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La historia de las silobolsas, el «invento argentino» que se volvió protagonista de avivadas y especulación

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Se crearon en 1970, pero un ingeniero argentino las adaptó para poder almacenar granos. Se estima que hay casi 30 millones de toneladas acopiadas en los campos. De la cobertura para inundaciones en los 90 a la especulación del presente. Cuánto cuestan y por qué son un factor clave en la disputa entre el gobierno y los exportadores.

Por Agustín Gulman y Dylan Resnik

Son una postal ineludible a la vista en las rutas de la pampa húmeda. Comenzaron a verse en los campos hace dos décadas, y aunque hacia finales del último gobierno de Cristina Kirchner ya eran muy utilizadas, en los últimos años su uso se masificó. Ahora, en medio del tire y afloje entre el gobierno y los productores agropecuarios, las silobolsas se volvieron protagonistas de una historia que parece repetirse: la especulación de un sector de los exportadores por la liquidación de la cosecha. 

Si bien el invento de las silobolsas data de la década de 1970 en los Estados Unidos, en la Argentina a partir de la década de 1990 le dieron un uso distinto con una tecnología aplicada al almacenamietno de granos desarrollada por el ingeniero agrónomo Cristiano Casini junto con el INTA. El objetivo original era preservar y conservar forrajes para la alimentación animal, pero se volvieron un producto clave para los productores a la hora de almacenar y acopiar la cosecha, en una época con escasez de silos. 

Pero además, una serie de inundaciones que amenazaron con demorar la cosecha hacia finales de la década de 1990 también influyeron en el nuevo uso de las silobolsas: el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, dueño de Los Grobo, uno de los mayores grupos de siembra de la Argentina, recuerda que muchos camiones no podían ingresar a cargar la producción. «Muchos empezaron a usarlo para guardar los granos. Después, las fábricas las adaptaron para que se pueda usar para conservar la cosecha», dice a Página/12.

En concreto, la silobolsa es un sistema que permite almacenar granos secos de maíz, soja, trigo y girasol en el propio establecimiento productor, a bajo costo y con condiciones de calidad óptimas. Está construida por tres capas de diferentes materiales que buscan separar lo máximo posible las cosechas del ambiente, así como evitar el impacto de la luz, la humedad y las plagas. Por esos atributos, se convirtió en una herramienta central para los productores, sobre todo en tiempos en que aguardan mejores condiciones del mercado financiero para liquidar las exportaciones. 

Cuántas toneladas hay en silobolsas

De hecho, de acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), hasta la semana pasada había entre 28 y 29 millones de toneladas almacenadas en silobolsas. El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, precisó que eso representaba alrededor de 14 mil millones de dólares. 

Con las medidas que adoptó este martes el Banco Central que creó un régimen especial, el Gobierno apuesta a incentivar a los productores para que liquiden y así obtener recursos que ayuden a navegar la compleja situación económica que atraviesa la Argentina.

Grobocopatel precisa que la reformulación de las silobolsas tal como se las conocía hasta entonces “fue una innovación muy reconocida». «Somos líderes en Argentina.», dice. 

«Esto permitió aumentar la producción agrícola sin la necesidad de inversiones importantes en silos. Benefició mucho al transporte. Antes se comercializaba en cosecha y había que sacar toda la mercadería», agrega, y define: «Ahora se hizo muy parejo el flujo de granos, eso benefició a los puertos, fue una innovación que trajo una cantidad de beneficios organizacionales, logísticos”.

El «creador» de las silobolsas: «Es una caja de ahorro en el propio campo» 

Tal como se las conoce en el presente, las silobolsas son una innovación del ingeniero agrónomo Cristiano Casini, que junto al INTA adaptó el sistema de guardado a un sistema de almacenamiento de granos. 

En diálogo con Página/12 desde Córdoba, donde hace menos de un año se retiró, cuenta que la investigación para la adaptación de las bolsas plásticas surgió en 1994. «Trabajábamos sobre la conservación de semillas en ambientes herméticos, hicimos ensayos experimentales y vimos que la conservación con trigo no perdía la germinación», recuerda. Luego siguieron las pruebas en otros granos: «Comprobamos que el sistema andaba bien engrandes escalas».

«Para 1999, 2000 hubo un gran problema económico: el productor agropecuario no tenía dónde almacenar, el 90 % de los productores entregaba a acopio, nadie quería entergar y no sabía cómo guardar los granos. Nosotros pusimos a consideración lo que hacíamos con bolsas plásticas. El productor empezó a usarlo, se le sacó cada vez más ventajas. Los productores se dieron cuenta de que podían comercializar mejor, era como una caja de ahorro en su propio campo», dice Casini, que destaca que no se requería transporte para enviar a silos. «Lo podían almacenar en el campo», señala.

Crítico del gobierno, Casini pide no ser «enemigo del campo» y asegura que se debe transformar la exportación de granos en productos elaborados. «La especulación existe, es legal. ¿Quiere que vendan ahora y en dos meses con la inflación pierdan la mitad de la plata? Es una aberración querer obligar a vender con esta inflación terrible, van a vender cuando les conviene. La silobolsa es una defensa del productor agropecuario», asegura. 

En la actualidad, hay entre cinco y seis empresas argentinas que producen silobolsas. Grobocopatel estima que el costo de cada una ronda los 1.000 dólares. Casini, por su parte, precisa que cada bolsa puede acopiar entre 200 y 300 toneladas. «En el país debe haber 40, 50 por ciento de productores con silobolsas, algunos para almacenar a largo plazo, otros para almacenar granos más húmero para 60 o 90 días», indica Casini.

Silobolsas, crisis de 2001, macrismo y especulación

Su uso se incrementó desde 2,5 millones de toneladas en el 2000, a 14 millones en el 2003; 27 millones en el 2006 y casi 40 millones en el 2009. Ya para 2013, Argentina se posicionaba como líder mundial en el uso de este sistema, almacenando aproximadamente 50 millones de toneladas de granos en bolsas plásticas. 

Para 2015, en pleno año electoral, volvieron a jugar un rol central en la especulación de un sector que militó por Mauricio Macri, quien en campaña les prometió la eliminación de las retenciones, dólar libre y fin del cepo, tres medidas que años más tarde volvería a imponer en medio de una crisis aguda y tras agotar el préstamo del FMI. 

Sin ir más lejos, cuando Macri asumió como Presidente había alrededor de 13 mil millones de dólares en silobolsas, a la espera de que el gobierno devalúe – lo que finalmente ocurrió en diciembre mismo – y abrió el grifo a que los productores comiencen a liquidar la cosecha de soja con un dólar que les aseguró ganancias aún más amplias.

Para Grobocopatel, “con los problemas financieros el productor asumió la silobolsa como una herramienta para guardar granos y transformarlos en una reserva de valor para financiar su actividad». Sin embargo, asegura que su empresa no recurre tanto a esa forma de almacenamiento: «Mi estrategia es cubrir el precio de la soja a lo largo del año, y cuando llega la cosecha ya está vendida, no almaceno mucho».

¿Ataque a silobolsas?

Suele ocurrir que en momentos donde las palabras especulación, cosecha, silobolsas comienzan a circular con cada vez una mayor frecuencia, también empiezan a leerse denuncias de productores agropecuarios que acusan a militantes del oficialismo de atacar los campos y romper estos grandes tubos de almacenamiento.

Quien se refirió al tema hace exactamente dos años, cuando este mismo tema estaba en pleno debate mediático, fue la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo hizo a través de Twitter. «Me encanta el humor, y cuando es inteligente… más», dijo la expresidenta y compartió un tweet en el que un usuario hizo un chiste con respecto a los ataques a las silobolsas que desde distintos medios trataron de atribuir al Gobierno.

El tweet que compartió la vicepresidenta tiene la imagen de una mulita, con los ojos tapados con una banda negra acompañada de un escrito que dice: «La primera mulita arrepentida se confiesa: ‘Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche'». El chiste surge ya que la semana anterior se había hecho viral un video donde tres trabajadores del campo cortaban silobolsas para sacar estos animales de su interior.

Dólar agro

En este contexto, el Gobierno lanzó una serie de incentivos para que los productores de soja liquiden sus cosechas. Como parte del plan presentaron un régimen que prevé que el 70 por ciento de lo que se venda podrá ser aplicado a un depósito a la vista en pesos ajustado por la evolución del dólar y el 30 por ciento restante podrá utilizarse para la compra de dólares con una cotización equivalente al tipo de cambio oficial más el impuesto País y el adelanto de ganancias.

«El problema que nos habían planteado por el cual no se realizaban las liquidaciones de soja era que no había un instrumento que preservara el valor como lo preservaba el activo del poroto de soja (almacenado en silobolsas). Ahora estamos ofreciendo este instrumento que creemos que es conveniente», señaló el presidente del Banco Central Miguel Pesce por AM750 sobre el dólar campo.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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