Después de un acto realizado en la puerta de la Casa de Gobierno donde se escucharon fuertes reclamos a la gobernadora Alicia Kirchner, el diputado nacional por Santa Cruz presentó un petitorio a las autoridades exigiendo “Agua, Pan y Trabajo” para todos los santacruceños.

El legislador nacional, Claudio Vidal, fue el principal orador de un acto improvisado en las afueras de la Casa de Gobierno en Río Gallegos. El dirigente petrolero alzó la voz contra el gobierno de Alicia Kirchner para reclamar por la pobreza que existe en la provincia “Uno de cada tres santacruceños es pobre”, y afirmó que “ningún empleado público debería ganar menos de 100 mil pesos”. También hizo entrega a la ministra secretaria de la gobernación, Claudia Martínez, de un documento que expresaba diferentes problemáticas que se viven en la provincia.

«Agua, pan y trabajo»

Ante el continuo aumento de la pobreza en Santa Cruz, el marcado deterioro social, y la emergencia educativa o hídrica que se vive en nuestra provincia; en mi carácter de Diputado Nacional y presidente de SER, me dirijo a Ud. para solicitarle se adopten las políticas de Estado necesarias que permitan revertir esta compleja situación en la que nos encontramos.

Los datos fríos son claros. Por ejemplo, en el segundo semestre del 2020 el 33,2% de personas que vivían en Río Gallegos se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Ese número creció en el primer semestre del 2021 a 34,7% y en el segundo semestre 2021 llegó a 35,1%. Si bien observamos que el aumento es lento, este no deja de ser sostenido y preocupante. Uno de cada tres santacruceños es pobre y estamos apenas a 0.4% de representar el peor porcentaje de pobreza de toda la Patagonia. A nivel nacional esto no es así, según el último informe del INDEC, la pobreza cayó más de tres puntos comparado con el período anterior.

Y cada día se hace más difícil, sin trabajo genuino ni futuro. Muchos jóvenes deben irse de la provincia para conseguir un empleo que les permita desarrollarse. Somos testigos de que los salarios que se cobran en el Estado son precarios e indignos. La inflación no baja, y por falta de herramientas económicas que contengan esta situación a nivel local, quedamos a merced de los datos del IPC que impactan con fuerza en el costo de la canasta básica de alimentos. Se calcula que la inflación será de dos dígitos para el primer trimestre y de más del 60% para fin de año. Es poco probable que la pobreza se reduzca durante el primer semestre de 2022 y lleguen inversiones productivas ante tanta volatilidad e incertidumbre.

La inflación golpea en el salario, desmejorando el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, ahogando cualquier recuperación económica que pensemos.

Cada vez pasan menos clientes por las cajas de pago de los comercios. La desigualdad aumenta. Se espera para este año un retroceso de la actividad en la mayoría de los rubros. Otro tema que debemos tener en cuenta, son los índices de préstamos al sector privado, estos siguen cayendo. Todos sabemos que, sin inversiones productivas, sin financiación a menor costo de las PyMES, es imposible aumentar la producción y el trabajo.

Este escenario económico se convirtió en un doble proceso de exclusión. Junto a la imposibilidad de acceder a mayor número de oportunidades, se le suma el debilitamiento de los mecanismos de trabajo que atentan contra el salario y la calidad de vida. Se hace imposible para muchos pensar en un trabajo digno y que sea continuo en estas condiciones. Hoy en Santa Cruz, el desempleo, la precariedad y la pobreza se retroalimentan y refuerzan mutuamente. No hay horizonte que potencie el emprendimiento privado, la concreción de proyectos productivos y el trabajo genuino.

En necesario tomar medidas urgentes que permitan no solo contener la situación, sino mejorarla. Por lo anteriormente dicho, peticionamos ante la máxima autoridad política de Santa Cruz los siguientes puntos:

– La reactivación de yacimientos maduros en la provincia a través de PyMES locales.

Es fundamental rescatar áreas marginales o secundarias que han sido abandonadas por las operadoras. La gran cantidad de pozos inactivos en la Cuenca del Golfo producto de la falta de inversión en reparaciones y conversiones obliga a generar acciones urgentes que contengan el declino de producción que se evidencia.

Las políticas de explotación hidrocarburífera aplicadas actualmente en Santa Cruz no permiten la sustentabilidad de la industria. Las reservas siguen bajando, y no entran casi inversiones de las operadoras. Además, las grandes empresas quieren reducir sus costos operativos en campos maduros de petróleo, para lo cual solicitan a empresas proveedoras y contratistas que presenten alternativas para recortar puestos de trabajo, dejar abandonados pozos y bajar equipos. No podemos permitir que esto suceda.

– Se tiene exigir a las operadoras que lleven adelante como corresponde la remediación ambiental en los yacimientos.

Las empresas de la industria tienen un pasivo ambiental muy importante en Santa Cruz. No cumplen, o lo hacen de manera insuficiente e ineficiente, con la Ley y los pliegos de concesión que firmaron a la hora de otorgárseles las zonas de explotación.

El cuidado del medioambiente debe ser una prioridad de todos. Las empresas no están cumpliendo con sus obligaciones. Los ajustes que plantean son imprudentes e indebidos. Han bajado cuadrillas y equipos de remediación y mantenimiento de las estructuras en los yacimientos que son fundamentales para el cuidado de nuestras aguas, suelos y reservas.

– Es necesario modificar la Ley del “compre santacruceño” y la Ley “70/30”, así como están escritas no alcanzan ni sirven. Pero, mientras eso ocurre le pido a las autoridades provinciales que controlen efectivamente el cumplimiento de estas, porque sistemáticamente se las vulneran en Santa Cruz y eso perjudica mucho más a nuestra economía. Es lamentable que no se escuchen los reclamos del pueblo.

A las empresas que no son de la provincia se les permite quedarse con los negocios de mayor rentabilidad en Santa Cruz, perjudicando de esta manera a las PyMES locales que se quedan solo con los contratos de menor valor. Así es imposible avanzar, mucho menos si la prioridad de trabajo no la tiene el trabajador santacruceño.

– Los empleados estatales deben cobrar un mínimo de $100.000. La gran mayoría de las y los trabajadores en Santa Cruz dependen de empleos en la administración pública y los aumentos salariales ofrecidos por el Gobierno provincial apenas una minoría llega al costo de la Canasta Básica Total y en su gran mayoría no alcanzan, mucho menos quienes están bajo la precarización laboral.

Los municipios necesitan mayores recursos para poder brindar aumentos salariales dignos a los trabajadores. La coparticipación que brinda su Gobierno es insuficiente. El salario estatal viene perdiendo contra la inflación desde hace varios años.

Los municipales, por ejemplo, de 28 de Noviembre merecen vivir mejor. La mínima de $36.000, calculando el 15% de aumento que se quiere otorgar, queda por debajo de la línea de pobreza. La obligación de una Gobernadora es ayudar a los municipios, sobre todo a los que más necesitan. Basta de municipios de primera y otros de segunda. ¿Dónde está el #EstadoPresente que tanto muestran en sus publicidades y campañas? ¿Por qué discriminan sus políticas según la bandera partidaria de los intendentes?

– En el tema educativo, además de mejorar el salario de los docentes y mejorar la situación edilicia en las escuelas, se debe dejar sin efecto la Res. 066/18 en referencia a otorgamiento de puntaje en relación con el análisis de asistencia ya que genera grandes inequidades, desvalorizando la formación permanente y continua del colectivo docente y técnico. También se solicita realizar los actos de ofrecimiento de cargos por los formatos establecidos hasta marzo 2020, en cuanto a realizarse por las comisiones de ofrecimiento de cada localidad ya que el formato virtual prolonga los circuitos administrativos, genera confusiones e impacta en la designación de docentes para cubrir cargos provocando una afectación profunda en la educación de los estudiantes. Otro punto es solicitar se activen nuevamente las delegaciones administrativas por zona para gestión de todo lo relacionado con haberes de personal docente, técnico y auxiliares. Ya que en 3 últimos años se centralizó todo en Río Gallegos, provocando grandes problemas con algo tan sensible como el pago de haberes.

Se le solicita avanzar en definiciones claras en cuanto a la construcción de una educación inclusiva ya que la realidad muestra que algunas decisiones de autoridades de CPE terminan proponiendo un sistema educativo excluyente.

Se solicita rectificar la Res 0323/22 en referencia al nivel secundario y le proponemos poner énfasis en el fortalecimiento de la enseñanza a través de diferentes lineamientos y dispositivos.

– Por decreto 3772 se prorrogó la Ley 3736 de “Emergencia hídrica en Caleta Olivia y zonas aledañas” sin que se hayan hecho grandes inversiones y obras públicas para evitar la falta de agua potable en la zona norte, y en muchas otras localidades de la provincia.

El Gobierno provincial debe garantizar este vital elemento para todo el norte santacruceño y ampliar el área de bajo riego para emprendimientos productivos. También, debe llevar agua potable a otras localidades, como Río Turbio donde las napas se encuentran muy contaminadas. O la falta constante de agua en Río Gallegos. El déficit hídrico es total en la provincia.

Desde hace décadas se viene prometiendo el Acueducto del Norte Santacruceño y no se realiza. Siempre en carpeta, siempre sin encontrar financiamiento, siempre sin saber muy bien cómo gestionar las emergencias y los problemas que vive el pueblo. Existen otros proyectos, para otras zonas, que no son tomadas en cuenta por las autoridades provinciales.

– Solicito a la Gobernadora que defienda a los trabajadores de YCRT y los recursos que genera la mina de carbón. Estos dan origen y sustentabilidad a muchas localidades de Santa Cruz. El carbón, la empresa y los puestos de trabajo son esenciales. Debe interceder ante quien corresponda para que los derechos de los trabajadores se respeten y la producción pueda crecer.

La desinversión y el ahogo económico presupuestario durante el Gobierno de Macri y los malos manejos en la actual gestión deben preocupar a nuestra provincia. No se puede mirar para otro lado, desentenderse de lo que allí está ocurriendo.

Deben exigir fondos para sostener los puestos de trabajo, las inversiones necesarias para el sostenimiento del yacimiento y la puesta en operatividad de la usina, que debe seguir siendo dedicada (en este caso a carbón). Se hacen inversiones en la usina 240 Mw, pero no en YCRT -aunque la plata llega y está pero es mal administrada-. Esto debe modificarse y para eso el Gobierno provincial debe interceder.