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El gobierno denunció a D´Alessandro por “incumplimiento de deberes de funcionario público”

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El ministro Martín Soria anunció que presentó la denuncia contra el funcionario porteño por pedido del presidente. Es por deberes de funcionario público, cohecho y peculado.

Unos días después de que se conociera el pedido de licencia, el gobierno decidió presentar una denuncia contra Marcelo D’Alessandro, el ministro implicado en las filtraciones de los chats tanto de Lago Escondido como las comunicaciones que vinculan al PRO con la justicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, fue el encargado de anunciarlo y aclaró que fue por instrucción del presidente Alberto Fernández, quien le encomendó presentar una denuncia penal en la justicia para que «se investigue» al ministro de Seguridad y Justicia porteño actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado».

«Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros»,  escribió el ministro en cuenta en la red social Twitter.

Soria informó que se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, en la que pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que «se investigue» al ministro de Seguridad de CABA por «la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales».

En este sentido, Soria recordó que los chats «involucran» también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

«La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas», afirmó el ministro.

El escrito presentado plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría «una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos» y esto sería «incompatible con un Estado de Derecho».

La denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A. Asimismo, desde el gobierno denunciaron que «la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados», que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, «podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño».

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.


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Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

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Afecta al giro de dividendos y operaciones con Bopreal, que ahora pasan a estar gravadas en 17.5%. El gobierno busca evitar que el desplome de la recaudación se lleve puesta la meta fiscal.

Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

Por Luciana Glezer

En medio de los reclamos de los empresarios por el cepo cambiario, Luis Caputo dispuso extender el impuesto PAIS al giro de dividendos y a las operaciones con Bopreal, instrumento financiero pagadero en pesos que al vencimiento cumple con el equivalente en dólares más los intereses devengados, al que pueden acceder personas físicas o jurídicas titulares de cuentas habilitadas en el mercado bursátil.

 Mediante el decreto publicado este lunes se establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Además, se aplica el mismo porcentaje a quienes adquieran BOPREAL con fines similares 

«Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI», afirmó el economista y diputado del PRO Luciano Laspina. 

Laspina se sumó junto a Marina Dal Poggetto a la troupe de la ortodoxia que viene amplificando duras críticas hacia Milei. Forman parte de ese equipo Domingo Cavallo y Carlos Rodriguez.

Todos estos economistas representan la voz de los empresarios, que buscan que Milei cumpla la promesa de campaña de levantar el cepo.

Los economistas apuntan al punto débil: las restricciones cambiarias, la permanencia del cepo. «Hay que salir del esquema de transición, eliminar el cepo cambiario y establecer el nuevo régimen monetario. Es imposible que haya recuperación económica con el actual diseño del programa», planteó Laspina en una entrevista concedida al diario La Nación este domingo. 

Más hondo caló Marina Dal Poggeto, directora de Ecogo: «El esquema es cepo dependiente. Bajar las tasas de interés y atrasar el tipo de cambio, no te ayuda a estabilizar la demanda de pesos. Mucho menos, si tu programa financiero depende de la recirculación de los pesos del BCRA al Tesoro», afirmó la economista. 

Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI

Dal Poggetto explicó que los bancos le venden bonos caros al BCRA y después los recompran más baratos con algún estiramiento en los plazos. Agrega Dal Poggetto que el mecanismo incluye la posibilidad de hacerse de liquidez contra el BCRA con el riesgo de monetización, a través de seguros (PUTS). 

Los pasivos remunerados hoy alcanzan a $33 mil millones. «Este esquema empezó a encontrar límites en la última licitación, cuando los pesos emitidos por la venta de bonos al BCRA no pudieron ser tomados por en la licitación del Tesoro», indicó Dal Poggetto.

A las claras las cuentas del BCRA lucen lejos de sanearse. A la situación de los pasivos se sobreimprime el derrumbe de la recaudación que complica la meta fiscal. Sostener el Cepo y conservar este impuesto que grava y restringe el acceso a dólares, la única alternativa en este esquema. 

 Marina Dal Poggeto 

El interrogante se abre sobre el grado de comprensión y paciencia que pueda conseguir el gobierno de parte del bloque de poder que sustenta su proyecto político del gobierno. Lo cierto es que empresas, bancos, inversores y hasta el propio FMI condicionan el financiamiento al levantamiento de las barreras cambiarias. 

 El Impuesto PAÍS fue originalmente implementado el gobierno anterior para limitar el acceso al mercado cambiario. Con esta ampliación, el gobierno busca evitar el derrumbe de la recaudación, que en marzo cayó 13,2% debido a la depresión del nivel de actividad. En este contexto el único tributo que crece exponencialmente es el Impuesto PAIS con un alza de mas del 1100% en términos interanuales. 


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