Una nena de 7 años fue mal diagnosticada y a consecuencia de ello hoy sufre una discapacidad total. Por su parte, el gobierno provincial deberá indemnizar a la familia

Una beba recién nacida sufrió mala praxis en la provincia de Mendoza, en el Hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán. Debido a ello, la pequeña tuvo graves consecuencias y terminó con una discapacidad total. Por su parte, la Justicia indicó que el gobierno provincial deberá pagar 30 millones de pesos a la familia afectada como indemnización.

Actualmente, la pequeña tiene 7 años y fue diagnosticada con un ictericia fisiológica y no una patológica. Eso mismo, le produjo una discapacidad total provocada por una enfermedad incurable. Con el paso del tiempo, los médicos que la atendieron determinaron un cuadro de kernícterus, que es un tipo de daño cerebral el cual se presenta por altos niveles de bilirrubina en la sangre de los recién nacidos.

Por ese motivo, en la actualidad la pequeña tiene parálisis cerebral y necesita recibir un tratamiento multidisciplinario. Esta información fue brindada por un medio local.

Por su parte, la sentencia del caso indicó lo siguiente: “Por sus múltiples secuelas -permanentes y que impactan en todo su organismo y en todos los sentidos esenciales- debe recibir un tratamiento multidisciplinario, interactuando varias especialidades, como clínica pediátrica, neurología, tratamiento con medicación permanente, oftalmología traumatología y ortopedia. También requiere estimulación psicomotriz temprana, fonoaudiología (por los diferentes trastornos de deglución u auditivos) y odontológicos, ya que tienen trastornos en el esmalte dental”.

Mientras tanto, los abogados de la familia afectada, que son Cazabán y Sergio Anglat, solicitaron cerca de 12 millones de pesos y un millón más por incapacidad sobreviniente y daño moral. A su vez, se estableció una suma de $1.800.000 para cada padre, y por los gastos terapéuticos y de transporte debido a la discapacidad de su hija, se determinó un total de 12 millones de pesos.

Por ahora, el dinero no lo tienen disponible pero en cuanto la sentencia quede firme, el Estado deberá otorgárselo a los familiares.