SOCIEDAD
El kilo de pan, a un paso de los $500

Los aumentos en el costo de la producción y de la materia prima afianzan la tendencia alcista. La sequía empieza a tener un papel preponderante.
El precio del kilo de pan comenzó a venderse entre los $ 430 y $ 460 con una presión alcista que lo proyecta cerca de los $ 500 para antes de fin de año.
Los sostenidos aumentos de los costos de producción, mano de obra, combustibles y especialmente del trigo, forzaron a las panaderías a un nuevo ajuste en el precio del producto.
“Hoy un kilo de pan debiera estar entre $ 500 y $ 600, pero estamos tratando de aguantar lo máximo que podemos porque la gente algo tiene que llevar a la casa”, señaló a NA José Hernández, titular de la Cámara de Panaderos del Norte.
Por su parte, Emilio Majori, presidente del Centro de Panaderos de La Matanza, afirmó: “Con el precio de $ 450 nos estamos quedando cortos porque lo que vivimos la última semana con el tema de la inflación fue caótico”.
Al impacto sobre los costos que produce una inflación del orden de 100% anual, en el caso del pan se suma la delicada situación que atraviesa la producción de trigo por la histórica sequía que afecta a gran parte del país.
Hernández explicó que, por esta situación, la calidad del trigo cayó y entonces se necesita más harina para poder lograr la misma producción y ése es un factor que pega directo en el precio final del producto.
Por otra parte, según las proyecciones, la caída en la cosecha de trigo por la falla hídrica, está provocando un faltante de al menos 500 mil toneladas que presionará sobre el precio del principal insumo.
Sobre el fideicomiso que creó el Gobierno para subsidiar el precio del trigo, el dirigente aseguró que existe y está funcionando, pero que es insuficiente.
“No participan todos los molinos de ese fideicomiso y entonces no todas las panaderías tienen acceso a ese precio. Está funcionando y la plata está, pero no alcanza”, explicó.
“La bolsa de trigo subsidiada está cerca de los $ 2.000, contra un precio normal que puede estar entre los $ 3.200 y $ 3.600, con un ritmo de aumento de casi $ 100 por semana”, añadió.
Al fideicomiso que administra la Secretaría de Comercio ingresaron 23 molinos, lo que representa cerca de un 50% del mercado.
De a acuerdo al mecanismo establecido, los molinos le venden a la panadería a $ 3.100. Las panaderías pagan $ 1.100 y los $ 2.000 los paga el fideicomiso. Para ello, los molinos deben presentar la factura en la Secretaria de Comercio, luego una auditoria externa verifica la factura y se habilita el pago. Toda la operatoria demanda unos 15 días y en consecuencia los molinos se muestran reacios a seguir participando.
Hernández deslindó responsabilidades de las panaderías y señaló que el margen sobre los costos que se aplica es del orden del 40%.
Majori subrayó: «La última semana fue caótica para la inflación. Aumentó la nafta, los servicios y la bolsa de harina nos aumentó $ 800”.
Para Majori el fideicomiso está funcionando “a cuentagotas” y, según su experiencia, la cantidad de molinos participantes se redujo a sólo cuatro, que resulta insuficiente para abastecer a un universo de 40 mil panaderías
PROVINCIALES
Brizuela: “La provincia transfirió en cinco meses a Río Gallegos, por coparticipación, más de 26 mil millones de pesos»

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, detalló que, durante los primeros cinco meses del año, la capital provincial recibió $26.356 millones en concepto de coparticipación, sin que hasta la fecha se haya presentado una rendición formal sobre el uso de esos recursos.
“Estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos en lo que va del año, un promedio de 5.250 mil millones mensuales. Preocupa que el intendente Grasso siempre esté criticando a la provincia por los recursos y las inversiones, cuando nosotros tenemos publicada la información, en boletines oficiales donde entre otras cosas podés encontrar licitaciones o, sin más ni menos, en la página Web de la provincia se puede acceder a muchísima información, como todo lo que se coparticipa a los municipios, recaudación de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). Sin embargo, el municipio no presenta informes de ejecución presupuestaria, no implementa un boletín oficial, etc. No puede ser que una capital provincial tenga un sistema de acceso de información como si fuera una estancia y Grasso su patrón», subrayó Brizuela.
El funcionario también advirtió que el municipio no publica ejecutados presupuestarios, lo que impide conocer el destino real de los fondos. “No hay un solo informe disponible para los vecinos”, explicó.
Brizuela también señaló la inacción histórica del Tribunal de Cuentas provincial, que no ha auditado de forma efectiva las cuentas del municipio. “Durante años, el organismo de control se mantuvo al margen. No puede ser que un municipio de este tamaño, que administra recursos millonarios no tenga controles reales”, remarcó.
Finalmente, el ministro llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia y control, en todos los niveles de gobierno. “Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía. Es tiempo de poner fin a las zonas grises en el manejo de los fondos públicos».
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