En el marco de la operación “Aliados por la Infancia V”, la Policía de Santa Cruz realizó procedimientos simultáneos en distintos barrios de la capital provincial. Ocho personas fueron individualizadas —cuatro mayores y cuatro menores— y se secuestraron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil.

Un amplio operativo internacional contra la explotación sexual infantil tuvo fuerte impacto en Río Gallegos, donde la Policía de Santa Cruz llevó adelante once allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. La acción se enmarca en la operación “Aliados por la Infancia V”, que se desplegó en quince países y catorce provincias argentinas de manera coordinada.

El procedimiento, dirigido en la capital santacruceña por la División de Investigaciones, permitió individualizar a ocho sospechosos —cuatro adultos y cuatro menores— y el secuestro de dispositivos tecnológicos con material de abuso sexual infantil.

El comisario Juan Álvarez, jefe de la División de Investigaciones de Río Gallegos, explicó en diálogo con LU12 AM680 que el despliegue “fue coordinado desde un principio por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales a través de una unidad fiscal especializada en delitos cibernéticos”.

Los allanamientos incluyeron el secuestro de celulares, notebooks y dispositivos de almacenamiento. “Fueron individualizadas todas las personas implicadas y quedaron a disposición de la justicia provincial, que ordenó las diligencias procesales correspondientes”, señaló Álvarez.

Uno de los aspectos más delicados fue el abordaje en viviendas donde había menores involucrados. “Primero se les da una explicación a los progenitores, muy superficial, para que comprendan que a través de ese material compartido se cometió un delito. Estamos hablando de imágenes o videos con contenido de abuso sexual infantil”, precisó el jefe policial.

El comisario reconoció que, en muchos casos, los implicados no eran conscientes de la gravedad de sus actos: “Por lo general no esperan nuestro arribo ni entienden que al compartir o almacenar ese material cometen un delito, y que es posible identificarlos”.

Según Álvarez, la finalidad del operativo no fue solo represiva: “Queremos que la gente tome conciencia de que este tipo de acciones tienen consecuencias penales. El artículo 128 del Código Penal establece que no solo la difusión, sino también la tenencia de material de abuso sexual infantil constituye un delito”.

La investigación continuará con las pericias sobre los dispositivos incautados, para determinar el origen del material, las redes de contacto y posibles vinculaciones con circuitos internacionales de distribución.