PROVINCIALES
La Asociación de Abogados reiteró que la designación de Fernando Basanta es inconstitucional

En redes sociales compartieron la postura respecto de lo que sucedió con su designación en la legislatura de Santa Cruz, al tiempo que repudiaron al ataque a la libertad de prensa para con dos periodistas locales. Una de ellas, Karina Taberne, del Diario Nuevo Día
La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos reitera su posición en contra de la designación del Dr. Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, por no contar con los 6 años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales que establece el artículo 127 inc. 3) de la Constitución Provincial para ser vocal del TSJ; insistiendo en la gravedad que posee que se integre el máximo tribunal judicial provincial con personas que no cuentan con los requisitos legales y que solo poseen antecedentes de militancia política, partidizando los tribunales de justicia en detrimento del respeto a la división de poderes y del servicio de administración de justicia.
Asimismo, se repudian los graves hechos acaecidos durante la sesión de la Cámara de Diputados que prestó acuerdo para esta designación inconstitucional.
Es alarmante que el oficialismo no haya permitido hacer uso de la palabra a los diputados de la oposición, clausurando el debate con la sola palabra de un Diputado oficialista. El presupuesto básico de la democracia debe expresarse en la legislatura con la libre exposición y deliberación de los representantes del pueblo, debiendo garantizarse el uso de la palabra a las minorías políticas.
Asimismo, se repudian las expresiones dirigidas en contra de la proclama presentada por la Asociación Civil Patagonia por los Derechos Humanos “PA.DE.HU”, sus firmantes -entre los cuales se encuentra esta Asociación de Abogados-; como asimismo para con distintos gremios, organizaciones sociales y contra sus abogados (entre los que se encuentra la Dra. Diana Huerga Cuervo, asociada de nuestra institución), por ejercer el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y de acceder a la justicia.
Finalmente repudiamos que se haya impedido cubrir la sesión de la Legislatura Provincial a las trabajadoras de prensa Karina Taberne y Andrea Crippa, expulsando del recinto a la primera de las periodistas e impidiendo el ingreso a la segunda de ellas; siendo ello un ataque claro e inexcusable en contra de la libertad de prensa, uno de los presupuestos básicos de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno.
Todo lo acontecido reviste suma gravedad, no debiendo tomarse como hechos aislados el cumulo de las situaciones expuestas, que de normalizarse implicarán una degradación permanente de la vida democrática, exhortando a las autoridades públicas y a la Cámara de Diputados Provincial a retomar los carriles institucionales, garantía de convivencia y de la paz social.
Comisión Directiva
Asociación de Abogados de Río Gallegos
PROVINCIALES
ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.
Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.
Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.
El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.
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