La iniciativa que, entre otros aspectos, prorroga por diez años la suspensión de los desalojos en los asentamientos populares, recibió media sanción con amplio respaldo transversal

La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción la iniciativa que amplía el régimen de integración socio urbana de barrios populares y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos en dichos asentamientos.

Con 227 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la iniciativa fue avalada por la Cámara baja y girada al Senado con vistas a su aprobación definitiva.

La ley 27.453 que establece el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) amplía el alcance de la ley sancionada en 2018, incorporando nuevos barrios populares al régimen.

Al momento de la aprobación de la ley aquel año, durante la gestión de Cambiemos, se llevaban registrados 4.416 barrios, y con esta modificación se llegará a 5.687 asentamientos populares.

El objetivo de la ley es urbanizar esos barrios, a través de «la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial».

Además, se declara la emergencia socioambiental de los barrios populares con el objeto de agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los distintos programas de urbanización.

El miembro informante del oficialismo, Lucas Godoy, ponderó la ley y destacó que tiende a «generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado».

El salteño, presidente de la comisión de Legislación General, advirtió que «una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas».

Sobre el financiamiento del programa, detalló que el fideicomiso está integrado «con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas»

A su turno, Fabio Quetglas (UCR) valoró la normativa, que definió como «un instrumento necesario y útil», aunque señaló que «no alcanza con urbanizar y dignificar» sino que fundamentalmente «hay que generar condiciones económicas y sociales de integración futura».

Una intervención singular fue la del integrante del Frente Patria Grande Federico Fagioli (Frente de Todos), ya que el diputado oficialista vive en Pueblo Unido, un asentamiento del conurbano (en Glew) que surgió a partir de una toma de terrenos de la que participó en 2014.

El dirigente que responde políticamente a Juan Grabois agradeció «la lucha incansable» de los vecinos de barrios que en 2016 lograron que «se visibilice la problemática de tierra y vivienda que había en la Argentina».

«No es todo color de rosas. Hoy estamos contentos, festejando y viendo como esta política fue acertadísima, correcta y resolvió el problema de michos vecinos. Pero la lucha por tierra y vivienda viene desde hace muchísimos años. Y el sacrificio que se lleva adelante cuando uno queda despojado de absolutamente todo…y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó en el en 2014 y me vi en la obligación junto a mi familia de ir a un terreno a construir mi vivienda», relató.

«No saben el sacrificio que viven las familias en la Argentina que están excluidas de absolutamente todo y se ven obligadas a tomar un pedacito de tierra para mejorar su vida y construir la casa para sus familias», insistió.

Por su parte, el oficialista Daniel Arroyo indicó: «Tenemos la chance de lograr en un proceso de 10 a 20 años que todos en Argentina tengan lo mínimo, condiciones de vivienda básicas, infraestructura en los barrios, condiciones para que los niños y niñas puedan desarrollarse».

Itai Hagman (Frente de Todos) reivindicó a los militantes de los movimientos sociales que le pusieron el cuerpo a esta demanda para la ampliación del régimen de integración socio urbana, y acotó que tuvieron que pagar el costo de que les digan «planeros» y a sus dirigentes los definieran como «gerentes de la pobreza».

«Todos los que están acá pagan ese costo con mucho orgullo porque saben que a cambio de eso están llevando adelante una política que le cambia la vida a millones de argentinos y argentinas. Y se bancan ese estigma», celebró el economista y docente.

Silvia Lospennato (PRO) advirtió que se van «a necesitar al menos 20 años para poder urbanizar estos 5687 barrios», lo cual «implica que muchos gobiernos van a pasar».

«Y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando desde el 2016 con el registro que se hizo con el trabajo de las organizaciones sociales y con el apoyo de un Gobierno que creyó en esa política, con la ley del 2018, de los fondos que se le pusieron en 2020 con lo que estamos haciendo hoy con la ampliación en el 2022», enfatizó.

«Si no abandonamos esta grieta antagonista que convierte a la política en imposible porque genera una situación de bloqueo no vamos a sacar a la Argentina adelante», agregó.

En representación de la Coalición Cívica, Mariana Stilman recordó que esta ley sancionada en 2018 fue receptada por Elisa Carrió (CC), Nicolás Massot (PRO) y Mario Negri (UCR) «para sacar de la precariedad extrema a millones de argentinos», y afirmó que «esta política pública tiene que continuar en las distintas gestiones».

«Estamos acá porque pasaron cuatro años y no se pudo todavía lograr una integración socio urbana de los barrios, tenemos que garantizar que esta política continúe. Por eso apoyamos la prórroga para las expropiaciones que es necesaria tanto para la regularización como para que los titulares que no tienen la posesión de sus tierras puedan cobrar como lo dice la Constitución la indemnización correspondiente por sus propiedades», afirmó.

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca sostuvo que «la situación de los barrios precarios es algo que se genera por la política de los gobiernos, por la pobreza que genera este sistema».

«Hay una paradoja: la tierra es para garantizar el derecho a la vivienda, no es para los negocios inmobiliarios», aseveró el jujeño del PTS.

El representante de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo señaló que la emergencia de los barrios precarios «no es un problema solo de los grandes centros urbanos», y remarcó que «es importante que continúe esta política para que los vecinos de los barrios populares puedan acceder a una vivienda con todos los servicios».

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) destacó que «esta ley que hemos sancionado en 2018 y con estas modificaciones, construye ciudadanía y nos marca un camino para el verdadero desarrollo e integración».

Solamente el neuquino ultramacrista Francisco Sánchez y la bonaerense de Avanza Libertad Carolina Píparo votaron en contra de la iniciativa, en tanto que las abstenciones fueron del entrerriano Gustavo Hein (PRO), el salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) y la chaqueña Marilú Quiroz (PRO).

Al comienzo de la sesión, el pleno de la Cámara baja aceptó la renuncia a la banca de Victoria Tolosa Paz, designada nueva ministra de Desarrollo Social, y acto seguido se le tomó juramento a su reemplazante, la massista Micaela Morán.