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El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz denuncia que el paro de ADOSAC es «ilegítimo» y advirtió sanciones

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La cartera laboral señala que la medida de fuerza desarrollada a pesar de la conciliación obligatoria, en rechazo a la oferta elevada por el Gobierno de Santa Cruz e indicaron que en esta etapa «debe imperar la buena fe de las partes» y que la misma «se ve vulnerada a través de estas acciones.»

En primera instancia, la Cartera Laboral Provincial, representada por la secretaria de Estado de Trabajo, Guadalupe Novas, quien participa en las distintas reuniones paritarias, indicó que el no acatamiento por parte de ADOSAC a la conciliación obligatoria y las medidas de fuerza adoptadas por dicha entidad son ilegítimas. “Nos encontramos en el ámbito de conciliación obligatoria donde debe imperar la buena fe de las partes y lo que claramente se ve es que la misma está siendo vulnerada a través de estas acciones. A su vez no debemos olvidar que al dictar la misma, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. Por lo que no se deberían iniciar nuevamente medidas de fuerza, dado que no están amparadas por la ley”, explicó. A la vez, subrayó que ante el cuadro de situación que se plantea actualmente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a lo que marca la normativa de fondo, con el fin de garantizar la paz social y ponderar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes que son los principales afectados.

Las mesas de negociación

La propia secretaria, manifestó: «Ambas partes previa citación de este Ministerio, dieron inicio a la mesa de negociación el día 12 de diciembre del año 2022, luego se llevaron adelante 3 reuniones más, las cuales fueron celebradas los días 21, 26 y 29 de diciembre, siempre con la predisposición y buena fe de las partes”, detalló Novas, quien continuó detallando las reuniones subsiguientes durante 2023, destacando de la permanente «buena fe de las partes.»

“Cabe señalar que, en la última reunión, quedó pendiente un cuarto intermedio a los fines de que el Poder Ejecutivo llevara una nueva propuesta a la mesa. Es así que, estando la mesa de negociación abierta, con todos sus integrantes a disposición, ambos gremios decidieron no dar inicio al ciclo lectivo, resolviendo realizar un paro que imposibilitó el normal inicio de clases”, amplió.

Conciliación Obligatoria

En virtud de esta situación, Guadalupe Novas señaló que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria a AMET y ADOSAC, con la finalidad de garantizar el regreso de los alumnos a clases.

Es importante destacar que el sindicato AMET, acató el dictado de su conciliación obligatoria y se sentó a resolver el conflicto que lo llevo hasta allí. “Acordó con el Poder Ejecutivo la propuesta salarial en base a su reclamo, entendiendo la importancia de que los docentes perciban un aumento en los salarios de manera urgente en virtud de los índices inflacionarios actuales. Es por ello que ese aumento fue efectivizado a la brevedad y fue percibido por la totalidad de los docentes provinciales”, remarcó.

Explicación para «Doña Rosa» y eventuales sanciones

“Ahora bien, debemos tener en cuenta que el dictado de una conciliación obligatoria se realiza con el fin de retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto. Es decir para Doña Rosa, que se dicta con el fin de volver las cosas al estado anterior, acercando a las partes para que estas puedan llegar a una resolución del conflicto, esto es que el que está realizando medidas de fuerza (paro) debe hacerlas cesar y el Empleador tiene la obligación de sentarse a debatir sobre los puntos que dieron inicio al conflicto en busca de soluciones pacíficas que no afecten a los trabajadores ni a la comunidad en general. Cuando una de las partes no acata dicho ámbito de negociación (conciliación obligatoria) la normativa vigente aplica sanciones entendiendo que es una obstrucción a la Autoridad Laboral. No hacer caso a la resolución impartida genera un perjuicio no solo al sindicato sino a la comunidad toda”, agregó.

Antes de finalizar, Novas precisó que “es muy raro que al ser dictado un acto administrativo de esta índole y acatar de hecho el mismo, es decir, sentándose en una primera reunión, el gremio decida continuar con el conflicto, aludiendo a que se los cita a una nueva audiencia en una fecha que ellos no están de acuerdo”. Además, sostuvo que en este momento ADOSAC, solicita la reapertura de una mesa de negociación paritaria siendo que en realidad la misma se encontraba abierta previo al inicio de paro. “La conducta desplegada necesariamente conlleva al dictado de una conciliación obligatoria, no siendo bajo ningún sentido una herramienta utilizada para dilatar la negociación. Sino todo lo contrario, ya que el objetivo siempre es y será el de acercar a las partes en conflicto”, concluyó.


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Luis González, representante de jubilados en YCRT: “Somos los primeros en caer”

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El representante de los jubilados de YCRT brindó antecedentes y datos que confirman sus dichos. En este marco, se pronunció tras la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación, siguiendo ahora el tratamiento parlamentario en la esfera del Senado. Habló de la posibilidad de que la empresa estatal se privatice de manera parcial.

La Cámara de Diputados dio luz verde, el pasado martes, a la Ley Bases. Uno de los temas más sensibles en el proyecto de ley son las privatizaciones. Del listado original de 41 empresas, solo quedaron en pie 11: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina y Intercargo, serán completamente privatizadas. Por otro lado, Agua y Saneamientos Argentinos, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, podrían ser concesionados. Por último, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, contarán con regímenes especiales.

Luis «Angelito Negro» González, representante de los jubilados de YCRT, habló sobre sus sensaciones tras la aprobación de la Ley Bases en la Cámara Baja: «El jueves pasado estuvimos en la Cámara de Diputados, fui con los jubilados, lo que trataba de explicar es que esto ya lo vivimos. Yo viví los ’90 y puedo dar testimonio de lo que pasó. Esto es cíclico y sabíamos que iba a ocurrir».

«Nosotros tenemos una cuestión religiosa, la consigna de fortalecer al Estado para defender a la población. Esta decisión ha sido rechazada desde que aparece el DNU y la Ley Ómnibus», indicó en diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5.

En torno a los dichos del diputado Sergio Acevedo, sostuvo: «Escuché que no iba a adherir y luego adhirió. Esto generó un cimbronazo hacia el interior de las organizaciones sindicales que están viendo cómo se acomodan ante esas declaraciones».

«No he participado en ninguna reunión oficial, salvo cuando fuimos a la Cámara de Diputados. La experiencia y los antecedentes indican que los jubilados son los primeros en caer en esa nueva organización», expresó.

Privatización parcial ¿qué significa?

Ante la posibilidad de que YCRT se privatice de manera parcial, opinó: «En el ’91 apareció un señor del grupo de Cavallo, las condiciones no son las mismas. Había 3465 trabajadores, hoy hay 2200 trabajadores. En ese tiempo, nuestra tarea era vender carbón, no estaba la Usina. Lo cierto es que en cuanto a los activos y la sustentabilidad de la empresa, la Usina venía a poner un equilibrio económico financiero».

«Uno si lo analiza desde la empresa, estaríamos en mejores condiciones que en los ’90. En este esquema, el 49 % estaría orientado a sectores que darían rentabilidad como la Usina y Punta Loyola, el 51 % se trata de sacar carbón y transportar a Punta Loyola», continuó.

«Hay que tomar conciencia y hacer cosas que vayan en la dirección de tener menos dependencia del Estado Nacional», concluyó.


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