El Gobierno Provincial concretó hoy una reunión de trabajo en el marco de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Central de la Administración Pública, con el objetivo de avanzar en el proceso de encasillamiento de los trabajadores auxiliares de la educación.

En esta oportunidad participaron representantes del Consejo Provincial de Educación, de la Secretaría de Gestión Pública, del ministerio de Trabajo y de los gremios ATE, UPCN y APAP.

Esta instancia forma parte del proceso de implementación de la carrera administrativa y el escalafón general, establecidos a partir del Decreto Nº 1300/23, en vigencia desde noviembre de 2023. Dicha normativa crea un régimen escalafonario que abarca a los agentes de la Administración Pública Central, cuyo objetivo es el de ordenar la estructura laboral, clarificar funciones, y establecer parámetros comunes para la liquidación de haberes.

Durante la jornada de hoy, se dio lectura a los artículos del convenio colectivo en donde se describen los encuadres de los agrupamientos, niveles, grados y tramos. Asimismo, se procedió al análisis de legajos del personal, con el fin de validar datos, constatar antigüedad, formación y tareas efectivamente desempeñadas.

Uno de los ejes principales de este proceso es garantizar que el encasillamiento refleje de manera precisa el puesto que ocupa cada trabajador en la estructura del organismo, es por lo que se contempla esta revisión conjunta con los sindicatos, permitiendo analizar los casos en los que los agentes han manifestados diferencias entre su encuadre actual y el que consideran que les corresponde. Para ello, se recepcionan solicitudes, se adjunta documentación respaldatoria y se evalúa cada situación de forma individual.

El universo de trabajadores alcanzado por esta primera etapa abarca a la totalidad de los agentes auxiliares de la educación dependientes del Consejo Provincial de Educación.

Este trabajo se enmarca en una política integral del Gobierno Provincial que busca fortalecer el sistema público mediante procesos transparentes, ordenados y acordados con las organizaciones sindicales, promoviendo condiciones de trabajo más justas y eficientes para los trabajadores del Estado.