El Gobierno argentino busca lograr el asilo político que le permitirá a Duarte Pesantes dejar la embajada argentina en Quito y viajar a Buenos Aires.

La cancillería ecuatoriana citó al embajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, para que explique los motivos por los cuales el gobierno de Alberto Fernández dio un ultimátum para conseguir el asilo político para María de los Ángeles Duarte Pesantes, la ex ministra de Rafael Correa que fue condenada a ocho años de prisión por corrupción.

Esto se produjo en medio de la creciente tensión entre los gobiernos de Argentina y Ecuador, después de que la gestión de Fernández solicitase a principios de este mes el asilo de la ex funcionaria, quien está refugiada en la embajada argentina en Quito desde agosto de 2020.

En ese marco, el Gobierno argentino busca lograr el asilo político que permitirá a Duarte Pesantes dejar la embajada y viajar a Buenos Aires. Mediante un comunicado, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, rechazó la carta que le envió su par argentino, Santiago Cafiero, en la que le solicitó este lunes que en las próximas 48 horas se decidiera la situación.

«Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico», expresó el comunicado del país gobernado por el derechista Guillermo Lasso. En el texto además se recordó que la ex funcionaria está condenada por actos de corrupción y que se adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, las convenciones y la legislación ecuatoriana, que la dará a conocer «en su oportunidad».

Argentina pretende que se establezca un salvoconducto para que Duarte Pesantes pueda movilizarse hasta el aeropuerto, lo que neutraliza la orden de captura que pesa sobre ella.

La dirigente se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los años 2007 y 2009​​, luego fue ministra de Inclusión Económica y Social de 2009 a 2010 y finalmente ministra de Transporte y Obras Públicas de 2010 a 2014.

En relación con su último cargo es que fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de soborno en un caso de aportes de campaña irregulares al partido de gobierno de entonces Alianza País por parte de empresas ecuatorianas e internacionales, incluida la brasileña Odebrecht.