Con 57 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el Senado extendió las asignaciones específicas que financian instituciones de este sector como el INCAA, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el ENACOM y las Bibliotecas Populares.

Con los palcos del recinto del Senado colmados de artistas, y con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, como invitado especial, el oficialismo logró hoy convertir en ley la prórroga prórroga por 50 años de las asignaciones específicas que reciben institutos públicos vinculados a la promoción de las industrias culturales.

Con 57 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, la Cámara alta extendió los beneficios para las industrias culturales (previstos en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 de reforma tributaria del 2017) hasta el 31 de diciembre de 2072, financiamiento que hubiera perdido si la norma no se sancionaba antes del 31 de diciembre de este año.

La iniciativa, que en la Cámara de Diputados tuvo como principal impulsor a Pablo Carro (Frente de Todos), fue respaldada por el oficialismo, la UCR y cuatro senadores monobloquistas: Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

En Juntos por el Cambio las posiciones estuvieron divididas, ya que mientras la UCR votó afirmativamente, el PRO se abstuvo, a excepción de Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero que votaron en contra.

Los fondos surgen del gravamen a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630 (1973), del impuesto a las entradas de cine y sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741 (1968) y del Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522 (2009).

Estos fondos se utilizan para financiar las instituciones de este sector como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el ENACOM, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Fondo FOMECA y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La mendocina Mariana Juri (UCR) destacó la «importancia de que nuestros hacedores culturales de cada rincón de la argentina tengan los recursos suficientes para poder llevar alivio a tantos ciudadanos».

En este sentido, calificó a la cultura como «un gran generador y un gran motor de desarrollo en los pueblos», que «sirve para llevar alivio entre tanta angustia».

«Somos conscientes de no aprobar esta ley hoy puede traer el tremendo problema de que frente al vencimiento del plazo que operara a fin de año podamos quedarnos sin estos recursos, por eso hemos acordado aprobar este proyecto y mejorar y unificar muchos proyectos que van en el sentido de acortar los plazos, de encontrar una forma más equitativa y federal de poder distribuir los recursos», justificó, al hacerse eco de los planteos de otros sectores de la oposición que se negaron a acompañar porque estaban en desacuerdo con el plazo de 50 años..

Por su parte, el también radical Martín Lousteau afirmó que «la cultura tiene una importancia económica creciente» y que representa el «2,38 % del PBI y el 1,8% del total del empleo en Argentina».

A su turno, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) se manifestó en contra de las «asignaciones arbitrarias» que «atropellan el federalismo fiscal».

La opositora consideró que el proyecto «debilita el rol de este Senado, que debe velar tanto por cómo se asignan los fondos como por cómo se controlan los fondos, y estos fondos no tienen ningún control».

«Las asignaciones especificas serán nuevamente un zarpazo del Ejecutivo nacional sobre los fondos participables, y yo como represente de Córdoba no puedo ceder un centavo más. Cuando estas asignaciones específicas, que son partidas presupuestarias prefijadas se las quiere prorrogar por 50 años se las convierte en arbitrarias, rígidas, impuestas, que vulneran la coparticipación y por lo tanto el federalismo fiscal», argumentó.

En tanto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) subrayó que la iniciativa apunta a «la defensa de la cultura y de las industrias culturales», para que «puedan funcionar exitosamente y contribuyan a mejorar la cultura nacional».

«Son generadoras de fuentes de trabajo, de calidad de vida. Es unánime la decisión de apoyar la cultura que tiene que tener recursos», agregó.

La camporista Anabel Fernández Sagasti transmitió un mensaje optimista al señalar que «podemos tener diferencias respecto a la cantidad de años, pero eso es parte de la democracia y este Senado tiene consenso unánime y una necesidad de federalizar estos recursos».

«Hay que seguir trabajando el consenso de que la cultura tiene que tener un incentivo estatal, pero tenemos que considerar que el acceso a la cultura tiene que ser un derecho para los argentinos», concluyó la vicefeja del interbloque del Frente de Todos.