PROVINCIALES
Reiteran pedido de destitución de Cecilia Velázquez al frente del CPE

Por el escándalo por pedido de miles de kilos de pan, por parte del CPE, a un comercio de El Calafate: la concejal Torres pide nuevamente la destitución de Cecilia Velázquez.
Así lo señaló la edil de Encuentro Ciudadano, señalando que este hecho se suma a la falta de planificación de la gestión de Educación provincial. Hace un mes había pedido la destitución de Cecilia Velázquez pero su proyecto no fue acompañado por el oficialismo.
Durante los últimos días se conoció una insólita nota del Consejo Provincial de Educación (CPE) dirigida al vecino Bernd Ferstl , dueño de una panadería de El Calafate. En la misma le solicitaban, en carácter de donación, más de 6 mil kilos de pan por mes para abastecer escuelas de Calafate y Chaltén.
Este pedido causó polémica, por la cifra imposible de cumplir para un negocio de estas características pero sobre todo por tratarse de una obligación que debe cumplir el propio Gobierno provincial con su presupuesto. El organismo indicó, luego de que la situación se hiciera pública, que esto se había tratado de un error.
A este hecho se refirió la concejal de Encuentro Ciudadano, Ethel Torres, quien apuntó que se trata de una de las habituales prácticas de esa cartera , quien lleva una pésima gestión”.
“En la gestión del CPE hay incompetencia, inoperancia e incongruencia. Ahora ellos dicen que fue un error administrativo”, manifestó Torres.
“Agradezco al vecino que visualizó el irrisorio pedido de donación de pan desde la dirección de Responsabilidad Social de CPE. Esto me indigna por dos motivos en especial: Primero porque existe un presupuesto destinado para el Programa ‘Crecer con Sabor’ impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, que consiste en la entrega mensual de leche para todas las escuelas, jardines y secundarios de cada una de las localidades de Santa Cruz”, señaló.
“Esta solicitud nos invita a preguntar ¿A dónde destinan ese dinero? Nos consta que en las escuelas de nuestra localidad lo que llega para la merienda o desayuno de los niños es té, mate cocido, y algunos días leche, sin galletas, frutas ni pan. Esto es una vergüenza, que una vez más deja al descubierto las ineficiencias del CPE”, agregó.
“En segundo lugar este hecho muestra otra consecuencia de la falta de planificación y prevención en la administración y gestión desde las autoridades de Educación”, dijo .
“Es indignante la cantidad de personal y cargos que existen en el organigrama del CPE y a pesar de ello se desatanquizas quede mejor generan estas situaciones. Me pregunto si quienes están a cargo son las personas adecuadas para formar a las futuras generaciones. ¿Estas son las medidas y acciones en las que están trabajando para una educación de calidad?”, fustigó.
“Lo que puedo asegurar es que esta situación es un fundamento más para avalar mi solicitud de remoción en el cargo de la presidenta del CPE, Cecilia Velázquez , por su ineficiencia en el desempeño de la función que le fue encomendada , y que los concejales del oficialismo Frente de Todos enviaron a archivo”, señaló, pidiendo una vez más el apartamiento de las autoridades educativas provinciales.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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