SOCIEDAD
Ecuador citó al embajador argentino en rechazo al ultimátum para el asilo de una ex funcionaria de Correa
El Gobierno argentino busca lograr el asilo político que le permitirá a Duarte Pesantes dejar la embajada argentina en Quito y viajar a Buenos Aires.
La cancillería ecuatoriana citó al embajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, para que explique los motivos por los cuales el gobierno de Alberto Fernández dio un ultimátum para conseguir el asilo político para María de los Ángeles Duarte Pesantes, la ex ministra de Rafael Correa que fue condenada a ocho años de prisión por corrupción.
Esto se produjo en medio de la creciente tensión entre los gobiernos de Argentina y Ecuador, después de que la gestión de Fernández solicitase a principios de este mes el asilo de la ex funcionaria, quien está refugiada en la embajada argentina en Quito desde agosto de 2020.
En ese marco, el Gobierno argentino busca lograr el asilo político que permitirá a Duarte Pesantes dejar la embajada y viajar a Buenos Aires. Mediante un comunicado, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, rechazó la carta que le envió su par argentino, Santiago Cafiero, en la que le solicitó este lunes que en las próximas 48 horas se decidiera la situación.
«Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico», expresó el comunicado del país gobernado por el derechista Guillermo Lasso. En el texto además se recordó que la ex funcionaria está condenada por actos de corrupción y que se adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, las convenciones y la legislación ecuatoriana, que la dará a conocer «en su oportunidad».
Argentina pretende que se establezca un salvoconducto para que Duarte Pesantes pueda movilizarse hasta el aeropuerto, lo que neutraliza la orden de captura que pesa sobre ella.
La dirigente se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los años 2007 y 2009, luego fue ministra de Inclusión Económica y Social de 2009 a 2010 y finalmente ministra de Transporte y Obras Públicas de 2010 a 2014.
En relación con su último cargo es que fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de soborno en un caso de aportes de campaña irregulares al partido de gobierno de entonces Alianza País por parte de empresas ecuatorianas e internacionales, incluida la brasileña Odebrecht.
28 DE NOVIEMBRE
Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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