La propuesta de la senadora Juliana Di Tullio tiene varios puntos en común con la que impulsa Juan Grabois y la que presentó Itai Hagman en Diputados, pero con alcance más limitado.

Mientras la ministra de Economía, Silvina Batakis, llevó a Estados Unidos la promesa de un ajuste fiscal sostenido para equilibrar las cuentas públicas y reducir la emisión, el kirchnerismo ultima detalles del proyecto de Ingreso Complementario que presentará a comienzos de agosto en el Senado, cuando se retome la actividad parlamentaria tras el receso invernal.

La propuesta en la que está trabajando la presidenta del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara Alta, Juliana Di Tullio, tiene varios puntos en común con la iniciativa que impulsa el Frente Patria Grande de Juan Grabois, pero con un alcance más limitado ya que apunta exclusivamente al universo de personas que están por debajo de la línea de indigencia.

El proyecto de Salario Básico Universal que presentó el 10 de mayo pasado el diputado nacional del Frente de Todos y del Frente Patria Grande Itai Hagman, con el acompañamiento de un amplio abanico de sectores del oficialismo, proponía una cobertura para personas desocupadas o que estuvieran trabajando en la informalidad, con bajos ingresos.

Según estimaba el economista, alrededor de 7 millones y medio de personas estarían alcanzadas por la medida

El proyecto de Di Tulio, que está en la fase final de consultas, recibiendo las últimas puntadas, mantendría el monto de la prestación mensual propuesta por Hagman, equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto (en junio se ubicaba en los $15.076,75), pero abarcaría a un universo cercano a los 4.2 millones de beneficiarios, a determinar por ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social a partir de cruces de datos socioeconómicos.

Consciente de los reparos que iba a concitar la medida por el considerable costo fiscal, Hagman ya se había adelantado proponiendo avanzar «por etapas», empezando justamente por otorgar la asignación a las personas en situación de indigencia.

Según pudo saber NA, Di Tullio tiene en carpeta algunas alternativas para financiar el costo fiscal, y gestionaría una reunión con Batakis para comentarle sus propuestas.

Juntos por el Cambio ya adelantó que no está dispuesto a acompañar ninguna iniciativa que implica un aumento de gasto y mucho menos si para financiar la medida se proponga subir la carga impositiva de determinados tributos.

El MTE de Juan Grabois junto a otras organizaciones nucleadas en la UTEP salieron a la calle la semana pasada para exigirle al Gobierno la implementación del Salario Básico Universal porque «el hambre no espera».

El líder del Frente Patria Grande fue el principal orador de un acto en el que despotricó contra el presidente Alberto Fernández y en una arenga desafiante dijo que junto a otros militantes de movimientos sociales están «dispuestos a dejar la sangre en las calles» para que se distribuya el ingreso.

Al día siguiente de los primeros anuncios económicos de Batakis, en la que hubieron guiños únicamente al mercado, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches que pedían por el Salario Básico Universal, con una leyenda que interpelaba al elenco gobernante: «¿Le negarías a alguien el derecho a comer?».

Sin embargo, los movimientos sociales más afines al oficialismo como el Movimiento Evita y Barrios de Pie se despegaron de Grabois.

En un guiño al Gobierno, el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, dijo días atrás que «no es momento de discutir el Salario Básico Universal».

Tampoco el frente de Unidad Piquetera liderado por el izquierdista Polo Obrero de Eduardo Belliboni está de acuerdo con el Salario Básico Universal porque a su entender su implementación supondría resignarse a aceptar que un sector importante de la población no va a alcanzar plenos derechos laborales.

Creen que un Salario Universal supondría naturalizar la precariedad del trabajo y postergar la lucha contra las causas que originan la pobreza y la falta de empleo formal. Piden, en cambio, un seguro de desempleo por un monto mucho mayor al de una canasta básica alimentaria.

En la mayoría de las organizaciones sociales y también en el kirchnerismo hace ruido la idea de un «Salario» porque interpretan que de ninguna manera una asignación equivalente a la canasta básica de un adulto, actualmente de 15.000 pesos puede considerarse sustituto de una remuneración salarial.

Es, en todo caso, un complemento de otros ingresos que necesariamente los beneficiarios deben conseguir para satisfacer sus necesidades básicas.

Según analizan, un salario, por definición, implica una relación de dependencia y obliga a una contraprestación laboral, con los correspondientes derechos plenos laborales para el trabajador.

Por eso el concepto de un «ingreso complementario» se ajusta más a la concepción del kirchnerismo sobre el mundo del trabajo.