SOCIEDAD
Jornada de marchas masivas: la CGT, las CTA y la izquierda apuntaron a «los especuladores»

Según los organizadores de la movilización de la CGT, se manifestaron 500.000 personas. La izquierda puso en la mira a los formadores de precios, pero también fustigó al Gobierno.
En el marco de una jornada de protestas masivas que convulsionaron el centro porteño, la CGT, las dos CTA, y los movimientos sociales afines al oficialismo realizaron una marcha hacia el Congreso nacional, con la mira puesta en los formadores de precios y la especulación.
En cambio, el izquierdista Frente de Unidad Piquetera, con el Polo Obrero a la cabeza, se movilizó a Plaza de Mayo en una concentración de tinte más antigubernamental.
Según los organizadores de la marcha oficialista, solamente en la convocatoria de la CGT se movilizaron 500.000 personas que empezaron a llegar progresivamente desde las 10 de la mañana.
«No vamos a poner cifras porque sino van a decir que no había 500.000 sino 499.000», ironizó después uno de los tres secretarios generales del triunvirato cegetista, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar al cierre de la marcha en la sede del gremio de Judiciales.
El epicentro de la concentración de la CGT, las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y los movimientos piqueteros (como la UTEP, el Evita, Somos-Barrios de Pie) estuvo en la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio y también en el Obelisco, pero las masas de trabajadores y manifestantes se distribuyeron en un perímetro más amplio entre las Avenidas Callao, Santa Fe, Belgrano, Paso Colón y Leandro Alem.
Durante la marcha se registraron incidentes menores entre militantes del gremio de Camioneros con la Policía de la Ciudad, pero en términos generales la jornada «de lucha» transcurrió pacíficamente.
Eso sí: las movilizaciones generaron trastornos de tránsito en pleno horario de oficina, lo que generó que el 17A haya sido para la mayoría de los trabajadores -los que marcharon y los que no- una jornada atípica que se vio reflejada también en una metamorfosis del paisaje social del centro.
Los representantes de la CGT, que convocaron con la consigna «Primero está la Patria», lanzaron tímidas advertencias al Gobierno para que «tome medidas concretas», y señalaron que esta podría ser apenas «la primera marcha» de varias más en caso de que no cambiara la situación «a favor del pueblo trabajador».
Especuladores y formadores de precios
«Por supuesto que cabe autocrítica (en el gobierno) pero con autocrítica no hacemos nada. Hay que tomar las medidas que sean necesarias para salir del momento», instó Héctor Daer en la ronda de prensa.
Propuso como primera medida que el Gobierno instrumente un mecanismo para «poner online toda la línea de comercialización, por lo menos de los productos básicos de la economía».
«Si lo único que se va a lograr es una transferencia de los sectores más vulnerables a los más poderosos es un error. No es la mirada del nuevo ministro de Economía (Sergio Massa) y creemos que su meta de ir a la baja en la inflación es la meta que tenemos que perseguir todos los argentinos para adecuar nuestra economía a una economía posible».
Menos complaciente fue la postura que exteriorizó Pablo Moyano, quien pidió un bono o suma para todos los trabajadores registrados, universalización de las asignaciones familiares y por hijo para todos los trabajadores, además de «estatizar las balanzas que están en los puertos» para terminar con la subdeclaración de exportaciones como forma de evasión impositiva.
«No vamos a permitir que sigan remarcando. Esta puede ser la primera marcha que realizamos», advirtió el hijo de Hugo Moyano
«Venimos a decirle al Presidente (Alberto Fernández) que tome las medidas que tienen que tomar, lo vamos a acompañar. Estos tipos no pueden levársela de arriba porque vienen levantándola con pala desde la dictadura militar».
Desde la CTA Hugo Yasky le exigió al Poder Ejecutivo «mayor firmeza» para confrontar con los poderes concentrados que remarcan precios y presionan para devaluar, y Pablo Micheli exhortó al Gobierno a que «reaccione», que deje de mandar señales a los mercados y que controle el dólar paralelo. Hasta se animó a plantearle al Gobierno el pedido para que establezca un salario mínimo de 500 dólares. Sí, divisa norteamericana.
En la marcha que poco más tarde se llevó a cabo en Plaza de Mayo, Belliboni se diferenció del movimiento piquetero oficialismo y especialmente de la CGT.
«Hay reclamos de la clase obrera que la CGT no está llevando adelante. Quiere amnistiar a un Gobierno diciendo que no es responsable de un ajuste cuando sí es responsable porque también es formador de precios», disparó.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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