Por Betina Stein *

El informe de auditoria de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la cuenta de inversión del año 2018 dejó nuevamente en evidencia las graves irregularidades en la suscripción del acuerdo con el FMI por parte del gobierno de Mauricio Macri. Paradójicamente -o no- justo en momentos en que Juntos por el Cambio emitió un comunicado advirtiendo sobre una supuesta “bomba” por la deuda en pesos del Tesoro Nacional.

Recordemos que entre mayo y octubre de 2018 el gobierno de Juntos por el Cambio suscribió con el FMI un préstamo stand by por un monto aproximado de 57.000 millones de dólares del que finalmente se recibieron 44.500 millones ya que el Frente de Todos -luego de ganar las elecciones- hizo saber al organismo que rehusaría recibir los desembolsos faltantes.

En marzo de 2020 el Banco Central elaboró un informe que dio cuenta de que en el período que va de mayo de 2018 a octubre de 2019, en el que llegaron a desembolsarse los 44.500 millones del crédito stand by, las reservas del BCRA abastecieron una fuga de capitales de 45.100 millones. Así quedó en evidencia que los dólares ingresados se utilizaron para un destino distinto al expuesto en el Memorándum presentado al FMI, ya que el gobierno de Macri se comprometió a utilizar los fondos para disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales y, en cambio, las divisas fueron utilizadas para la fuga.

Además, el uso de los fondos del préstamo para formación de activos externos (fuga de capitales) , violó los términos del artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales.

En marzo de 2021, a pedido del Banco Central, la SIGEN –máximo órgano de control interno del Estado- emitió un informe de auditoria sobre “los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand-By en 2018”. El informe concluyó “que los compromisos asumidos con el FMI fueron contraídos sin contar con la previa intervención de los órganos competentes en la materia, ni con la información económica, financiera y jurídica necesaria para su celebración”. 

La SIGEN ratificó así la existencia de dichas irregularidades. Primero: no hubo un decreto del Poder Ejecutivo o una ley del Congreso que autorizara el endeudamiento. Segundo: se omitió el informe del BCRA sobre el impacto que la operación de crédito tendría en la balanza de pagos. Tercero: no hubo un dictamen jurídico previo a la firma de los documentos que analizara la legalidad y la legitimidad de dicha medida. Cuarto: no hubo autorización del Jefe de Gabinete para el endeudamiento. Todos estos actos administrativos son ineludibles e indispensables para dar validez al acuerdo conforme la ley de administración financiera.

Ese mismo mes, el titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, contando con los informes del Banco Cental y la SIGEN, efectuó formalmente denuncia penal ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal nro.5 donde tramita la causa penal nro. 3561/19 “Macri Mauricio y Otros s/ defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública».

El 8 de abril 2021 mediante un decreto, el Poder Ejecutivo instruyó a la SIGEN a determinar la existencia y cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada. Asimismo, ordenó a la Procuración del Tesoro de la Nación no sólo a presentarse como querellante en la causa, sino además –y he aquí lo novedoso- a iniciar las acciones judiciales conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, mediante la respectiva acción civil en el proceso penal.

Por primera vez el Estado iniciaría acciones para reclamar el resarcimiento del perjuicio económico emergente de los delitos que se investigan en la causa penal, contra quienes eventualmente resultaran responsables de los mismos. 

La SIGEN elaboró su informe determinando que la ejecución del Acuerdo stand by con el FMI efectivamente produjo un perjuicio económico para la Argentina. La Procuración del Tesoro hizo su parte, presentándose en representación del Estado como querellante en la causa penal y asumió el rol de actor civil para la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios.

El préstamo de Macri con el FMI significó el endeudamiento en moneda extranjera más extraordinario e irresponsable de la historia. En contraste, este gobierno tomó medidas muy concretas en defensa del erario público y el interés colectivo para que el Poder Judicial investigue y en caso de corresponder condene penal y económicamente las conductas que condicionaron la vida de generaciones de argentinos y, en especial, de aquellos que más necesitan de la ayuda del Estado.

Desde el año 2019 remarcamos con insistencia los incumplimientos a las normas administrativas de la toma de deuda con el FMI. Las irregularidades descriptas –y hoy ratificadas por todos los organismos que analizaron las actuaciones administrativas- comprometen seriamente la responsabilidad penal y patrimonial de los funcionarios públicos que han participado en esta maniobra de endeudamiento.

La posibilidad de una condena penal y de un resarcimiento económico, que permita pagar parte de la deuda con el FMI con dinero de los responsables de este brutal endeudamiento, depende ahora del trabajo de la doctora Capuchetti, jueza a cargo de la causa y de la Fiscalia. Toda la información está agregada al expediente, incluso el informe de la AGN. 

Esperamos que la investigación comience a avanzar con la rapidez y la constancia que la gravedad de los hechos exige.

* Abogada, ex directora del Banco Central.