SOCIEDAD
Río Negro decidió poner fin a los boletines de calificaciones y hay pedido de explicaciones

La medida surge de una resolución publicada por el Consejo Provincial de Educación provincial. Juan Martín, legislador de Juntos por el Cambio, fue uno de las voces críticas al respecto: “Lamentablemente, Río Negro eligió el camino de la mediocrización”, dijo.
Una resolución publicada por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro generó un tembladeral político en las últimas horas: se trata de una norma que suprime los boletines de calificaciones en las escuelas de esa provincia.
La idea sería reemplazarlos por informes en los cuales las maestras expresen la trayectoria de cada estudiante, pero sin calificar con una nota numérica. En realidad, se trata de una experiencia que ya se había puesto en marcha en pandemia.
Se trata de la Resolución N° 2839, firmada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Angélica Portales, donde se expresa que «queda sin efecto» el instrumento conocido como «Boletín de calificaciones de la Educación Primaria» con cortes evaluativos bimestrales para las áreas de Lengua y literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Extranjera y con cortes evaluativos cuatrimestrales para las áreas Educación Artística” como Teatro/Artes Audiovisuales, Danza/Artes Audiovisuales, Plástica y Música y Educación Física.
Entre las voces críticas, aparece el legislador provincial Juan Martin, de Juntos por el Cambio, quien consideró que “lamentablemente, Río Negro eligió el camino de la mediocrización”.
Al mismo respecto, el referente rionegrino expresó: “Hace unas semanas vimos como Formosa permitía que los alumnos pasen de año con 19 previas, o como en Entre Ríos prohibían calificar con menos de 4. Ahora, la provincia de Río Negro decide sumarse a este camino de bajar el nivel educativo”.
Martín explicó que la resolución de marras “cambia los boletines por un mecanismo llamado de ‘apreciación de la trayectoria’, que en lugar de evaluar si los chicos aprendieron de matemáticas, lengua o geografía pone la mirada sobre una generalidad muy poco específica”.
Por eso, el legislador analiza: “Se está perdiendo un instrumento que servía para premiar el esfuerzo, pero también para tener un parámetro concreto del funcionamiento del sistema educativo. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, en este caso lo que pasó después de casi dos años de escuelas cerradas”.
Para Martín, “el camino es plantear la emergencia educativa, tal como propusimos a través de un proyecto”. “Necesitamos que se defina que la educación es prioritaria, que se hagan planes concretos para recuperar los contenidos que no se pudieron dictar con las escuelas cerradas, para revincular a los chicos que todavía no volvieron a la escuela y no manipular el sistema para hacer como que no pasó nada”.
Lo sucedido va en consonancia con la decisión tomada por el Consejo de Educación de Entre Ríos, que prohibió calificar a los alumnos con menos de 4. La medida fue revertida, crítica mediante, por el gobernador Gustavo Bordet.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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