Por primera vez, las actuaciones en la causa sobre las actividades organización de ultraderecha se cruzan con las del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirichner. Los detalles de los investigados.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de ocho personas y sociedades que figuran como supuestos proveedores del fideicomiso Espacio Añelo, de la empresa Caputo Hermanos, que construyó un edificio en la zona neuquina de Vaca Muerta y lo equipó con muebles presuntamente fabricados en la provincia de Buenos Aires. En simultáneo, en el expediente en el que se investigan las actividades de la organización de ultraderecha Revolución Federal se produjo el primer episodio que –a contramano de lo que opinan la jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal porteña- traza un puente entre las proclamas de odio antikirchnerista con el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. 

El fiscal Carlos Rívolo, quien interviene en la causa por el intento de magnicidio, autorizó a su colega Gerardo Pollicita, a cargo del expediente de Revolución Federal, a acceder a “toda aquella información que surja de las extracciones practicadas sobre los teléfonos secuestrados en la presente causa”. Y lo hizo “ampliando los términos de la colaboración requerida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8,  en el marco de los autos 3103/2022 caratulados Morel, Jonathan y otros s/averiguación de delito”.

En ningún momento Rívolo sostuvo expresamente que las causas tengan una conexión manifiesta. Pero hasta ahora la jueza Capuchetti y los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron la acumulación de ambos expedientes porque, según arguyen, lo que tramita en uno no tiene nada que ver con lo del otro. Entonces, ¿cuál sería la colaboración a la que aludió Rívolo ante el pedido de Pollicita? Por primera vez surge un principio (muy tibio todavía) de reconocimiento de que los caminos inexorablemente deben cruzarse. 

En ese punto es central la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). 

Muebles o pantalla, esa es la cuestión

En cuanto a los proveedores de Caputo Hermanos, la investigación parece orientarse a determinar si las facturas presentadas por la empresa relacionada con uno de los hombres más cercanos al ex presidente Mauricio Macri responden efectivamente a la provisión de bienes y servicios o si se trata de una pantalla para disimular el financiamiento de las actividades de Revolución Federal. 

Martínez de Giorgi dispuso el levantamiento del secreto respecto de los particulares Diego Martín Patrignani, Francisco Javier Aris, Sergio Cayetano Verde y Héctor Inocencio Di Rico; sobre las empresas Zetamix SA, Dormipol SA, Gioluce SRL y sobre la Cooperativa de Trabajo Los Artesanos Limitada.  Todos figuran en el expediente como “proveedores del Fideicomiso Espacio Añelo”. 

En la víspera, el fiscal Pollicita había pedido idéntica medida contra una sexagenaria que también figura como proveedora  de la empresa de los Caputo. Se trata de María Isabel Said, sobre quien el fiscal busca determinar sus movimientos económicos del “periodo comprendido entre mayo 2021 hasta la actualidad y con el fin de contar con información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber recibido provenientes de personas involucradas en el caso”.  En su caso, aparecen dos facturas por más de 800 mil pesos por la provisión de muebles que no pudo haber fabricado. ¿A título de qué se pagaron esas facturas?

El otro pedido está referido a Oscar Enrique Sosa, el padre de uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Leonardo Sosa, en cuyo poder fueron hallados 50 mil dólares durante un procedimiento.

El fiscal quiere saber –y el juez lo consintió- “las transferencias registradas: datos del ordenante y del destinatario, movimiento de cheques, la fecha, monto, moneda, librador, beneficiario y endosante, todo ello, con el objeto de determinar el origen y destino de los fondos”.