En el marco del encuentro en Casa de Gobierno, las autoridades provinciales, conformadas por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se reunieron con el Comité Nacional donde abordaron el análisis y trabajo interdisciplinario sobre la Seguridad en la provincia.

Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Paula Ludueña, expresó al respecto: “Cuando nos mandaban los correos y nos llamaban al teléfono fue lo primero que hice fue hablar con Lisandro De La Torre, porque el servicio penitenciario se creó a instancias de ellos, gracias a los diputados que aprobaron la ley”.

Desde ese momento, manifestó, “el Poder Judicial trabajaba mancomunadamente con el Ejecutivo, principalmente con el Ministerio de Seguridad, entonces pareció lo más lógico que los recibamos juntos y participar de este evento. Así que estamos muy contentos de estar con los diputados y el resto del gabinete”.

Por su parte, el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal, agradeció la presencia de las autoridades y señaló como positivo trabajar en una “problemática compartida que tiene particularidades y características en cada lugar y región del país, pero que, naturalmente, la base es la misma es en todo el país y que nos anima a trabajar en conjunto”.

Indicó que “la obligación es llegar a todas las provincias del país y la estamos logrando, en todas tenemos reuniones institucionales con representantes de los tres poderes, pero es muy importante lo que está logrando esta reunión de Santa Cruz de integrar una misma mesa de introducción al tema, porque nos toca también en algunas provincias hablar por separado con los poderes y la complementación no se da de entrada, esta introducción que hacen acá para nosotros es muy importante”.

En otro tramo, marcó que “con los representantes de los Poderes compartimos la responsabilidad que tenemos como institución nacional creada por ley, y la necesidad de llegar a todas las provincias para dejar instalado un organismo similar al nuestro”.

Sobre todo, puntualizó, “para que cada una de estas provincias tenga sus propios representantes resguardando la situación de privación de la libertad de todas aquellas personas que habitan centros de detención legitimados por el Estado, no sólo por causas penales, sino también centros de recuperación de adicciones, de tercera edad, de salud mental, con esto digo que es muy amplio y un trabajo muy arduo y la República Argentina y sus provincias están cumpliendo”.

Marcó que fue una “muy buena reunión, con mucho compromiso y convicciones compartidas con los representantes de la provincia de Santa Cruz”. La idea, indicó, “es que la provincia tenga sus propios representantes que, en su territorio, hagan las tareas y propios informes para ir mejorando las condiciones de privación de libertad, trabajando en prevención día a día se puede evitar”.

Asimismo, Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, marcó al respecto: “Ojalá que este sea el primer paso para una relación articulado y colaborativa con el Comité Nacional. Es una herramienta que nosotros tenemos para profundizarla con los informes que van a recibir donde realizaremos recomendaciones a los tres poderes del Estado”.

A partir de ahí, sostuvo, el objetivo es “generar un diálogo de trabajo concreto a partir de lo que hemos visto y el diagnostico que podamos hacer luego de recorrer la provincia”.