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Martes 24 de Junio del 2025

SOCIEDAD

Especialistas jurídicos con miradas distintas advierten que la decisión de la Corte daña al sistema democrático y «el Estado de derecho»

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Graciana Peñafort y Andrés Gil Domínguez coincidieron en criticar las cautelares de la Corte Suprema que dejaron sin efecto las elecciones del próximos domingo en Tucumán y San Juan.

Los especialistas jurídicos Graciana Peñafort y Andrés Gil Domínguez señalaron que las cautelares de la Corte Suprema de Justicia que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán «ponen en peligro el Estado de derecho» y «genera un daño gravísimo al sistema democrático».

«Las instituciones están funcionando mal y lo que estamos viendo son precisamente las consecuencias de ese mal funcionamiento, que pone en peligro el Estado de derecho», señaló la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. La especialista indicó que la ley 48, que determina las jurisdicciones y competencia de los tribunales nacionales, «dice que la única manera que puede intervenir la Corte en este tipo de casos es cuando hay sentencia firme de los tribunales de provincias».

«En el caso de San Juan no hay sentencia firme del tribunal de provincia. Y en el caso de Tucumán hay una sentencia del tribunal de provincia pero no fue impugnada por la vía que corresponde, que es un recurso extraordinario», detalló. Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición. Además, Peñafort destacó que «los miembros de la Corte tienen claramente una especial animadversión con uno de los afectados, como es el caso de (el candidato a gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo, que ni siquiera puede ser impugnado».

La Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.

Foto: Télam

En tanto, el abogado Andrés Gil Domínguez publicó en su cuenta de Twitter «algunas breves reflexiones constitucionales» en torno a la medida cautelar dictada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia.

«Desde el punto de vista constitucional, la CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares aunque tengan una argumentación escuálida en relación a lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido», indicó Gil Domínguez.

Y aseveró que «suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada«.

La Corte citó los casos de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 y de Alberto Weretilneck en Río Negro en 2019, quienes debieron resignar sus postulaciones, aún cuando la controversia se zanjó mucho antes de los comicios y no involucró ninguna suspensión.

Al respecto, Gil Domínguez señaló que «la jurisprudencia de la CSJ habilita la instancia originaria cuando está en juego el principio republicano de gobierno respecto de la interpretación y aplicación de normas constitucionales locales -casos Santiago del Estero (2013), La Rioja (2019), Río Negro (2019)-.».


Avisos

INFO. GENERAL

En el problema universitario está en juego el futuro de la Nación

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En una conferencia de prensa realizada en la sede central del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), autoridades del CIN y representantes de los colectivos docente, nodocente y estudiantil de las universidades reclamaron el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario presentado ante el Congreso el 28 de mayo y convocaron a una jornada federal de apoyo a la universidad pública y al sistema científico que se realizará este jueves 26 a lo largo y a lo ancho del país.

Oscar Alpa, presidente del CIN, quien encabezó la conferencia, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la nación” y puntualizó las dificultades presupuestarias, de financiamiento y salariales que atraviesan la comunidad universitaria y científica de Argentina.

El titular del CIN indicó que “hay un desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar, lo que genera muchas dificultades y una situación salarial angustiante de docentes y nodocentes». En el mismo sentido, Alpa agregó: «No tenemos respuestas respecto de obras paralizadas o pedidos de actualización de becas estudiantiles y la situación del sistema científico es muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado. Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando, y por eso pedimos al Congreso una ley que nos dé una respuesta”.

Acompañado por el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci; el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho; y representantes de CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN, entidades que nuclean a docentes y nodocentes de las universidades, llamaron a la sociedad argentina a sumar su firma en adhesión al proyecto de ley y pidieron a las y los legisladores que garanticen quorum en el Congreso para su tratamiento.

Bartolacci precisó: “Este jueves 26, en cada ciudad en la que haya una universidad pública, durante toda la jornada habrá actividades de diverso tipo para promover su defensa, para solicitar que se apruebe la ley. Pedimos a la sociedad argentina que se sume a la campaña ´Un millón de firmas por la universidad pública´ y que adhiera así al proyecto de financiamiento presentado en el Congreso; y a legisladores nacionales que otorguen quorum en la sesión especial prevista para el 2 de julio, de manera de emplazar a las comisiones para que la ley pueda tener dictamen favorable”.

Y, como conclusión, Alpa cerro: “Las y los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; las y los estudiantes actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades necesitan recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley, por eso pedimos su aprobación urgente, conscientes de que en el problema universitario está en juego el futuro de la nación”.

Fuente: www.cin.edu.ar 


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