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Febrero y marzo, dos meses decisivos y diferentes

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Paritarias, jubilaciones y perspectivas económicas a la espera del Acuerdo con el FMI 

Febrero con sequías varias. Expectativas oficiales para marzo. En un escenario único arrancan las convenciones colectivas. Jubilaciones y AUH: sin reformas, con aumentos. La recaudación impositiva, mejoras sin creación de impuestos. Las sesiones ordinarias, su apertura, su desarrollo: desafios para el Gobierno

Febrero es un mes corto, espinoso y cuesta arriba. Viene difícil, piensan funcionarios nacionales. La sequía damnifica a las producciones agropecuarias. Las arcas del Banco Central están vacías. Pocos dólares para defenderse de los embates especulativos y devaluacionistas, pues.

La renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FdT) detonó la mayor crisis de la coalición desde que gobierna.

El entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza aunque no está cerrado. Resta atravesar el tratamiento legislativo que será peliagudo, inédito.

Marzo, suponen en la Casa Rosada y arrabales, tendría que ser mejor. El acuerdo con el FMI podría firmarse, entrar dólares, oxígeno imprescindible en la actual contingencia.

El ciclo natural dará una mano: las retenciones a la soja comenzarán a ingresar. Los altos precios garantizan que los productores vendan pronto, minga de acopios especulativos.

Luego del Acuerdo con el FMI, confían en Economía y en Olivos, habrá meses de relativa tranquilidad (medida con los peculiares parámetros argentinos).

La temporada veraniega record y el crecimiento de la industria estimulan el optimismo del Gobierno. La recuperación, suponen, llegó para quedarse. La obra pública sumará otro motorcito, intuyen y propugnan.

El comienzo de las clases servirá para encauzar la cotidianeidad de las familias. Si la pandemia aminora puede arrancar en los hogares argentinos un año menos estresante, más normal que 2020 y 2021.

Jubilaciones y paritarias: Para compensar algo las dificultades, las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo aumentaron el 12,8 ciento. El aumento de la recaudación impositiva, un dato auspicioso de 2021, impacta en el porcentaje alcanzado.

Despuntan las negociaciones por convenciones colectivas.

Sin reforma jubilatoria ni laboral, la política social discurre como años atrás. Las tratativas entre empresarios y sindicalistas se despliegan “como siempre” (apodando “siempre” al período inaugurado en 2003 por el presidente Néstor Kirchner). Arranque de una buena nueva, que lo será del todo si esas rutinas redundan para mejorar los ingresos de los trabajadores activos o jubilados.

Las negociaciones por la Paritaria Nacional Docente (PND) arrancan (claro) antes del comienzo del ciclo lectivo. La PND fija el piso del ingreso de los trabajadores de la educación para todas las provincias. Es simultáneamente un galimatías (se acodan a la mesa, las 24 provincias, la Nación y cinco centrales sindicales) y una garantía para maestros de los distritos con menos recursos. Primera gran convención colectiva de cada año, su porcentaje de cierre funge como referencia para los reclamos de otros empleados públicos, en las provincias y en la Nación. No está escrito en ningún lado, pero funciona así.

El Gobierno nacional pretende llegar a una cifra decorosa, los gobiernos provinciales también pero como son ellos los que pagarán reclaman cautela.

El Consejo Nacional del Salario se congregará el mes que viene, determinará el salario mínimo vital y móvil. No impacta en los convenios colectivos (cuyos mínimos lo superan, de ordinario). Sí vale como base para el cálculo de salario inicial docente o para la mensualidad de beneficiarios de programas sociales.

La vastedad de la clase trabajadora se deja describir así: hay quienes rondan el salario mínimo vital y móvil; hay quienes se preocupan por el mínimo no imponible a las ganancias.

La desigualdad en la Argentina es la más grande de la historia. Los trabajadores con empleo registrado la pasan mejor que otros hermanos de clase… pero el abanico salarial entre ellos hoy en día supera cualquier precedente. La mayor parte llega con la lengua afuera a fin de mes, hay compañeros que viven mejor.

Un ejemplo (atípico al mango, irrepetible) resalta la tendencia. Los empleados de la fábrica de neumáticos Bridgestone terminarán de cobrar en mayo un premio de $730.000 cada uno. Corresponde como participación en las ganancias de la empresa. Surge de un acuerdo convencional firmado en plena malaria económica, en 2001. La conducción del Sindicato de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA) aceptó una reducción de derechos contra una serie de contrapartidas. Algunas inmediatas. Otra deferida a acontecimientos futuros, inciertos, dudosos: la aludida participación en las ganancias de la empresa, cuando mejorara la economía… si mejoraba. En el momento parecía ilusión pero la reserva de derechos se tornó aplicable. Un ejemplo asombroso de conciencia sindical, de muñeca para pulsear incluso en una etapa de gran debilidad.

La participación en las ganancias está reconocida como derecho por el artículo 14 bis de la Constitución pero son contados los ejemplos en que deja de ser mera enunciación.

La Bancaria, una asociación con dirigencia combativa y lúcida, lo obtuvo en ciertos casos. Existen convenios de empresa que la admiten y en determinadas ramas de actividad se conciertan pactos contractuales en igual sentido. Hablamos de minorías ínfimas dentro del conjunto, las que cruzan a empresas rentables con representantes gremiales (o hasta trabajadores individuales) batalladores e inteligentes.

Hasta esas excepciones necesitan pulsear para hacerse valer. El sector financiero se la lleva con pala desde buen tiempo atrás. La Bancaria consigue sueldos dignos superiores a la inflación y condiciones de trabajo dignas. Pero necesita pelearlas año tras año, sea durante el macrismo, sea ahora. Con paros, movilizaciones, concretados o anunciados. Todo derecho es una conquista, siempre se consigue a expensas del otro. El promedio de las convenciones colectivas será distinto al de la Bancaria, se sabe.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó en un reportaje a radio La Red que el Gobierno pretende que las negociaciones discurran estimando un 40 por ciento de inflación anual como techo para los aumentos anuales. Queda la posibilidad, concretada el año pasado, de reabrirlas si los índices de precios superan esa cifra. Habrá que ver cómo reaccionan las cúpulas sindicales y sus bases. La dirigencia cegetista lleva buenas relaciones o de transigencia con el Gobierno pero hay dos datos de contexto que pueden complejizar el cuadro.

El acuerdo con el FMI dinamiza a cuadros, delegados o seccionales combativas, a luchar “contra el ajuste”. Por otra parte, la recesión de 2020 y los primeros meses flojitos de 2021 quedaron atrás. Circunstancias así disciplinan a los trabajadores, las reactivaciones (con total lógica y derecho) estimulan que busquen mejorar su posición relativa. El crecimiento del Producto Bruto (PBI) que destaca el Gobierno incita a pretender mejoras significativas tras varios años (no menos de seis) de vacas flacas.

Ni en los mejores años del kirchnerismo el Gobierno pudo imponer una pauta, un techo (o como quiera llamárselo) logrando acompañamiento unánime de los gremios y los trabajadores. La deuda interna debe achicarse durante 2022…Habrá que ver.

El crecimiento prometido: El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente prometen que el crecimiento dará para cumplir las metas pactadas con el FMI, crecer, aumentar el PBI y (en menor proporción) el gasto social. No dispone de margen para vetar la puja distributiva sin contradecirse.

Integrantes del equipo económico imaginan una suba del PBI superior a la que predice el FMI: cuatro por ciento, dice algún ministro en voz alta. No parece tanto tras el envión de 2021 que implica de entrada 3 puntos del PBI de “arrastre estadístico”. En voz baja, en el trajinado “off the record”, el optimismo oficial de la voluntad proyecta 6 puntos… Shhh.

Una reforma impositiva escapa a las previsiones del Gobierno, por varias causas. La más ostensible es que sería imposible con la actual integración del Congreso. Juntos por el Cambio capacita para trabar reformas. Peor aún, imaginan cuadros oficialistas: “En 2023 van a promover proyectos de supresión o bajas de impuestos. Habrá que colgarse del travesaño para frenarlos”.

Sostener la recaudación impositiva, objetivo irrenunciable. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) va en busca del tiempo perdido. Suspendió ejecuciones de deudas durante 19 meses para aliviar las consecuencias de la pandemia. Ahora las activa, identifica morosos, procura mejorar la base para impuestos progresivos, busca bienes en el exterior. Desde ahora, podrá trabar embargos sobre “billeteras virtuales”, que entre tantas funciones cumplen la de esconder patrimonios.

La mejora de la administración tributaria, antes que la creación de nuevos tributos, es parte de la caja de herramientas de la AFIP.

Obtener apoyo de las administraciones provinciales… un incordio o una quimera. Cuando se firmó el Pacto Federal, las provincias ya se manifestaron reacias a crear impuestos a la herencia rehusando una propuesta progresiva del Gobierno nacional.

Más aún, las autoridades de los territorios corcovean cuando se les sugiere actualizar las valuaciones fiscales de bienes (inmuebles en especial) sobre las cuales se perciben tributos. El federalismo argentino es agrisado y mistongo. Los territorios se quejan del centralismo nacional y de su voracidad fiscal pero (en general) no aplican a aumentar gabelas. Casi todos ofrecen una suerte de competitividad espuria, mini paraísos con baja carga impositiva.

Marzo, Congreso, su ruta: El primero de marzo Alberto Fernández abrirá las sesiones ordinarias. Las extraordinarias quedarán en veremos, no hay plafón. Al cierre de esta nota, en la tarde del sábado, cuesta imaginar qué escenas se verán en el recinto. Las divisiones del FdT lo tornan impredecible, hay pocos precedentes comparables.

La clave en el corto plazo será el debate sobre el Acuerdo con el FMI. Ahorita mismo, JpC parece inclinarse a facilitar la aprobación sin renunciar a denuncias, acusaciones o macartismos variados.

El nuevo presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, conversa con sus distintas “tribus”, por separado. No hay reuniones plenarias, de momento: mejor ir pispeando el clima interno.

Martínez insiste en el optimismo de la voluntad (no da por perdido ningún voto) pero el cuadro de situación indica que la mejor performance posible es asumir que habrá abstenciones y precaver que las divergencias no deriven en agravios ni en divisiones desde cualquier sector de las bancadas del FdT.

Desde la renuncia de Máximo Kirchner las figuras más relevantes del oficialismo se han cuidado de no escalar públicamente las polémicas pero cunden los malestares y los reproches en voz baja.

Tras perder las elecciones de medio término, tras una crisis posterior a las Primarias Abiertas (PASO), el oficialismo en su conjunto afronta el básico desafío de defender la “unidad hasta que duela”, aquella que determinó que hubiera 2019. Todo depende, básicamente, del autocontrol y de la voluntad constructiva de sus dirigentes.

Si se evitan errores, si se gambetean provocaciones de los adversarios, si se encarrilan las divergencias internas, si se cumplen las promesas de AF y Guzmán, puede haber 2023 evitándose el default, la ingobernabilidad y también la amenaza del regreso electoral del macrismo.

En marzo se empezarán a despejar incógnitas, el oficialismo siempre cuenta con más herramientas que sus adversarios. Claro que tiene que saber usarlas… Estas historias continuarán.

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Divide y reinarás: El Gobierno aumenta el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires

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Incrementará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. El vicerrector Emiliano Yacobitti aseguró que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio.

Werner Pertot

Por Werner Pertot

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento, que recibirán una suba del 270 por ciento, y de sus hospitales, cuyo incrementp será cercano al 300 por ciento. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. Tampoco la inversión en ciencia y las obras que están paradas. En tanto otras 60 universidades continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio. Las otras universidades indicaron que el aumento solo a la UBA «resulta inadmisible y provocador«. «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, lanzaron. El Gobierno quedó a tiro de una cautelar.

Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, sobre todo, en las reuniones posteriores a la marcha universitaria que resultó masiva en todo el país (algunas estimaciones llegaban al millón de personas), el Gobierno buscó dividir a la UBA del resto de las instituciones. De hecho, tuvieron una atención especial con el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto. En los encuentros con todos los rectores, el Gobierno escuchó, pero no hubo avances reales en destrabar fondos. De hecho, en una exposición ante el Congreso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pudo dar precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto universitario.

A partir de ahí, lo público se separa de las negociaciones a puertas cerradas. Con la UBA particularmente, el encargado de las negociaciones, que pasó a ser Torrendell, tuvo tres reuniones más. Estuvo presente también el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aunque moderó sus modales. Allí, las autoridades de la UBA insistieron con el planteo de actualizar lo presupuestario y tuvieron varias discusiones, avances y retrocesos. Finalmente, desde el Gobierno nacional aceptaron aumentar aquellas partidas sin las cuales directamente se iba a un cierre de la UBA: el funcionamiento básico (la luz, etc) y el presupuesto para los hospitales. Según confirmaron a este diario, no solo acordaron sino que ya empezaron a pagar.

En el caso de la UBA, los gastos de funcionamiento representan el 14 por ciento de los gastos totales (porque allí hay que contemplar también los seis hospitales; en otras universidades es la mitad de ese porcentaje). «Si ellos no garantizaban ni el presupuesto mínimo para prender las luces, teníamos que cerrar», insistieron desde el rectorado a este diario.

Sigue la discusión

No obstante, en el comunicado que emitió el Consejo Superior de la UBA para anunciar que levantaba la emergencia universitaria, dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso.

En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.

Tras el acuerdo, Yacobitti escribió en su cuenta de Twitter: «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro». Luego aclaró: «Vamos a seguir reclamando por los salarios docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para CyT y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios».

Y luego volvió a aclarar: «También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes». Esto último quizás tenga que ver con la reacción del resto de las universidades, que tronaron apenas se conoció la noticia.

«Universidades de segunda»

Todas las universidades vienen funcionando con un presupuesto que se votó a fines de 2022 y que, insisten, es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. Por lo tanto, apenas se conoció el aumento para la UBA, las otras 60 casas de estudio pusieron el grito en el cielo y hablaron de una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno.

Hubo una reunión de emergencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar el tema. «Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de ingresar a la reunión Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.

El CIN emitió luego un comunicado que dejó en claro como estaban los ánimos: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, remarcaron los rectores en un comunicado del CIN.

«Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», le advirtieron al Gobierno.

Por otro lado, advirtieron que el Gobierno reconoció con ese pago que tienen razón y que «hay plata». Según pudo saber este diario, todavía no harán una presentación judicial, sino que esperarán una respuesta del Gobierno, pero la disparidad de criterios pone a la administración nacional a tiro de una cautelar. En el comunicado indicaron que esa transferencia a la UBA «implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.

«Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas», concluyeron.


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