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El Gobierno accederá a información de cuentas de argentinos en EEUU e impulsa un blanqueo de capitales

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El ministro de Economía Sergio Massa y el embajador Marc Stanley firmaron el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria. El funcionario aclaró: “No buscamos perseguir a nadie”.

El Gobierno firmó el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, como anticipó Marcelo Bonelli en TN, e impulsa un blanqueo de capitales. El convenio implica que la administración de Joe Biden proveerá por nueve meses, hasta el 30 de septiembre, datos de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en el país norteamericano, cuentas individuales, de sociedades integradas por argentinos y de ciudadanos argentinos integrantes de sociedades.

El acuerdo se firmó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en un acto del que participaron el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Massa aclaró que con este convenio no van a “perseguir a nadie” y que irán por los que “eludieron” el pago de impuestos al no declarar patrimonio en el exterior.

Massa explicó que Estados Unidos brindará la información financiera de las cuentas declarables, con identificación del titular de la cuenta, identificación de la entidad financiera, monto bruto de intereses y dividendos percibidos por la renta, y que la Argentina hará el mismo proceso. Se trata de información correspondiente a todos los movimientos de cuentas a partir de septiembre de 2021.

A partir de la firma del acuerdo el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de blanqueo, que espera que se trate en sesiones ordinarias antes del 30 de diciembre. Contempla que los argentinos que no exteriorizaron su patrimonio puedan hacerlo entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2023, y que a partir del 1° de octubre haya sanciones para las cuentas no declaradas tanto desde el punto de vista económico como penal.

Las frases más destacadas de Sergio Massa
“En 2017 se firmó un acuerdo de FACTA con una particularidad, no sirvió para nada, porque era intercambio de persona a persona con requerimiento”.
“Este cambio sustantivo es sobre cómo funciona el volumen de información: es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial”.
“Se trata de un acuerdo de confianza mutua y cooperación, un enorme gesto de confianza de Estados Unidos”.

“No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, cumple con sus obligaciones, todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales”.

“No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino”.

“Van a estar alcanzados ciudadanos y ciudadanas argentinas que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en los Estados Unidos y que lo hayan hecho per se, como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trust”.

“Lo que de alguna manera el sistema de información le transfiere a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas; son las utilidades o rentabilidades que pueda haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades. Es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero”.

“Estamos frente a un sistema de información masivo que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos construir un camino para que exterioricen, blanqueen en la Argentina, con la idea de generar, además, algunas condiciones de inversión y algunas condiciones de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, pero también a la idea de que rompemos la cacería en el zoológico”.

“Le pido a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau que convoque a las comisiones para poner en marcha una legislación que promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen”.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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