Irina Hauser

La Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta –uno de los dirigentes del Juntos por el Cambio con aspiraciones presidenciales– y ordenó que se le entregue a la Ciudad de Buenos Aires un 2,95 por ciento de fondos coparticipables. La decisión responde al reclamo contra el decreto de Alberto Fernández que en septiembre de 2020 redujo del 3,5 al  2,3 por ciento los fondos porteños (que había triplicado Mauricio Macri por decreto con la excusa del traspaso de la Policía Federal) y la ley 27.606 que lo convalidó en diciembre de ese año. Los supremos, por unanimidad, decidieron suspender la aplicación de esa norma y, según un criterio propio que consideran ecuánime, establecieron un porcentaje para que reciba la Ciudad, y que se le transfiera dinero diariamente, mientras se toman su tiempo para decidir la discusión constitucional de fondo. El fallo afirma que no afecta a las provincias, pero no faltaron mandatarios que salieron a cuestionar la decisión y plantean lo contrario. Los gobernadores se reunirán este jueves con el presidente Alberto Fernández para plantearle que desconozca la decisión de los cortesanos. 

Es «un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad mas opulenta del país y el resto del país. Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo», dijo el presidente Fernández en Formosa. En la reunión de gobernadores se analizarán distintas variables. Algunos ya piensan qué pasaría si no se acatara el fallo, evalúan el perjuicio para las provincias, hay quienes señalan hace falta dinero para cumplir con el programa del FMI, y también analizan un pedido de juicio político contra el tribunal, entre otras cosas. El chaqueño Jorge Capitanich es uno lo promotores de estas medidas. Por su lado, Rodríguez Larreta anunció –algo que prometía cada vez que hablaba de este expediente– que suspenderá el impuesto a las tarjetas de crédito y y reducirá del 8 por ciento al 2,55 por ciento el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los Instrumentos Financieros (Leliq y Pases). Queda clara la colaboración suprema con su campaña. Tanto él como Mauricio Macri habían celebrado la cautelar en Twitter. Este último agregó una frase elocuente que muestra sintonía con un sector importante del Poder Judicial: «El fin del populismo está cada vez más cerca». Un concepto que, de otro modo, había puesto en palabras el juez Rosenkrantz el decir que detrás de cada necesidad no hay un derecho. 

El fallo, que firman todos los integrantes del alto tribunal (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), tiene cierta apariencia salomónica, al establecer un porcentaje que no es el que pedía Larreta, que reclamaba 3,50 por ciento, y que no tiene aplicación retroactiva. Sin embargo, se entromete en decisiones políticas y legislativas y dice que el reclamo de Rodríguez Larreta tiene «verosimilitud» y «peligro en la demora». En medio de la sentencia hace un repaso de la historia de la Ciudad y cuestiona que aún no tiene autonomía financiera porque nunca se consensuó una ley de coparticipación federal. De ese modo justifica su decisión de fijar un porcentaje para que reciba la Ciudad. Como frutilla del postre, una suerte de síntesis que circuló de manera informal el tribunal lleva el siguiente título: «La Corte le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de fondos coparticipables». 

La historia según el cristal

En enero de 2016 Macri firmó el decreto 194 que elevaba del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento la participación que le corresponde a CABA por la coparticipación federal de impuestos. El texto no explicaba las razones de semejante suba, algo que planteó el Estado Nacional ante la Corte. El decreto 257/2018 bajó el porcentaje a 3,5 recién entonces se refería a que supuestamente la suma respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en CABA. En 2020, en el contexto de un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández, redujo el porcentaje en cuestión a 2,3. El gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante la Corte contra el decreto y con posterioridad para pedir también la inconstitucionalidad de la ley. Hubo audiencias de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad, pero todas fracasaron. La Ciudad nunca explicó cómo es que necesitaba 112 mil millones de pesos para una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibe 70.000 millones para 32.000 policías. 

* En el análisis que hacen lo supremos para justificar por qué otorgan la medida cautelar dan preponderancia a los planteos de la Ciudad. Dicen que la demanda tiene «verosimilitud» porque «ni la reasignación de recursos establecida en el decreto 735/2020 (de Fernández), ni la que, luego, dispuso la ley 27.606 han sido aprobadas por la Ciudad de Buenos Aires, ni previa, ni ulteriormente». Cuando están en juego reglas para «la coparticipación de impuestos como la transferencia de servicios, competencias y funciones de la Nación a las provincias» todo queda condicionado a la «previa aprobación tanto por el Congreso como por cada una de las jurisdicciones involucradas (provincias o Ciudad de Buenos Aires)». 

«El proceso de transferencia de los servicios de seguridad en materias no federales debe llevarse a cabo mediante convenios entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, lo cual (…) incluye el concurso de voluntades sobre la cantidad de recursos que corresponde reasignar para su financiamiento», dice la Corte. Luego, advierte, «el Estado Nacional no puede reducir unilateralmente ex post facto el nivel de los recursos comprometidos para la financiación del gasto que irrogue el servicio. Se trata de competencias estatales que se desplazan de un gobierno a otro, operación que, por su naturaleza, solo puede hacerse con vocación de permanencia… «. 

* La Corte también dice, para justificar su medida provisoria y favorable a Rodríguez Larreta, que existe «peligro en la demora» ya que desde que sólo en el breve período desde que salió el decreto que redujo los fondos coparticipables, el 9 de septiembre de 2020 y hasta que se votó la ley «las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación de impuestos fueron reducidas significativamente. El efecto que habría tenido esta brusca y sustancial reducción de los recursos para la provisión y financiamiento de bienes y servicios públicos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires adquiere plausibilidad si se tiene en cuenta que el Estado Nacional y los estados particulares actúan sobre la base de programas presupuestarios de base anual como mínimo». Pero agrega, como para mostrar una supuesta equidad, que también tuvo en cuenta el planteo del Estado Nacional sobre el «nivel de transferencias dinerarias y el costo de los servicios de seguridad pública transferidos a la Ciudad Autónoma. Al respecto, existe un desacuerdo de hecho entre las partes para cuya solución ambas han ofrecido distintos medios de prueba, parte de los cuales se encuentra pendiente de producción». Los cortesanos dicen que este planteo debe tener «incidencia» en la medida cautelar y se supone que por eso no le conceden al gobierno porteño todo el porcentaje que pide. 

El tribunal dice entonces que por el momento opta por distribuir «entre las partes del juicio la carga de soportar los eventuales perjuicios vinculados con la duración del proceso (…) se morigera el riesgo que enfrentan ambas partes de que, hasta tanto se dicte el fallo final, uno de los estados reciba menos o el otro deba entregar más recurro coparticipables de los que en definitiva corresponda». No está claro cómo calculan que lo que deberá transferir el Estado nacional será el 2,95 por ciento (hasta ahora se le transfería 2,32) –en forma diaria y automática a través del Banco Nación–, que algunos especialistas leen como otro intento de legislar de la Corte a través de sus fallos y en este caso, peor, de una medida provisoria, al quedar la cuestión de fondo para la posteridad. Es un tema, claro está, donde los primeros planteos llegaron al máximo tribunal ya entre septiembre de 2020 y fines de ese año.  

Sobre el final el texto dice que «corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria».

Para el ministro de Justicia, Martín Soria lo que decisión la Corte es escandaloso: «Para coronar el año más escandaloso de la Justicia argentina, la Corte legaliza el acto más unitario del gobierno de Macri y obliga a que todos los argentinos paguemos por la «policía porteña» un presupuesto semejante al de todas las fuerzas federales del país juntas», escribió el ministro.

Si bien este jueves se conocerán más posturas de los gobernadores, hubo quienes ya se expresaron. La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, escribió en Twitter que «El fallo afecta a las provincias y favorece a la ciudad más rica del país. La decisión de los jueces vuelve a generar privilegios para pocos y a perjudicar a la enorme mayoría dle país. Esto significa directamente menos inversión en las provincias para todas y todos, es decir que representa menos escuelas,  menos médicos, menos viviendas, menos caminos, menos rutas para las y los bonaerenses». También se pronunció el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora: «la ciudad más rica simplemente se burla» y el federalismo, añadió, «quedó pulverizado». El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, sostuvo que es una sentencia «inconstitucional» y que va «en contra del federalismo» (que tanto pregona la Corte Suprema). Este jueves, todo indica, crecerá la tensión.