un momento en el que se trabaja por terminar con privilegios históricos, lo que vuelve aún más sospechosa esta situación y obliga a redoblar los esfuerzos por fortalecer las instituciones”.
Por su parte, el concejal Marcos “Waco” Flores subrayó que “nuestro compromiso es claro: defender los recursos del pueblo, exigir rendición de cuentas y asegurar que nunca más los organismos de control sean utilizados en beneficio de unos pocos”.
Finalmente, los concejales de SER coincidieron en que es imprescindible que las autoridades competentes esclarezcan de inmediato lo sucedido, actúen con firmeza para que no quede impune y garanticen que hechos de esta gravedad no se repitan.
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